9.1.23

¿Cuáles servidores públicos deben renunciar para presentarse como candidatos a puestos de elección popular en las elecciones municipales y cuándo?

Dice el medio digital CR Hoy “3 de agosto de 2023: Hasta esa fecha podrán
renunciar a sus cargos los funcionarios públicos que aspiren a ser electos a los cargos de alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito para el período 2024-2028 (Negrita presente en el original.  Visto en https://www.crhoy.com/nacionales/tse-fija-plazos-para-comicios-municipales-de-2024/ el 09 de enero 2023 a las 09:65 AM).  A pesar de que el mismo medio el 28 de julio del año 2015 publicaba  una nota similar (https://archivo.crhoy.com/tse-funcionarios-publicos-que-aspiren-a-puesto-municipal-deberan-renunciar-a-sus-cargos/nacionales/ visto el 09 de enero de 2023 a las 09:38 AM) donde si explicaba cuales funcionarios públicos son los que deben renunciar, en la nota 2023 no lo hacen, creando una confusión entre los lectores, a quienes espero aclararle sus dudas.

El artículo 7 de Ley 8765 establece “No podrán ser integrantes de los organismos electorales las siguientes personas: a) Los funcionarios y los empleados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 146 de este Código, salvo los funcionarios del Registro Civil, los funcionarios del TSE y los magistrados del TSE”.  Así pues, estamos ante unos funcionarios de características especiales que tienen ciertas prohibiciones dadas por ley.  Al revisar el artículo 146 Ley 8765 este indica “… Quienes ejerzan la Presidencia o las Vicepresidencias de la República, los ministros(as) y viceministros(as), y los miembros activos o las miembros activas del servicio exterior, el contralor o la contralora y subcontralor o subcontralora generales de la República, el (la) defensor(a) y el (la) defensor(a) adjunto(a) de los habitantes, el (la) procurador(a) general y el (la) procurador(a) general adjunto(a), quienes ejerzan la presidencia ejecutiva, o sean miembros(as) de las juntas directivas, directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de las instituciones autónomas y todo ente público estatal, los(as) oficiales mayores de los ministerios, los(as) miembros (as) de la autoridad de policía, los(as) agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los magistrados(as) y toda persona empleada del TSE, los magistrados y funcionarios(as) del Poder Judicial que administren justicia, y quienes tengan prohibición en virtud de otras leyes, no podrán participar en las actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género.  En materia electoral, las personas funcionarias incluidas en el párrafo segundo de este artículo, únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones en la forma y las condiciones establecidas en este Código.  El TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años, a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contempladas en este artículo”.  Sobre este artículo ha dicho el Tribunal Supremo de EleccionesA partir de esa norma este Tribunal ha entendido, en forma conteste, que hay dos niveles de restricción a la participación política. En su primer párrafo regula un impedimento a los empleados públicos, en general, de “[…] dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político.”. En el segundo párrafo, impone una limitación más rigurosa a una lista taxativa de funcionarios públicos sometidos a una prohibición absoluta, a quienes se les permite, únicamente, ejercer el sufragio el día de las elecciones. Asimismo, el legislador dejó abierta a la posibilidad de que, en virtud de leyes especiales, otros funcionarios públicos puedan sujetarse a la prohibición absoluta de participación política antes indicada (ver, entre otras, las resoluciones n.° 888-E8-2010 de las 18:00 horas del 9 de febrero de 2010, 3275-E8-2010 de las 08:00 horas del 30 de abril de 2010 y 3980-E8-2010 de las 08:45 horas del 2 de junio de 2010).
Por tratarse de una limitación para el ejercicio de un derecho fundamental como lo es la participación de los ciudadanos en actividades político-electorales, ésta debe ser interpretada en forma restrictiva, lo que impide extenderla a otros funcionarios que no sean los expresamente señalados en las leyes pertinentes (ver resoluciones n.° 169-1996, 2059-E-2002, 223-E-2012) (N.° 4920-E8-2019 TSE)”.  

Entonces ¿Cuál es la fuente de donde el Tribunal Supremo de Elecciones toma los seis meses previos a la inscripción para renunciar ante los comicios municipales? La respuesta la encontramos en el ordinal 16 Ley 7794 “No podrán ser candidatos a alcalde municipal: … b) Los funcionarios o empleados a los que, según el artículo 88 del Código Electoral, se les prohíba participar en actividades político- electorales, salvo emitir el voto. Estas incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, hayan desempeñado esos cargos” y artículo 23 Ley 7794 “No podrán ser candidatos a regidores, ni desempeñar una regiduría: a) Los funcionarios o empleados a los que, según el artículo 88 del Código Electoral, les esté prohibido participar en actividades político- electorales, salvo emitir su voto. Estas incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones, hubieren desempeñado tales cargos. … ” y en cuanto a los Concejos Municipales de Distrito por orden del ordinal 3 Ley 8173 “… se les aplicará la normativa concerniente a las competencias y potestades municipales, así como el régimen jurídico general de las corporaciones locales y del alcalde y los regidores ...”.  Valga hacer la aclaración que el Código Municipal se refería a la redacción del ordinal 88 de la Ley 1536, sobre la cual mediante resolución N° 3667 del 16 de octubre de 2008, el Tribunal Supremo de Elecciones, emitió declaración interpretativa que indicaba lo siguiente “1) los subgerentes de las instituciones autónomas se encuentran afectos a la prohibición genérica de participación política contenida en el párrafo 1º del artículo 88 del Código Electoral, salvo que por ley especial se defina un régimen más limitativo...".  Esta norma fue derogada por el artículo 310 aparte e del Código Electoral Ley 8765.

Así las cosas, NO todos los servidores públicos que pretendan presentar su candidatura a puestos de elección popular en las elecciones municipales deben renunciar antes de los seis meses del estricto calendario electoral que tenemos en el país y el plazo de seis meses proviene del Código Municipal[1].

[1] De forma correcta el medio digital DELFINO en https://delfino.cr/2023/01/tse-publica-cronograma-para-elecciones-municipales-de-2024 señalo “3 de agosto: Hasta esta fecha, podrán renunciar a sus cargos los funcionarios públicos señalados en el párrafo segundo del artículo 146 del Código Electoral, que aspiren a ser electos a los cargos de alcaldías, vicealcaldías, regidurías, síndicaturas, concejalías de distrito, intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito, para el período 2024-2028” (Visto a las 11:38 AM del 09 de enero de 2023).
 

29.12.22

Sobre las reformas a los artículos 50.a y 56.2 Ley 6227 y su efecto en el ordinal 47 Ley 7794.

Existen dudas sobre la obligatoriedad de aplicar las reformas introducidas a la Ley General de la Administración Pública por la Ley 10053, específicamente las reformas a la Ley General de la Administración Pública en sus ordinales 50 y 56 que entraron a regir el 11 de noviembre del año 2022.   La duda radica en que la actual redacción del ordinal 50.a de la Ley 6227 indica una obligación en quien ocupe la secretaría del Concejo Municipal de “… levantar las actas correspondientes, las cuales constituirán una transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas …” y el ordinal 56.2 de la Ley 6227 indican respectivamente “se levantará un acta, que contendrá … la transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas …”.  Ambos artículos entran en abierta contradicción con el ordinal 47 del Código Municipal.  Dicho artículo indica en su literalidad “De cada sesión del Concejo se levantará un acta; en ella se harán constar los acuerdos tomados y, suscintamente, las deliberaciones habidas, salvo cuando se trate de nombramiento o elecciones, de los cuales únicamente se hará constar el acuerdo tomado.  Una vez que el Concejo haya aprobado las actas, deberán ser firmadas por el Presidente Municipal y el Secretario, y se colocarán en las respectivas curules, dos horas antes de iniciarse la sesión siguiente”.  Al revisar la ley 10053 y su dictamen afirmativo unánime en la Asamblea Legislativa, es obvio que nadie pensó NUNCA en la reforma al Código Municipal que es norma especial para el régimen constitucionalmente establecido, pero que si interpretó la Contraloría General de la República en su oficio DFOE-SAF-0481 de 03 de noviembre de 2020 aplicaría para los Concejos Municipales.

Lo primero es decir que sí, el Concejo Municipal es un órgano colegiado deliberativo (Ver Dictamen C-203-2011 PGR) y prima facie le aplica dicha reforma a la Ley General de la Administración Pública que es posterior al Código Municipal.

Segundo, al analizar la consulta debe verse si es aplicable el Principio de la Prevalencia de la Ley Especial y en este caso la Procuraduría General de la República señala “Como ha sido puesto en evidencia por la doctrina y jurisprudencia, el criterio de especialidad es un criterio relacional, en el sentido en que ninguna norma es por sí misma especial, sino que lo es en comparación con otra. La norma “especial” constituye una excepción respecto de lo dispuesto por otra de alcance más general. Lo que impide que el supuesto de hecho regulado por la norma quede comprendido en el más amplio de la ley de alcance general”: L, DIEZ-PICAZO: La derogación de las leyes, Civitas, Madrid, 1990, p.345 (citado en el dictamen C-059-2015)”.  Tenemos que recurrir a esto pues estamos ante una concurrencia de normas jurídicas, es decir, normas que comprenden en su regulación ciertos supuestos de hecho que se corresponden plena o parcialmente y tenemos el problema de que las consecuencias jurídicas son distintas.  Sea el Código Municipal establece que se levantará un acta; en ella se harán constar los acuerdos tomados y, suscintamente, las deliberaciones habidas, salvo cuando se trate de nombramiento o elecciones, de los cuales únicamente se hará constar el acuerdo tomado.  Pero las reformas introducidas a la Ley General de la Administración Pública aplicables a los Órganos Colegiados ahora obligan a que las actas constituyan una transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas (artículo 50.a Ley 6227) además de incluir la transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos (artículo 56.2 Ley 6227).  La doctrina indica al respecto "Si las consecuencias jurídicas de ambas disposiciones son diferentes, sin que, sin embargo, se excluyen recíprocamente, cabe preguntar si ambas consecuencias jurídicas sobrevienen una al lado de otra o si la de una norma jurídica elimina a la otra, de modo que sólo tenga lugar la consecuencia jurídica de la primera. Si las consecuencias jurídicas se excluyen mutuamente, sólo una de las dos normas jurídicas puede conseguir aplicación.  Pues no tendría sentido que el orden jurídico quisiera mandar al mismo tiempo A y no -A. Por tanto, en tales casos se tiene que decidir cuál de las dos normas jurídicas prevalece sobre la otra (K, LARENZ: Metodología de la Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 1980, p. 260)".   Veamos que las consecuencias jurídicas son diferentes, una ley permite la transcripción sucinta y otra obliga a la literalidad (esto en cuanto ambas son coincidentes materialmente sobre la misma situación), en este particular NO PUEDE OPERAR el Principio de la Prevalencia de la Ley Especial y debe recurrirse parcialmente a  el Principio de que la Norma Posterior Deroga a la Anterior ya que desde larga data a dicho la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia “I.- El principio conforme al cual la norma posterior deroga implícitamente a la anterior, se justifica y opera solo en el supuesto de que haya manifiesta contradicción entre ellas, en términos tales que la vigencia de una importe necesariamente la derogación tácita de la otra. La doctrina reconoce que en tal caso se produce un fenómeno de absorción de la materia de la primera por la segunda, que provoca la desaparición de aquella. Para que se dé la contradicción es requisito sine qua non que ambas normas traten sobre la misma disciplina; porque si no hay coincidencia material no puede haber incompatibilidad (Sala Primera de la Corte, Resolución Nº 6-1995)”.  En este caso la contradicción es evidente y ha sido analizada indirectamente por la Procuraduría General de la República en su dictamen PGR-C-207-2022 al decir “La importancia del acta nos lleva a reconocer que no basta una descripción sucinta de lo acontecido, sino que ésta debe reflejar de la manera más fiel posible lo ocurrido, eliminando hasta donde sea posible la discrecionalidad del secretario a la hora de confeccionarla. Precisamente por ello, la reforma legal operada impone la obligación de una transcripción literal … se pretendió eliminar la amplia discrecionalidad que tenía en secretario en el régimen anterior y lo que se busca es la mayor fidelidad posible de lo acontecido …”.  Operando a criterio de quien se signa la obligatoriedad de la transcripción literal por aplicación parcial del Principio de que la Norma Posterior Deroga a la Anterior salvo cuando se trate de nombramientos o elecciones, de los cuales únicamente se hará constar el acuerdo tomado, esto porque la reforma operada mediante la Ley 10053 no aborda este tema y allí prevalece el Principio de la Prevalencia de la Ley Especial según la doctrina de cita.

Debo además mencionar que ya la Procuraduría General de la República se refirió al concepto de “transcripción literal” en su dictamen PGR-C-207-2022 que en lo que interesa manifiesta “… A partir de lo dispuesto en el numeral 10 de la Ley General de la Administración Pública y los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad que obligan a no entorpecer el funcionamiento de los órganos colegiados y a interpretar la norma según la mejor satisfacción del fin público, debe concluirse que la “transcripción literal” del acta exigida en la reforma citada, no impide que el secretario realice una limpieza del texto en los términos que se indica en este dictamen, pues ante cualquier duda, se cuenta con el audio y el video para realizar el cotejo de lo acontecido de manera fiel y exacta. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación auténtica que pueda llevar a cabo la Asamblea Legislativa sobre esta ley.  Finalmente, los órganos colegiados no pierden su obligación de resguardar la información de carácter confidencial y privada que deban discutir durante las sesiones, especialmente aquella que tiene un fuero de protección especial como los secretos de Estado, información que legalmente sea calificada como confidencial por razones de interés público, los secretos comerciales, la información tributaria, los datos sensibles, entre otros. De ahí que la grabación de la sesión y el levantamiento de las actas por parte del órgano colegiado, no puede ser en perjuicio de los derechos de terceros que deben protegerse ni de la información que debe resguardarse por disposición constitucional o legal”.  Estimando posible entonces el Órgano Asesor que es posible omitir de las actas “… largas discusiones que incluyen tartamudeos, interjecciones, repeticiones y expresiones irrelevantes de los interlocutores” con lo que concuerdo plenamente.

De lo expuesto se debe concluir que con la reforma operada en los artículos 50 y 56 de la Ley General de la Administración Pública, mediante la Ley N° 10053, el Concejo Municipal se encuentra obligado a consignar en el acta una transcripción literal de todas las intervenciones eliminando de las mismas largas discusiones que incluyen tartamudeos, interjecciones, repeticiones y expresiones irrelevantes de los interlocutores” con lo que concuerdo plenamente.  Salvo cuando se trate de nombramientos o elecciones, de los cuales únicamente se hará constar el acuerdo tomado, esto porque la reforma operada mediante la Ley 10053 no aborda este tema y allí prevalece el Principio de la Prevalencia de la Ley Especial sea rige el ordinal 47 Ley 7794.

17.12.22

Comentario sobre el Expediente 22530.

Mucho se discute en el país sobre la posibilidad jurídica de aumentar la vida útil de los autobuses de ruta de quince años a veinte años.  La fracción del Frente Amplio ha dado una clara oposición y recientemente la Diputada Álvarez Marín dio un discurso interesante sobre el tema.  A continuación apunto mis observaciones que a la fecha no he visto sean esgrimidas por el Frente Amplio y levemente por la Diputada Álvarez Marín.

Tomemos en cuenta que lo que el proyecto busca es reformar el artículo 46 bis de la ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N.° 7600.   Para realizar tal reforma la misma ley 7600 indica lo siguiente en su artículo 13 “Obligación de consultar a organizaciones de personas con discapacidad Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por parte de las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad”.  A esto debemos sumar que Adicionalmente el artículo 5 de la Ley 7948 establece en su párrafo primero “1.- Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención”. y la Ley 8661 en su artículo 4 párrafo tercero indica “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.  Entonces al revisar el dictamen afirmativo de mayoría del 27 de septiembre de 2022 nos damos cuenta que el proyecto fue consultado de manera facultativa a: Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP),  Consejo de Transporte Público (CTP) y se recibió por parte de la Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS) un informe técnico que fue recibido de oficio por parte de ellos.  No existe evidencia en la tramitación del proyecto sobre que el mismo se consultara a Conapdis que es el rector en discapacidad, responsable de promover y fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos de la población con discapacidad, para fomentar su desarrollo inclusivo en todos los ámbitos de la sociedad.  Además de no contar con una consulta a Conapdis llama la atención que la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, creada en el artículo 84 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no conociera y dictaminará este proyecto de ley que involucra la temática referida a las personas con discapacidad, potestad que le da el artículo 85 del mismo reglamento.  Esta última observación la hago pues el dictamen del proyecto proviene de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. 

El Ministro del MOPT dijo en https://www.crhoy.com/nacionales/ministro-defiende-ampliar-antiguedad-a-buses-hacen-una-tormenta-en-un-vaso-de-agua/ “Están haciendo una tormenta en un vaso de agua” sobre la oposición a este proyecto mientras que la Diputada Sofia Guillen indico en https://www.larepublica.net/noticia/aumentar-vida-util-de-autobuses-tendria-serios-efectos-y-mas-riesgo-para-los-usuarios-sofia-guillen-del-frente-amplio “Nos preocupa este proyecto porque esto podría implicar serios efectos y más riesgos para los usuarios de los buses”.  Lo cierto es que a la fecha parece existir un error de procedimiento en la tramitación del proyecto que lo podría viciar de inconvencionalidad.

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