Cuando una persona presenta una denuncia penal
contra quien ejerce la Presidencia de la República, debe activarse un
procedimiento jurisdiccional y político de carácter excepcional, cuyas reglas
se encuentran contenidas en normas de rango constitucional, legal y
reglamentario, destinadas a armonizar el respeto al principio de legalidad con
la salvaguarda institucional de la jefatura del Poder Ejecutivo. Tal proceso no
puede regirse por los cauces ordinarios del enjuiciamiento penal, en razón del
fuero especial que reviste al Presidente de la República, cuya eventual
responsabilidad penal debe ser evaluada mediante un sistema reforzado de
garantías,...
