17.1.20

Pequeñas Citas Jurisprudenciales N°58. Sobre la acción subrogatoria u oblicua.

El jurista argentino Alberto M. Etkin, en su obra "Ensayos y Estudios de filosofía jurídica y de derecho procesal civil y criminal" (Araujo, Buenos Aires 1948), sobre el tema "Acción subrogatoria del acreedor a quien se le han transmitido judicialmente derechos del deudor" (p. 37 a 47), expresa lo siguiente: "... La jurisprudencia ha establecido el principio de que los derechos y acciones no pueden venderse, sino que el acreedor es subrogado de conformidad al artículo 1196 C.C.... sin embargo, en el caso... se dice que 'las acciones y derechos en principio son cesibles y embargables, y por ende, podría llegarse, según su naturaleza, a la subasta. Pero esto sólo es posible, cuando el derecho es perfectamente definido, claro y preciso, como obligación transmisible. De modo que las acciones o derechos inciertos, especulativos o dudosos, no pueden ser objeto de venta en subasta pública, sino que el acreedor debe ejercer la acción oblicua del artículo 1196, C.C.' ... Los Tribunales dan como razón que 'la venta de derechos y acciones no está autorizada por ninguna disposición legal, y su realización -dada la completa incertidumbre del contenido de los derechos y acciones- entrañaría un acto injusto, en contradicción con principios legales que amparan al deudor, y no permiten a sus acreedores en el ejercicio de sus derechos criditorios, ir contra él fuera de los límites necesarios para la satisfacción de esos derechos, lo que puede ocurrir con la venta forzosa de acciones en subasta pública, debido a la incertidumbre de las cosas que son su objeto; pueden ser enajenados a vil precio, coronándose así una expoliación por medio de la justicia'... Creemos -continúa Etkin- que la solución jurisprudencial es justa, pues si bien es indiscutible que los derechos y acciones son bienes in commercium, que forman parte del patrimonio del deudor, y por lo tanto, sujetos a la prenda común de los acreedores, su enajenación en subasta pública podrá ser peligrosa, por la incertidumbre de los mismos: los bienes corporales se tienen a la vista, poseen un valor conocido; los incorporales, son desconocidos para la mayoría del público que concurre a la subasta, no tienen valor comercial cierto e indudable; de ahí que podría aprovecharse el acreedor, en detrimento inequitativo del deudor... son pues razones de equidad y no de derecho estricto, las que impiden las almonedas de derechos y acciones... Pero el acreedor es satisfecho mediante la subrogación de dichos derechos y acciones, con facultad de perseguirlos hasta la concurrencia de su crédito.- Y luego, analizando la acción oblicua en relación con la directa, nos agrega: "... La acción subrogatoria u oblicua es la que compete a todo acreedor para ejercer los derechos de su deudor, a fin de salvaguardar el patrimonio de éste, 'no para beneficiarse directamente con dicho patrimonio, sino para conservar la integridad del mismo, a objeto de distribuirlo oportunamente entre los acreedores', expresa Lafaille, contrados, ed. 1922, página 94...'¿Cuál es el efecto de la acción subrogatoria? -Estos bienes, una vez adquiridos, ingresan al patrimonio del deudor, no pasan directamente al patrimonio del acreedor embargante. Este inicia la acción con el objeto de que esos bienes vuelvan al patrimonio, y de que una vez vueltos, se distribuyan. No existe, pues, una acción directa; existe solamente un procedimiento indirecto. De ahí los nombres de acción indirecta o acción oblicua que se da a esta manera de proceder', continúa Lafaille, página 96... La diferencia esencial entre ambas instituciones, se nota especialmente en sus efectos: en la oblicua, el acreedor no puede apropiarse de nada, sino que los bienes conseguidos ingresan al patrimonio del deudor; en la directa, se apropia de dichos bienes, porque ya los tiene adjudicados...".

Sala Primera de la Corte

11.1.20

Pequeñas Citas Jurisprudenciales N°57. Sobre la la "aestimatio rei" y el "id quod interest".

En este orden de ideas, ante el incumplimiento contractual, debe distinguirse entre la pretensión de prestación del cumplimiento debido y la pretensión de resarcimiento del daño, dado que ambas son distinguibles entre sí. Al respecto, se ha indicado lo siguiente: "... la "aestimatio rei" y la indemnización o "id quod interest" son conceptos que deben separarse inicialmente con absoluta nitidez. Proporcionar al acreedor el equivalente pecuniario no es algo que tenga una función resarcitoria, sino de cumplimiento; el deudor debe cumplir "in natura", pero si lo hace, deberá cumplir prestando el equivalente, y por eso son incompatibles la ejecución forzosa de la obligación originaria y la prestación del equivalente. O se cumple con lo que era debido, o se paga la "aestimatio", pero ni una cosa ni otro son reparación de daño alguno, sino cabal cumplimiento o cumplimiento por equivalencia, respectivamente. No son medios de tutela del crédito que tengan que ver, en sentido técnico, con la responsabilidad contractual. Pero, eso sí, siendo incompatibles ambas formas de cumplir, cada una es individualmente compatible con la pretensión resarcitoria: cuando el acreedor, además de la prestación o su valor, quiere verse reintegrado de todos los efectos dañosos que el cumplimiento tardío (en el primer caso) o el incumplimiento definitivo de la primitiva obligación y su sustitución por la "aestimatio rei" (en el segundo) le hayan podido reportar, tratará de conseguir la indemnización...." (Yzquierdo Tolsada Mariano. Sistema de Responsabilidad Civil, Contractual y Extracontractual. Editorial Dykinson, 2001. P. 119.) . De conformidad con lo anterior, se advierte que como parte de la pretensión principal, el representante de SEBARE DEL CARIBE S.A. solicita la denominada "id quod interest" y por consiguiente que se le permita proceder a la ejecución contractual. Al respecto, no obstante las posibilidades que brinda lo establecido en el artículo 122. d), g) i) y j) del Código Procesal Contencioso Administrativo, estima este Tribunal que lo solicitado no resulta procedente para este caso en concreto, habida cuenta que en autos ha quedado debidamente demostrado que las necesidades de capacitación contratadas con SEBARE DEL CARIBE S.A., fueron cubiertas por otras empresas a las cuales, la encargada de la Unidad Regional del ente en Heredia, Licda. Lucrecia Alfaro Castellón, les redistribuyó el día 1 de setiembre de 2008, los usuarios citados al local de la primera. En este orden de ideas, no se puede obligar a la Administración a realizar una conducta que ya fue ejecutada debidamente y cuyo disponible presupuestario fue debidamente empleado, según las necesidades previstas a ser satisfechas. Si en su momento no se recurrió a medidas de tipo conservativo o anticipativo que cautelaran esta parte del objeto del proceso, no resulta procedente que en sentencia se ordene al ente demandado a realizar una conducta, cuando los motivos para que ésta existiera ya fenecieron. Dado lo anterior, procedería rechazar este extremo de la pretensión principal, para en su defecto, entrar a conocer sobre las pretensiones indemnizatorias subsidiarias, acogiendo en loque corresponde la defensa de falta de derecho sobre este extremo.”

Tribunal Contencioso Administrativo Sección V

Pequeñas Citas Jurisprudenciales N°56. Sobre el Remate.

Sentencia de Casación número 79 de las 14,30 horas del 10 de julio de 1970, "el remate es un acto de carácter complejo que se integra de tres elementos, uno de ellos el edicto que fija las condiciones de la subasta, otro la diligencia propiamente dicha, cuya comprobación se hace por medio del acta que el Juez extiende, y el tercero la resolución aprobatoria, en que el Juez tiene por bien efectuado el remate, por ajustarse a aquellas condiciones, a las formalidades de ley, y a una oferta legalmente admisible, no mejorada por ninguno".- Y desde luego se requiere como antecedente indispensable la resolución que ordena el remate, que señala hora y fecha para verificarlo y fija las demás condiciones del mismo, todo lo cual se incluye en el edicto.

“… si bien el remate no pertenece a la categoría de los simples actos procesales sí es una venta forzosa, en cambio el contrato de compraventa como tal contrato es consensual, es voluntario.- En la segunda sentencia de las tres que se acaban de citar, a propósito de la compraventa y el remate se dijo lo siguiente: "En realidad hay mucha diferencia entre ambas instituciones jurídicas, pues el remate no es un contrato sino un acto de jurisdicción en que el Poder Público, por medio de los Tribunales, sustrae un bien del dominio del deudor y lo hace vender para pagar al acreedor o acreedores;...el remate por vía de ejecución forzada constituye una forma de liquidar determinadas deudas y bienes del deudor".-Podrían citarse otras diferencias entre el contrato de compraventa y el remate, principalmente en cuanto a sus efectos, pero lo expuesto es suficiente para establecer que no es posible aplicar al segundo las disposiciones legales que rigen al primero (Sala Primera de la CorteResolución Nº 00008–1991)”.

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