La Ley de Herodes, La Ley 9635 y los ODS de la ONU[1]
En Costa Rica entró en
vigencia el 04 de diciembre del 2018 la Ley 9635, Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas. La misma no es por si sola un paquete de impuestos,
sino que es un entramado que se olvidó
del Principio de unidad de materia de la ley (En Costa Rica significa
que todas las disposiciones que integran un proyecto de ley deben guardar
correspondencia conceptual con su núcleo temático), entrando a regular parte
del empleo público y violentando la autonomía constitucional de los municipios
(artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica). El régimen municipal según los votos:
5445-99, 1220-2002, 5204-2004 y 8928-2004 de la Sala Constitucional ostenta: Autonomía
Política, Autonomía Normativa, Autonomía Tributaria y Autonomía Administrativa. A pesar de lo escrito en la Constitución, la
Ley 9635 reforma la Constitución en fragrante violación al numeral 195 de nuestra Carta
Magna y permite al Poder Ejecutivo el día 25 de marzo 2019 emitir el Oficio DM-0466-2019,
que limita el crecimiento de inversión de los Gobiernos Locales a un 4,67% anual, con
lo que hablar en Gobiernos Locales de ODS queda en letra muerta, pues los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), iniciativa impulsada por
Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los
Objetivos de Desarrollo del incluyen esferas como el cambio climático, la
desigualdad económica, la paz y la justicia, entre otras prioridades, requieren
de la autonomía municipal ya que cumplir con estas prioridades signadas por
Costa Rica, con una intrusión del Gobierno Central en lo local, resulta un sin
sentido, pues limita cualquier campo de acción y hace nugatorios los derechos
sociales que la ONU busca potenciar.
Costa Rica vive
actualmente un momento político similar al representado en la película La ley
de Herodes, que concibe el "Estado como botín", que entiende el acceso
a la Administración del Estado como una oportunidad para robar y hacerse rico y
no como un servicio público a la ciudadanía. El Presiente de Costa Rica, al
igual que Juan Vargas, entiende que tiene una pistola y la Constitución, o sea,
la capacidad de ejercer violencia y la de administrar la Ley. La Ley 9635 es el
claro ejemplo de cómo el Estado es reducido a una herramienta de coacción al
servicio de unos pocos frente a la gran mayoría. La pistola posibilita al igual
que en la película, al mandatario de Costa Rica, intimidar a la población. La
Constitución, según su antojadiza interpretación, así como sus
reinterpretaciones, le permite crear nuevos impuestos y obtener recursos de la
gente. Y al igual que en los temas que denunciase Luis Estrada, es palpable la
impunidad en la que vive la clase política, pues el político corrupto, lejos de
ser castigado, es protegido y tapado, garantizándose entre unos y otros la
permanencia en el poder de esta clase política.
Por eso, hablar de ODS después de la aprobación de la Ley 9635 en
Costa Rica, es un sinsentido
jurídico, al quedar imposibilitados los municipios para cumplir con sus
obligaciones, en este caso, vivimos lo que también permite observar la
película, la otra cara del sistema, la cara de los pobres sobre los que se
sustenta todo este modelo. Un país sobre
el que se construyen discursos de modernización y progreso, lo que justifica
infraestructuras y planes de desarrollo, violaciones de normas constitucionales
y porque no hasta posibilidades de negocios.
Pero un país en realidad relegado y marginado por las autoridades del
Estado, que sólo se relacionan con ellos en términos de ejercicio del poder y
de obtención de recursos. En este
escenario, el mensaje para los Alcaldes de Costa Rica es claro al igual que a Vargas
en la película, les tocó “la Ley de Herodes: O te chingas, o te jodes”, amenaza
del Poder Ejecutivo, tienes que cumplir lo que se le ha encargado, por tú
propio bien.
En palabras del Licenciado
en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, México y especialista en
Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales
de la Universidad de Castilla-La Mancha, España Luis Itzcóatl Escobedo Leal “… estas
letras suponen una potente crítica a dicha ley y especialmente a las facultades
extra legislativas que se adjudicaron los legisladores al regular sobre una
materia que es netamente constitucional, en pocas palabras, porque pretendieron
a través de un procedimiento legislativo esquivar las formalidades que supone
una reforma constitucional … violando diversos principios del
constitucionalismo moderno, dentro del que se destacan los fundamentos de la
rigidez constitucional … podemos observar de forma crítica una tendencia que
tienen las altas cortes en Latinoamérica y el mundo, que es un giro hacia la
constitucionalización de normas claramente favorables al mercado, en
contravención del estado social de derecho. Costa Rica no es la excepción, y
esta nueva ley es un claro ejemplo de ello … sin duda, un texto que … sirve
para iniciar una acalorada discusión en torno a las medidas legislativas
adoptadas por diversos países para enfrentar la deuda pública, y que buscan
solución a ese problema en programas de austeridad basados en nuevos regímenes
tributarios”.
Al igual que el tiranuelo
Vargas acude a la mentira y al engaño para obtener el respaldo popular, instalando
algunos postes de la luz y eructando frases como: “¡El que no transa no
avanza!”; “¡Te tocó la ley de Herodes, o te chingas o te jodes!”; “¡Están
jodidos porque quieren!”; en Costa Rica tenemos los ODS sin contenido económico
y “es por vos es por costa rica”. La
naturaleza del gobierno se ha desviado, quien debería ser el protector de los
derechos del hombre se ha vuelto su más peligroso violador.
[1] Lic. Edward Cortés García. Especialista en Justicia Constitucional,
Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales de la Universidad de
Castilla-La Mancha, España. Asesor de
Confianza del Presidente del Concejo Municipal del Municipio de Poás, Alajuela,
Costa Rica. Abogado Externo de hasta 21
Municipios en Costa Rica.
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