8.11.20

PEQUEÑAS CITAS JURISPRUDENCIALES Nº 72. Sobre el principio de autoliquidación por parte del sujeto pasivo.

Esto es, le corresponde al propio contribuyente determinar la obligación tributaria, con base en el ordenamiento jurídico, fijando los ingresos gravables y no gravables así como los gastos deducibles y no deducibles, para, a partir de ellos, calcular la cuota tributaria debida. Todo esto lo reporta al Fisco a través de la respectiva declaración, la cual se presume correcta y válida. Dicho de otra forma, el deber de declarar supone la exactitud de la información que se remite. Empero, su contenido, veracidad y corrección se encuentra sujeto a una posterior fiscalización por parte de los órganos competentes, que verifican si se incurrió en alguna irregularidad. Por ello, la determinación de los ingresos, así como la deducibilidad de las erogaciones (o en general las reducciones de la cuota tributaria) pueden estar supeditadas a una posterior comprobación por parte de la Administración Tributaria.

Sala Primera de la Corte, Resolución Nº 115 - 2010

7.11.20

Y alguien dijo repartidores que utilizan apps no pueden considerarse como empleados de las plataformas.

Con rimbombancia dice Daniel Suchar “Repartidores de apps no pueden considerarse como empleados de las plataformas” y así lo replica el medio digital La República.  Cuando lees el artículo comprendes porque aquello de zapatero a tus zapatos.

Reducir tan simplonamente como se hace en ese comentario una relación laboral a que alguien te da ordenes o te paga salario, solo demuestra que la mente de algunos no paso del lejano siglo XX y el superado siglo XIX en cuanto a las relaciones laborales. Dentro de los factores que marcan relaciones laborales desde hace tiempo, pero que parecen ser obviados convenientemente por algunos, están la dependencia económica y la dependencia técnica.  La primera indica que tanto el trabajador como su familia dependen de la remuneración como único medio de ingreso, por lo cual su subsistencia está atada a ella.  También se ha relacionado a la faceta económica de la dependencia la apropiación anticipada que hace el empleador de los frutos del trabajo, la ajenidad en los riesgos por parte del trabajador y la carencia de proyección económica de este considerado aisladamente, porque su incorporación en la empresa lo convierte en solo un eslabón en la producción.  En cuanto a la segunda que para algunos se trata solo de una de las manifestaciones de la subordinación jurídica, esta implica que el trabajador es el que recibe las directivas de su empleador, en orden a que aquél posee “mayor competencia científico-técnica y corre con la coordinación de la empresa”.  Adicionalmente y tomando una Sentencia en Reino Unido que declaraba que los conductores que prestaban servicios a través de Uber eran realmente trabajadores de Uber con todos los derechos que la legislación laboral y no trabajadores autónomos como venía clasificándolos la compañía, me permito copiar los comentarios del Doctor en Derecho, Licenciado en economía y Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adrián Todolí Signes en su blog https://adriantodoli.com (https://adriantodoli.com/2016/11/02/comentario-a-la-sentencia-que-declara-la-laboralidad-de-los-conductores-de-uber-en-uk) “Voy a separar los argumentos en dos grupos: Primero los argumentos que se basan en indicios “clásicos” de laboralidad y, en segundo lugar, indicios “nuevos” de laboralidad que están surgiendo derivado de las nuevas formas de actuar en el mercado (prestación de servicios a través de plataformas virtuales o también llamado economía colaborativa). Estos nuevos indicios creo que son los más interesantes ...

Indicios clásicos:

  • Uber dicta instrucciones: El tribunal considera que a pesar de que el conductor puede elegir cuándo trabajar y cuándo no, eso no excluye la laboralidad dado que cuándo está trabajando debe aceptar los viajes –o se arriesga a ser “desactivado”-. Además, el conductor desconoce la información esencial, como por ejemplo dónde quiere ir el pasajero, por lo que no se puede decir que el conductor realmente puede elegir qué viajes aceptar y cuáles no dado que le falta la información esencial para tomar realmente la decisión.
  • Uber entrevista y selecciona a los conductores
  • Uber establece la ruta a seguir por el conductor (por defecto). Y fija el precio a pagar.
  • Uber impone condiciones a los conductores (ej. Coche de menos de 10 años)
  • Uber recibe las quejas de los conductores e impone soluciones que el conductor debe aceptar. Ej. Si un cliente cree que el conductor ha realizado una ruta más larga de la debida puede quejarse a Uber y Uber puede descontar parte de la retribución del conductor para devolvérsela al cliente.

Indicios “nuevos”:

  • Uno de los más interesantes es que la sentencia establece como indicio de laboralidad que los conductores conducen bajo una marca ajena. Pero además la sentencia señala que Uber no hace publicidad en beneficio de ningún conductor en particular, sino que Uber hace publicidad de su marca. Por tanto, difícilmente se puede habalr de “coordinación” entre empresas cuando se habla de Uber y los conductores.
  • En segundo lugar, la Sentencia califica de “ridícula” la idea de que en Londres existan 30.000 pequeños empresarios unidos por una única plataforma. Con más detalle en mi artículo ya comentaba que es poco razonable que existan empresas cuya fuerza de trabajo sea totalmente compuesta por trabajadores autónomos. Es de sentido común entender que si efectivamente esos 30.000 trabajadores fueran realmente autónomos la empresa sería imposible de manejar.
  • En tercer lugar, también es muy interesante que la sentencia considere indicio de laboralidad la imposibilidad que tienen estos autónomos de crecimiento. Si efectivamente fueran pequeños empresarios lo lógico sería que existieran unas mínimas –aunque fueran potenciales- posibilidades de crecimiento en el negocio. Y como dice la sentencia las únicas posibilidades de crecimiento de los conductores es que trabajen más horas. Es decir, estos trabajadores realmente solo aportan mano de obra, por lo que no pueden considerarse empresarios.
  • La plataforma controla la información clave para el desarrollo del negocio
  • Uber se reserva el poder de modificar unilateralmente los términos del contrato.

Más recientemente y con el fin de que no se me diga que lo de Reino Unido no es asimilable en el Continente Americano, pues un juez argentino ha ordenado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que prohíba las plataformas digitales que ofrecen mensajería y reparto de comida a domicilio. El fallo, de primera instancia avalado por uno anterior de un tribunal superior, afecta a la española Glovo, la colombiana Rappi y la uruguaya PedidosYa, tres empresas que, desde su llegada a Argentina, han acaparado el servicio de delivery en la capital y otras ciudades del interior. La decisión del juez exige a las compañías que consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo “colaboradores” y las obliga a proveerles materiales de trabajo, cobertura sanitaria y seguro contra accidentes.

Las razones provistas por en el artículo de la República como “… tiene una base errónea de lo que son los colaboradores dentro de las plataformas compartidas …” “Si crees que los repartidores son empleados y les quieres meter cargas sociales con tratamientos de horarios, estás atentando contra la naturaleza de la plataforma” o “Aquí cada quien sabe cuáles son las condiciones y tú eliges si te quedas o no, si entras a la plataforma o no, o sencillamente si utilizas otra plataforma” distan mucho de lo que tanto la OIT como los Tratados de Derecho Laboral entienden como relaciones laborales, creo que para finalizar es bueno recordar a los comentaristas de Costa Rica, lo que hizo la Justicia de Reino Unido dentro de la Sentencia contra UBER, dado que la empresa gusta de utilizar términos y condiciones con lenguaje eufemístico, pues nunca utiliza la palabra “despido” o “contratación” sino que habla de “desactivar” o “colaboración” algo que la Sentencia reprocha a la compañía, pues he de suponer a nadie le gusta que le tomen por tonto.

Si adicionalmente usted desea aprender sobre economía colaborativa les recomiendo el libro El Trabajo en la Era de la Economía Colaborativa del Doctor Adrián Todolí Signes.

31.10.20

Decreto Ley, Decretos Legislativos y sus conceptos en Costa Rica y España.

Ayer conversaba sobre el twit del Sr Presidente, referente al veto al decreto-ley.  Varias apreciaciones después de conversar con algunas colegas.

Recurrir al termino decreto legislativo es y no es incorrecto, pues en nuestro país dicha figura no la encontramos tal y como la podemos ver en este artículo 85 de la Constitución de España “Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos”.  Y es que según el Diccionario Panhispánico del español jurídico el decreto legislativo es “Norma con rango de ley dictada por el Gobierno en virtud de una delegación de las Cortes Generales o una norma con rango de ley dictada por el Gobierno para ejercer las facultades de excepción propias de los estados de guerra exterior, conmoción interior o emergencia”.  Es así que incluso la Procuraduría General de la República les menciona en el Dictamen C-265-86 del 10 de noviembre de 1986 al decir citando al Dr Eduardo Ortíz “…llámase decreto de facto al acto normativo con fuerza de ley emanado del gobierno de facto. Su carácter distintivo está en el hecho de su origen. El decreto de facto supone un gobierno de facto… el gobierno de facto puede dictar tres clases diferentes de normas: a) constitucionales…; b) legales de tipo ordinario, supeditadas a las anteriores y susceptibles de derogación o reforma por cualquier ley que dicten en el futuro los gobiernos legítimos que sobrevengan; c) reglamentarias, generalmente destinadas a dar aplicación y eficacia de las leyes de facto, con igual naturaleza que los reglamentos del gobierno legítimo. El problema es logara la distinción entre los diversos tipos. Es necesario recurrir en primer término al nombre. Si el gobierno de facto califica un acto como norma fundamental de sí mismo y del futuro establecimiento constitucional del país, es necesario acatar su dicho como una disposición obligatoria, salvo evidente prueba de que el gobierno mismo ha subordinado ese acto a otras normas y lo ha privado de su carácter constitucional. Igualmente debe procederse si lo califica de ley o de Reglamento, salvo prueba en contrario (…BUSCAR…) calificación no corresponda con la jerarquía verdadera del acto, (…BUSCAR…) tos de otros, por un procedimiento o una forma especial de emanación y de publicación, tal criterio deberá prevalecer y servir de guía de jerarquización, de las fuentes utilizadas por aquél, y finalmente, si ninguna distinción hay ni por el nombre ni por la forma, puede acudirse al criterio subsidiario de la materia regulada, según que haya sido o no objeto de ley en el gobierno legítimo anterior… La fuente de validez de todas las normas de facto está en la fuerza y consolidación del gobierno ilegítimo. No requieren ratificación legislativa ni constituyente posterior y continúan rigiendo una vez restablecida la normalidad y nacido un nuevo gobierno legítimo, salvo derogación o reforma, expresa o implícita, introducida por éste o por la nueva Constitución”. (ORTIZ, Eduardo, Lecciones de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, 1973).

A pesar de lo anterior, lo cierto es que incluso la misma Sala Constitucional utiliza el termino “decreto legislativo” al referirse al proyecto de ley al decir “… Pero tal y como se indicó, nada de lo anterior tiene un asidero claro en la Constitución que ha regulado con bastante precisión temas de presupuestos públicos, pero resulta ser un texto parco en los aspectos que interesan a los consultantes en este caso. Claro está que es deseable que la responsabilidad fiscal forme parte de la manera en que se administran fondos públicos y que sería ideal que los decretos legislativos estuvieran precedidos de estudios técnicos respecto de sus costos y sus beneficios, que por muy básicos que sean, siempre serán más provechosos que no tener nada.- Sin embargo ello pertenece al ámbito de la calidad de la legislación que produce la Asamblea Legislativa, una cuestión respecto de la Sala no debe intervenir a excepción de que se incurra en defectos jurídicos frente al texto y los principios que están recogidos en la Constitución …( Sala Constitucional Resolución Nº 13553–2016)”.  Incluso la Sala Constitucional lleva el asunto más adelante y dice respecto a las interpretaciones autenticas de la ley lo siguiente “Tal interpretación, hecha por esa Sección y reiterada por otras del mismo Tribunal, están vedadas no solo por el principio de legalidad, sino porque tales interpretaciones están reservadas a la Asamblea Legislativa por medio de decretos legislativos que se denominan “interpretaciones auténticas (Sala Constitucional Resolución Nº 16930–2014)”.  Incluso la Sala Constitucional ha explicado respecto a los proyectos de ley “Si un proyecto de ley ha sido aprobado por el Parlamento, convirtiéndose en Decreto Legislativo únicamente a la espera de veto o sanción del Poder Ejecutivo, este plazo deja de computarse … (Sala Constitucional Resolución Nº 12250-2015)”.

Entonces el camino del “decreto legislativo” es pasar a Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República que es la autoridad encargada de revisar y dar visto bueno al texto normativo. Una vez que se cuenta con la aprobación de esa Dirección, se procede a enviar el documento legal al ministerio correspondiente para la firma y posteriormente, es remitido a la Presidencia de la República para su rúbrica. Concluida la etapa de revisión y recolección de firmas, Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República se encarga de gestionar la respectiva publicación de la norma con el ministerio, municipalidad o institución competente, con la finalidad de que se asuma la responsabilidad de dicho acto. En ese entendido, la Presidencia de la República le corresponde gestionar la publicación de sus propias normas, relacionadas específicamente con la Presidencia y su Ministerio. Esta medida constituye una práctica inveterada que tiene como objeto lograr una sana distribución de las cargas presupuestarias correspondientes a la publicación de los decretos legislativos (Ver Sala Constitucional Resolución Nº 11474-2015).

Así pues, si bien en Costa Rica el ordinal 126 Constitucional dice que se veta el “proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa”, lo cierto es que en Costa Rica y como me lo señala José Manuel Núñez González (https://www.facebook.com/josemanuel.nunezgonzalez1) “de toda la vida es la forma técnica en q se llama esa condición transitoria” y “Decreto legislativo es el proyecto aprobado por la Asamblea que no ha sido sancionado por el Ejecutivo. Es la condición transitoria de un proyecto de ley después de ser aprobado por A.L y antes de ser sancionado (o vetado) por el Ejecutivo” y “no … confunda con decreto ley que es la posibilidad de que el Ejecutivo promulgue leyes sin el Legislativo …”.

Resumiendo y acogiendo lo dicho por la Sala Constitucional un proyecto de ley aprobado por el Parlamento se convierte en Decreto Legislativo a la espera de veto o sanción del Poder Ejecutivo (Sala Constitucional Resolución Nº 12250-2015) y el concepto NO ES EL MISMO que en el derecho de España y el concepto del artículo 85 de la Constitución Española en Costa Rica lo conocemos como decreto ley (Ver Dictamen C-265 del 10/11/1986 PGR).

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