6.5.19

Sobre el traslado del trabajador de su lugar de labores.

“… debemos entender el traslado individual sometido a importantes restricciones: el trabajador puede tener exigencias muy respetables tales como razones de familia, de salud y de estudio, o simplemente un interés grandísimo en no dejar su lugar originario de trabajo. La principal de estas restricciones es la de que el traslado debe realizarse en condiciones tales que concilien los intereses legítimos del empleador y del empleado; es decir, que si el traslado es una necesidad para el primero no debe constituir un desmedido gravamen para el segundo”. (CARRO ZÚÑIGA, Carlos y CARRO HERNÁNDEZ, Adriana. Derecho Laboral Costarricense. Cincuenta ensayos sobre temas usuales. San José, Editorial Juritexto, Tomo I, 1993, p. 33).

23.4.19

Pequeñas Citas Jurisprudenciales N°51. El respeto de las disposiciones reglamentarias al ordenamiento de nivel superior.

Sobre el respeto de las disposiciones reglamentarias al ordenamiento de nivel superior, Sala Constitucional ha indicado: “Es criterio reiterado de esta Sala que "la sumisión del reglamento a la ley es absoluta" e implica que "no puede dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir la ley produciendo un determinado efecto no querido por el legislador o regular un cierto contenido no contemplado en la norma que se reglamenta (SALA CONSTITUCIONAL, votos 2934-93, 5227-94, 6198-95, 2381-96, 2382-96, 6689-96, 1607-98, 0998-98, 1998-07967, 1999-05445, 1999-05669, 1999-07619, 1999-09236). Aunque la infracción de un Decreto a textos de Ley se ubica, en principio, en el plano de legalidad, cuando la misma afecta a la vez derechos fundamentales, como sería el derecho a un medio ambiente adecuado, el vicio trasciende a la esfera constitucional y adquiere esa connotación (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias números 459-91, 3550-91 y 4702-93, 2001-02074, entre otros).”  Sentencia No. 16975-2008, considerando V.

20.4.19

La Ley de Herodes, La Ley 9635 y los ODS de la ONU.


La Ley de Herodes, La Ley 9635 y los ODS de la ONU[1]

En Costa Rica entró en vigencia el 04 de diciembre del 2018 la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  La misma no es por si sola un paquete de impuestos, sino que es un entramado que se olvidó del Principio de unidad de materia de la ley (En Costa Rica significa que todas las disposiciones que integran un proyecto de ley deben guardar correspondencia conceptual con su núcleo temático), entrando a regular parte del empleo público y violentando la autonomía constitucional de los municipios (artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica).  El régimen municipal según los votos: 5445-99, 1220-2002, 5204-2004 y 8928-2004 de la Sala Constitucional ostenta: Autonomía Política, Autonomía Normativa, Autonomía Tributaria y Autonomía Administrativa.  A pesar de lo escrito en la Constitución, la Ley 9635 reforma la Constitución en fragrante violación al numeral 195 de nuestra Carta Magna y permite al Poder Ejecutivo el día 25 de marzo 2019 emitir el Oficio DM-0466-2019, que limita el crecimiento de inversión de los Gobiernos Locales a un 4,67% anual, con lo que hablar en Gobiernos Locales de ODS queda en letra muerta, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del incluyen esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la paz y la justicia, entre otras prioridades, requieren de la autonomía municipal ya que cumplir con estas prioridades signadas por Costa Rica, con una intrusión del Gobierno Central en lo local, resulta un sin sentido, pues limita cualquier campo de acción y hace nugatorios los derechos sociales que la ONU busca potenciar.

Costa Rica vive actualmente un momento político similar al representado en la película La ley de Herodes, que concibe el "Estado como botín", que entiende el acceso a la Administración del Estado como una oportunidad para robar y hacerse rico y no como un servicio público a la ciudadanía. El Presiente de Costa Rica, al igual que Juan Vargas, entiende que tiene una pistola y la Constitución, o sea, la capacidad de ejercer violencia y la de administrar la Ley. La Ley 9635 es el claro ejemplo de cómo el Estado es reducido a una herramienta de coacción al servicio de unos pocos frente a la gran mayoría. La pistola posibilita al igual que en la película, al mandatario de Costa Rica, intimidar a la población. La Constitución, según su antojadiza interpretación, así como sus reinterpretaciones, le permite crear nuevos impuestos y obtener recursos de la gente. Y al igual que en los temas que denunciase Luis Estrada, es palpable la impunidad en la que vive la clase política, pues el político corrupto, lejos de ser castigado, es protegido y tapado, garantizándose entre unos y otros la permanencia en el poder de esta clase política.  Por eso, hablar de ODS después de la aprobación de la Ley 9635 en Costa Rica, es un sinsentido jurídico, al quedar imposibilitados los municipios para cumplir con sus obligaciones, en este caso, vivimos lo que también permite observar la película, la otra cara del sistema, la cara de los pobres sobre los que se sustenta todo este modelo.  Un país sobre el que se construyen discursos de modernización y progreso, lo que justifica infraestructuras y planes de desarrollo, violaciones de normas constitucionales y porque no hasta posibilidades de negocios.  Pero un país en realidad relegado y marginado por las autoridades del Estado, que sólo se relacionan con ellos en términos de ejercicio del poder y de obtención de recursos.  En este escenario, el mensaje para los Alcaldes de Costa Rica es claro al igual que a Vargas en la película, les tocó “la Ley de Herodes: O te chingas, o te jodes”, amenaza del Poder Ejecutivo, tienes que cumplir lo que se le ha encargado, por tú propio bien.

En palabras del Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, México y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales de la Universidad de Castilla-La Mancha, España Luis Itzcóatl Escobedo Leal “… estas letras suponen una potente crítica a dicha ley y especialmente a las facultades extra legislativas que se adjudicaron los legisladores al regular sobre una materia que es netamente constitucional, en pocas palabras, porque pretendieron a través de un procedimiento legislativo esquivar las formalidades que supone una reforma constitucional … violando diversos principios del constitucionalismo moderno, dentro del que se destacan los fundamentos de la rigidez constitucional … podemos observar de forma crítica una tendencia que tienen las altas cortes en Latinoamérica y el mundo, que es un giro hacia la constitucionalización de normas claramente favorables al mercado, en contravención del estado social de derecho. Costa Rica no es la excepción, y esta nueva ley es un claro ejemplo de ello … sin duda, un texto que … sirve para iniciar una acalorada discusión en torno a las medidas legislativas adoptadas por diversos países para enfrentar la deuda pública, y que buscan solución a ese problema en programas de austeridad basados en nuevos regímenes tributarios”.

Al igual que el tiranuelo Vargas acude a la mentira y al engaño para obtener el respaldo popular, instalando algunos postes de la luz y eructando frases como: “¡El que no transa no avanza!”; “¡Te tocó la ley de Herodes, o te chingas o te jodes!”; “¡Están jodidos porque quieren!”; en Costa Rica tenemos los ODS sin contenido económico y “es por vos es por costa rica”.  La naturaleza del gobierno se ha desviado, quien debería ser el protector de los derechos del hombre se ha vuelto su más peligroso violador.



[1] Lic.  Edward Cortés García.  Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales de la Universidad de Castilla-La Mancha, España.  Asesor de Confianza del Presidente del Concejo Municipal del Municipio de Poás, Alajuela, Costa Rica.  Abogado Externo de hasta 21 Municipios en Costa Rica.

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