¿Puede una mentira disfrazada de ciencia
destruir una vida? ¿Una sociedad entera? El caso de Nikolai Vavílov y Trofim
Lysenko no deja mucho espacio para la duda. Nos encontramos frente a uno de los
episodios más sombríos en la historia de la ciencia: un momento en que la
ideología se impuso sobre la evidencia, y la verdad fue sacrificada en nombre
del poder. Y lo peor: las consecuencias no fueron sólo académicas. Fueron
humanas. Y fatales.
Trofim Lysenko, un agrónomo con escasa formación
científica, supo cómo trepar en la Unión Soviética de Stalin. ¿Su secreto?
Convertir en enemigo político a cualquiera que pensara distinto. Acusaba a los
genetistas de ser “burgueses” y “contrarrevolucionarios”, y tildaba a la
genética mendeliana de incompatible con el marxismo. En ese juego de poder su
principal víctima fue Nikolai Vavílov, un brillante científico que soñaba con
erradicar el hambre mediante el estudio de la biodiversidad agrícola. Pero en
un país donde contradecir al régimen equivalía a traicionar a la patria,
Vavílov terminó en la cárcel. Murió de hambre en 1943.
¿Y qué tenía que ver la ciencia? Todo. Porque en
ese momento, negar los datos no era solo un error: era una política de Estado.
Como documenta la BBC (2019), bastaba con defender el método científico para
que te tildaran de enemigo del pueblo.
Esto, por desgracia, no suena tan lejano.
Vivimos tiempos en los que la verdad tambalea frente a la emoción, en los que
se viraliza más rápido un bulo que una rectificación. ¿Estamos, como sociedad,
preparados para defender nuestro derecho a recibir información veraz?
López de Lerma Galán lo deja claro: "la
falta de rigor informativo supone falsear la realidad, vulnerando también el
derecho del receptor del mensaje a recibir esa información veraz". No
contrastar los hechos, dice, puede llevarnos incluso a la difamación, sobre
todo cuando se presentan como verdaderos datos que no han sido verificados. En
esos casos, la libertad de información pierde su escudo constitucional.
La historia de Lysenko nos muestra cómo se puede
construir un relato útil al poder, a costa de la verdad. Su pseudociencia,
avalada por el régimen, arrasó con la investigación genética y provocó
desastres agrícolas de una magnitud innegable. ¿Nos suena esta táctica?
Fabricar certezas convenientes, repetirlas hasta que parezcan verdaderas, y
eliminar toda voz crítica.
Frente a eso, ¿qué significa entonces
“veracidad”? Para López de Lerma Galán, no se trata de una verdad absoluta o
incuestionable. Se trata, más bien, de “un deber de buscar la verdad”. De
actuar con honestidad, contrastar las fuentes, y no disfrazar la opinión de
hecho. Porque la veracidad no exige certezas totales, sino una actitud
profesional y ética.
El Tribunal Constitucional español ha insistido
en este punto: el artículo 20.1 d) de la Constitución[1]
no protege solo hechos demostrados, sino información obtenida con diligencia.
La clave está en el esfuerzo por verificar, no en la infalibilidad. O como lo
dice López de Lerma Galán, lo relevante no es que los hechos resulten ciertos
tras un juicio, sino que quien informa haya actuado con "una razonable
diligencia profesional en la obtención de la información".
Recordemos que Lysenko, en plena campaña de
negación, llegó a decir que "traer semillas de todo el mundo para mejorar
los cultivos soviéticos era caro e inútil pues las plantas soviéticas tenían,
por sí mismas, capacidad de mejora" (Cultura Científica, 2014). Un ejemplo
perfecto de cómo se puede rechazar la evidencia con fines ideológicos. Y ese
rechazo, como bien sabemos, mata.
Hoy, cuando los discursos políticos o mediáticos
apelan más a nuestras emociones que a los hechos, debemos preguntarnos: ¿quién
contrasta lo que consumimos? ¿Quién se hace cargo de la veracidad? Como señala
el autor, "no se trata de buscar una verdad absoluta sino más bien de una
forma de proceder". Y esa forma exige trabajo, responsabilidad y una
actitud ética que muchas veces falta.
El derecho a informar y a ser informado no es un
cheque en blanco. Tiene reglas. Y una de ellas es la diligencia. Para que el
informador tenga el respaldo del artículo 20.1 d), debe mostrar que verificó lo
que afirma. Porque si lo que publica es una injuria, una falsedad o una
descalificación, ya no estamos hablando de libertad de información. Estamos
hablando de daño. El mismo autor menciona el "principio de riesgo
permitido justificado": si quien informa hizo todo lo posible por
verificar, incluso una noticia errónea puede quedar protegida
constitucionalmente.
Volvamos al caso de Vavílov. ¿Qué enseñanzas nos
deja? Que cuando la ciencia se subordina a la ideología, los resultados no son
solo equivocados. Son trágicos. No se trata de diferencias teóricas; se trata
de vidas perdidas. De investigaciones truncadas. De generaciones engañadas.
Y ahora, cuando la velocidad de la información
supera con creces nuestra capacidad de filtrarla, cuando todo compite por
nuestra atención y la verdad parece diluirse, López de Lerma Galán lanza una
advertencia: "el aumento cuantitativo de información y el incremento de la
rapidez de los procesos de comunicación exige que los datos que reciben los
ciudadanos estén dotados de significado".
¿Estamos prestando atención? ¿Estamos siendo
responsables como emisores y como receptores de información? ¿O estamos
repitiendo, sin pensar, lo que más ruido hace?
La veracidad, dice el autor, es “el elemento
garante de la constitucionalidad de un derecho tan básico como es el de
informar”. Y tiene razón. Si la dejamos caer, no es solo el periodismo el que
pierde. Es la democracia entera la que se tambalea.
La historia de Lysenko y Vavílov no es un cuento
del pasado. Es un espejo. Y lo que hagamos con ese reflejo podría marcar la
diferencia entre una sociedad libre... o una sociedad engañada.
Referencias
BBC Mundo. (2019, febrero 21). La trágica
historia de Nikolái Vavílov, el botánico soviético que quiso alimentar al mundo
y murió de inanición. https://www.bbc.com/mundo/noticias-47308685
Cultura Científica. (2014, agosto 4). El caso de
Nikolái Ivánovich Vavílov. Cuaderno de Cultura Científica.
https://culturacientifica.com/2014/08/04/el-caso-de-nikolai-ivanovich-vavilov
López de Lerma Galán, J. (2018). El derecho a
recibir información veraz en el sistema constitucional. El ejercicio
profesional del periodismo como garantía democrática. Estudios de Deusto,
66(2), 435-459. https://doi.org/10.18543/ed-66(2)-2018pp435-459
[1] En
Costa Rica y en el sistema interamericano de derechos humanos no existe un
derecho fundamental a recibir información veraz. A diferencia de la Constitución
Española, que condiciona el derecho a informar y ser informado a la veracidad
del contenido, la Constitución costarricense y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos reconocen la libertad de expresión y el derecho a informar sin
exigir que la información sea veraz como requisito jurídico.
Esto
significa que, en Costa Rica, cualquier persona puede comunicar y recibir
ideas, hechos u opiniones sin que la validez de ese derecho dependa de que lo
dicho sea cierto. Lo que se protege es la libertad de expresión como pilar
democrático, incluso si lo expresado puede ser discutible, impreciso o molesto.
El sistema parte del principio de que no le corresponde al Estado decidir qué
es verdad, y por eso no impone filtros previos ni exige que la información
cumpla un estándar de veracidad para estar protegida constitucionalmente.
El
derecho a recibir información veraz no existe como tal ni en la Constitución de
Costa Rica ni en el derecho interamericano. Lo que existe es el derecho a
informar y ser informado, sin censura previa ni condición de veracidad.
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