ACAM no es un "impuesto privado": lo que el Derecho vigente sí dice. Una respuesta jurídica al artículo del Lic. Jorge Dengo Rosabal.

El Lic. Jorge Dengo Rosabal publicó en Primera Línea el texto "ACAM: ¿un impuesto privado?". Como aporte al debate de política pública, es legítimo y en varios puntos hasta compartible: nadie serio defiende la opacidad ni se opone a que una entidad de gestión colectiva rinda cuentas. Pero el artículo construye su fuerza retórica sobre una etiqueta jurídicamente falsa ("impuesto privado") y sobre una serie de premisas que el ordenamiento vigente y la jurisprudencia constitucional ya desmintieron. Conviene separar lo opinable de lo incorrecto. Esto último es lo que aquí se corrige.

Primer error: llamarlo "impuesto privado"

El eje de todo el artículo es la imagen de un "impuesto privado con el que nadie estuvo de acuerdo". Es una figura retórica eficaz y jurídicamente insostenible.

Un impuesto es una obligación que nace del poder tributario del Estado, se crea por ley formal y su producto ingresa a la Hacienda Pública. Lo que cobra ACAM no es nada de eso. Es el precio por el uso de propiedad ajena: el ejercicio del derecho patrimonial que la Ley N.° 6683 reconoce al autor. La propia Sala Constitucional lo dijo sin rodeos en el voto N.° 2011-08626 de las 14:30 horas del 29 de junio de 2011, al calificar este cobro como consecuencia del ejercicio de los derechos patrimoniales de los autores y no como un tributo. La Ley N.° 6683 lo confirma en su artículo 16, que reconoce al autor el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación pública de su obra, y en el artículo 17, que le atribuye la potestad de fijar la remuneración correspondiente.

Cobrar por el uso de lo propio no convierte a nadie en fisco. El arrendante que cobra alquiler no crea un "impuesto privado"; cobra por el uso de su inmueble. El autor que cobra por la comunicación pública de su obra tampoco: cobra por el uso de su propiedad intelectual, que el artículo 47 de la Constitución Política protege. La etiqueta "impuesto privado" no describe la institución: la caricaturiza.

Segundo error: sugerir que se cobra "como si tuviera una potestad pública"

Escribe el Lic. Dengo: "que me expliquen cómo una entidad privada puede cobrar como si tuviera una potestad pública".

La explicación existe y está en la ley. ACAM no cobra por potestad de imperio, sino por mandato legal de representación. El artículo 132 de la Ley N.° 6683 legitima a las sociedades de gestión colectiva para administrar los derechos patrimoniales de sus afiliados y representados y para recaudar en su nombre. No es una "potestad pública": es el mismo mecanismo de mandato con el que cualquier titular encarga a un tercero la gestión de su patrimonio. La diferencia con un cobro estatal es precisamente que aquí no hay tributo ni coacción fiscal, sino gestión privada de un derecho privado, como la propia Sala Constitucional subrayó en el voto N.° 2011-08626.

Tercero: la premisa que ya hundió a un gobierno local (y que el artículo repite sin saberlo)

Aquí está el punto técnico central, y trasciende al artículo. La tesis de que, derogado el reglamento, desaparece la obligación (que es la que animó un reciente acuerdo de un concejo municipal del país, el cual eliminó el requisito de verificación en los trámites de licencias comerciales), ya fue examinada y descartada por la Sala Constitucional.

En el voto N.° 2011-08626, la Sala conoció acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 50 de la Ley N.° 6683 y contra los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 del Decreto Ejecutivo N.° 23485-MP, y resolvió que el hecho de que el Poder Ejecutivo derogara ese requisito por considerarlo, en palabras del propio decreto derogatorio, "una barrera al comercio, un trámite innecesario para los dueños de negocios y un privilegio para una entidad privada" no implica que el requisito sea inconstitucional ni que la obligación desaparezca, porque no constituye una restricción a la libertad de comercio, sino una protección de los derechos de autor de rango constitucional y de fuente convencional con jerarquía supralegal.

Nótese la coincidencia: los motivos que el decreto derogatorio invocó en 2009 son casi palabra por palabra los que hoy sostiene el artículo: "barrera al comercio", "trámite innecesario", "privilegio para una entidad privada". La Sala ya los pesó y los halló insuficientes para extinguir la obligación. El argumento, por tanto, no es nuevo ni es fuerte: es un argumento derrotado.

Cuarto: la obligación tiene rango superior a la ley y no la deroga un reglamento

El artículo razona como si todo el andamiaje dependiera de una norma reglamentaria doméstica. No es así. La obligación de retribuir al autor por la comunicación pública de su obra tiene fuente convencional: el artículo 11 bis, inciso 2, del Convenio de Berna, aprobado por Costa Rica mediante la Ley N.° 6083, reconoce al autor el derecho a una remuneración equitativa por esa utilización. Conforme al artículo 7 de la Constitución Política, los tratados tienen autoridad superior a las leyes. Los artículos 48, 49, 50 y 132 de la Ley N.° 6683 son desarrollo interno de ese mandato convencional, según lo estableció expresamente la Sala Constitucional en el voto N.° 2011-08626.

De ahí una conclusión que el artículo pasa por alto: ni un reglamento derogado, ni un acuerdo municipal, ni una ley ordinaria posterior pueden, por sí solos, borrar una obligación anclada en un tratado de rango supralegal. El problema no se resuelve archivando trámites; se ubica varios escalones más arriba en la pirámide normativa.

Quinto: el único argumento genuinamente atendible y sus límites

El artículo acierta en un punto, y es de justicia reconocerlo: no es lo mismo, económicamente, una discoteca que vive de la música que una barbería con un parlante de fondo. Esa distinción entre uso principal y uso incidental es razonable y, de hecho, ya está reconocida en la jurisprudencia, aunque no como el artículo cree.

El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en la resolución N.° 155-2015 de las 13:40 horas del 9 de abril de 2015, delimitó el requisito con precisión: procede "únicamente para verificar la existencia de la autorización para el uso del repertorio y no para servir como intermediario recaudador del pago por el uso de los derechos de autor", y solo respecto de actividades en que efectivamente se utilicen obras musicales, quedando a cargo de la entidad de gestión acreditar en cada caso los derechos que ostenta. Es decir: el ordenamiento ya distingue, ya limita y ya exige prueba de titularidad. Lo que el artículo presenta como una reforma pendiente es, en buena medida, Derecho vigente que solo hay que aplicar bien.

La proporcionalidad de las tarifas (cuánto se cobra a cada giro) es un debate legítimo y mejorable. Pero es un problema de tarifario, no de existencia del derecho. Confundir "la tarifa puede ser desproporcionada" con "el cobro es un impuesto privado ilegítimo" es saltar de una crítica válida a una conclusión falsa.

Lo opinable y lo incorrecto

Que ACAM deba transparentar cuánto recauda, cuánto distribuye y cuánto llega a los autores nacionales: de acuerdo, es sano y deseable. Que convenga una reforma que module tarifas por tipo de giro: discutible, pero legítimo. Ese es el terreno de la política pública, y ahí el Lic. Dengo tiene todo el derecho a proponer.

Lo que no resiste análisis es el envoltorio jurídico con que se vende la propuesta: que esto sea un "impuesto", que se cobre sin base legal, que una entidad privada ejerza una "potestad pública", o que derogar un reglamento extinga la obligación. Nada de eso es cierto en el Derecho vigente, y la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo ya lo resolvieron.

La música no es gratis. Y el Derecho de autor, conviene recordarlo, tampoco es opcional: es un derecho fundamental de rango constitucional (artículo 47) desarrollado por un instrumento de rango supralegal (artículo 11 bis del Convenio de Berna, superior a la ley conforme al artículo 7 de la Constitución Política). Se puede reformar el modelo de gestión; no se puede disolver la obligación con una etiqueta.

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El cascabel que nadie quiere poner: la nómina de magistrados suplentes, de la Constituyente de 1949 al bloqueo de 2026.

El 10 de junio de 2026, la fracción de Pueblo Soberano aprobó en el Plenario una moción para devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de dieciocho candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, por veintinueve votos contra veintiséis, en medio de acusaciones de que la presidenta legislativa habría violentado el reglamento al admitir el asunto como moción de orden. La Sala llevaba sin suplentes desde el 16 de diciembre anterior, y había advertido que reiniciar el proceso implicaría un retraso de al menos nueve meses. Detrás de esa escena, con sus votaciones en blanco ronda tras ronda, su nómina devuelta y su Sala mutilada, late una pregunta que el constituyente de 1949 se hizo casi con esas mismas palabras, y que conviene reconstruir desde su origen, porque el método histórico-genético es aquí más que un lujo académico: es la única forma de medir cuánto se ha torcido el diseño original. La pregunta es vieja, y la formuló don José María Zeledón Brenes en el salón de sesiones: ¿quién le pone el cascabel al gato?

Para entenderlo hay que volver al artículo 164 y a su curiosa historia. El constituyente, tras rechazar dos veces la inamovilidad de los magistrados propietarios y diseñar para ellos la transacción de la reelección por mayoría calificada negativa, llegó al problema de los suplentes con una solución que no aplicó a los propietarios: atar a la Asamblea a una nómina de la Corte. El texto vigente lo conserva: la Asamblea "nombrará no menos de veinticinco Magistrados suplentes escogidos entre la nómina de cincuenta candidatos que le presentará la Corte Suprema de Justicia". Esa asimetría no pasó inadvertida en el debate. Fernando Vargas Fernández la denunció como "una manifiesta incongruencia": si la tesis de la terna había sido rechazada para los propietarios precisamente para no atar la voluntad de la Asamblea, ¿por qué se aceptaba para los suplentes? Baudrit Solera la defendió con un dato práctico, el desfase entre diecisiete propietarios y quince suplentes que entorpecía integrar la Corte cuando un recurso de inconstitucionalidad interesaba a un magistrado; pero el fondo de la objeción quedó dicho: el constituyente, deliberadamente, dejó un margen de dos a uno. Cincuenta candidatos para veinticinco plazas. La Asamblea elige, pero elige dentro de la lista de la Corte. Esa tensión entre la potestad de escoger y el deber de hacerlo sobre lo enviado es exactamente el nervio que hoy se ha inflamado.

Conviene fijar primero qué significa que ese nombramiento sea, en palabras de la propia Sala, una potestad exclusiva. La línea jurisprudencial es vieja y constante. Desde la sentencia número 848-2003, la Sala estableció que el artículo 121 inciso 3 confiere "exclusivamente" a la Asamblea la potestad de nombrar magistrados, una competencia indelegable, tanto a lo interno como a lo externo, que "*no puede ser compartida o limitada por otro órgano u órganos". Y reconoció, con notable franqueza, que el hecho mismo de que el Legislativo nombre a los magistrados "de alguna manera quiebra o limita el principio de independencia de los Supremos Poderes", pero que ello es "una consecuencia del diseño constitucional vigente" fundado en la doctrina de los frenos y contrapesos. Es la misma idea que Mario Alberto Jiménez Quesada defendió en 1949 contra quienes querían blindar excesivamente a la Corte: la independencia del Poder Judicial "nunca debe entenderse como independencia de un Poder frente al pueblo". El nombramiento legislativo es, precisamente, el cordón que ata la magistratura a la representación nacional.

Ahora bien, esa exclusividad tiene un reverso peligroso, y es aquí donde el caso de 2026 toca hueso. La Sala ha sostenido de manera reiterada que no puede inmiscuirse en cómo la Asamblea ejerce esa potestad. En la sentencia número 11215-2025 —resuelta apenas el año pasado, sobre la Sala Primera paralizada por inhibitoria de todos sus propietarios sin suplentes nombrados— el Tribunal repitió su criterio histórico: aunque el artículo 163 fija plazos, "no existe en la Constitución un viso de perentoriedad en tal plazo que obligue al Poder Legislativo a realizarlo", de modo que la Asamblea "bien puede hacerlo dentro de un plazo razonable". Y reconoció con honestidad que la demora prolongada "no deja de ser preocupante ya que ello puede causar inseguridad jurídica", pero concluyó que "la exclusividad conferida a ese órgano en la Constitución […] impide la injerencia del Tribunal Constitucional en el proceso de nombramiento". La omisión pura y simple de nombrar, ha dicho la Sala, no lesiona un derecho fundamental concreto y por ello no es materia de amparo, sino, en su caso, de acción de inconstitucionalidad por omisión.

Es decir: el bloqueo, por sí solo, habita una zona de penumbra donde la Sala se ha autolimitado. Si la Asamblea simplemente no reúne los votos, y recordemos que la elección de estos suplentes exige mayoría calificada, los treinta y ocho votos que el oficialismo, votando en blanco, ha impedido alcanzar, el Tribunal ha sido renuente a forzar la mano del Legislativo. Esto explica la audacia táctica del PPSO: la abstención sistemática no es un descuido, es una estrategia que se aprovecha del propio respeto de la Sala por la potestad exclusiva. El gato sin cascabel del que hablaba Zeledón reaparece, setenta y siete años después, en forma de quórum que se disuelve y votos en blanco que se acumulan.

Conviene preguntarse, llegados aquí, si el ordenamiento previó esta inacción y dispuso algún paliativo. Lo hizo, y entender su arquitectura aclara hasta dónde llega el remedio y dónde empieza el vacío irremediable. La Ley Orgánica del Poder Judicial ofrece, en realidad, tres capas sucesivas de respuesta. La primera es el artículo 63, que contempla expresamente el escenario del bloqueo: los magistrados suplentes llamados para reponer una falta absoluta sirven, dice la norma, "por todo el tiempo que transcurre sin que la Asamblea Legislativa llene la vacante y dé posesión al Magistrado nuevamente electo". Es una previsión astuta del legislador: mientras la Asamblea no actúe, un suplente sostiene la silla vacía de modo indefinido. Pero hay un matiz capital que conviene no perder de vista: ese suplente no lo nombra la Corte, sino que es uno de los que la propia Asamblea ya designó, activado por sorteo del presidente de la Corte conforme al artículo 60 inciso 11. La Corte no crea suplentes; enciende, mediante sorteo, a los que ya existen en la lista. El artículo 63 es, por eso, un mecanismo de activación, no de nombramiento.

La segunda capa aparece cuando el bloqueo es más profundo y alcanza también a los suplentes, que es precisamente lo ocurrido en la Sala Constitucional. Si la Asamblea no renovó a los doce suplentes que el artículo 62 asigna a esa Sala, el artículo 63 se queda sin materia prima: no hay a quién sortear, porque la lista está vacía o vencida. El paliativo se vacía con ella. Para ese segundo nivel de parálisis, el artículo 31 remite, a falta de regla expresa sobre impedimentos y suplencias, al Código Procesal Civil, "salvo en la jurisdicción constitucional la cual se regirá por sus propias normas y principios". Es la integración funcional del tribunal por otras vías, sea la habilitación de titulares, la suplencia cruzada o las reglas propias de la jurisdicción constitucional, exactamente el recurso que la Sala empleó en el voto 11215-2025 cuando la Sala Primera, sin suplentes nombrados por la Asamblea, se integró habilitando a sus propios titulares al amparo del artículo 29. Esta capa mantiene el servicio a flote, pero no llena la plaza: disimula la cojera, no la cura.

La tercera capa es la barrera que ninguna ley puede sortear: el nombramiento mismo, competencia exclusiva e indelegable de la Asamblea por el artículo 121 inciso 3 constitucional. Por eso el artículo 63 habla siempre de "reponer" una falta con un suplente, nunca de nombrarlo; el legislador fue deliberadamente cuidadoso de no invadir la potestad legislativa, consciente de que una ley ordinaria que trasladara a la Corte el poder de nombrar suplentes sería inconstitucional. De ahí la conclusión que ordena todo el cuadro: el sistema tiene válvulas para que la justicia no se detenga, pero ninguna de ellas sustituye a la Asamblea. La Sala puede arreglárselas para resolver, activando suplentes o integrándose funcionalmente, pero la silla en propiedad solo la llena quien la Constitución designó para ello. Y cuando el bloqueo es total, como hoy, hasta el ingenioso artículo 63 se queda sin combustible, y el órgano entra en la zona crítica que el constituyente del 49 temió por encima de todo: la parálisis de la justicia por pura inacción política.

Pero el caso de 2026 introduce algo más que una omisión: introduce un acto positivo, la devolución de la nómina. Y aquí el análisis cambia, porque devolver no es lo mismo que no elegir. Concordando las actas con el texto vigente, la conclusión que sostengo es que la Asamblea no tiene facultad de devolución. El artículo 164 le manda escoger veinticinco de entre cincuenta; agota su discrecionalidad eligiendo o no eligiendo a cada candidato dentro de esa lista, no reenviándola para que la Corte la rehaga. La propia Sala ya había aclarado que las vacantes debían llenarse utilizando la lista actual, sin posibilidad de ampliarla mediante un nuevo concurso. La devolución choca, así, de frente con lo ya resuelto por el órgano competente para interpretar la Constitución, y el margen que el constituyente dio a la Asamblea, escoger dentro de la nómina, no incluye la potestad de rechazarla en bloque por desagrado político. "No me gustan" se canaliza no eligiéndolos; "no los conozco" es incumplir el deber de estudiarlos, que para eso existen las comparecencias; pero ninguna de las dos cosas habilita devolver la lista.

Hay, además, un flanco de forma que a mi juicio es el más sólido de la oposición, y que conviene separar del fondo. Si la elección de estos suplentes requiere treinta y ocho votos, resulta difícilmente sostenible que el acto de devolver la nómina —cuyo efecto material es frustrar esa elección calificada y reabrir el proceso— se apruebe por mayoría simple, con veintinueve votos, y por la vía de una moción de orden. Sería usar el instrumento de menor exigencia para producir el efecto que el de mayor exigencia no logró: un fraude de etiquetas procesal. La jurisprudencia ofrece un asidero indirecto pero revelador. En la sentencia número 1205-2016, sobre la revocatoria de un nombramiento en la Junta Directiva del Banco Central, la Sala validó la moción de revisión precisamente porque el artículo 155 del Reglamento "prohíbe mociones de revisión pero únicamente en aquellos nombramientos realizados en uso de sus atribuciones constitucionales", y aquel —de origen legal— no lo era. La lectura a contrario es contundente: tratándose de magistrados, que sí son nombramiento constitucional, las mociones de revisión —y, con mayor razón, las maniobras procesales equivalentes— están vedadas. El reglamento blinda los nombramientos constitucionales contra la volatilidad de las mayorías simples, y la devolución por moción de orden parece sortear ese blindaje por la puerta de atrás.

¿Hasta dónde puede llegar la Sala si el asunto le llega, como anticipó el diputado Araya? Aquí el precedente más luminoso es el caso del magistrado Fernando Cruz Castro, resuelto en la sentencia número 6247-2013. La Asamblea había acordado no reelegirlo, pero lo hizo fuera del plazo, cuando ya operaba la reelección automática del artículo 158. La Sala trazó una distinción capital que sirve de brújula para 2026: una cosa es la omisión de pronunciarse sobre la reelección, que no lesiona derecho fundamental y solo cabe atacar por inconstitucionalidad; otra muy distinta es el acto extemporáneo que, sobre un magistrado ya reelecto de pleno derecho, se convierte "en una verdadera destitución" sin causal ni debido proceso, y eso sí es amparable. Declaró con lugar el amparo y restableció a Cruz en el cargo. Y un grupo de magistrados, en razones adicionales, invocó nada menos que Marbury vs. Madison para recordar que "el legislador no puede modificar una obligación constitucional, y mucho menos derogar un derecho", porque de lo contrario "se produciría una derogatoria o modificación tácita de la Constitución"; citaron, además, el caso Tribunal Constitucional vs. Perú de la Corte Interamericana, según el cual la independencia judicial exige un adecuado proceso de nombramiento, una duración establecida en el cargo y una garantía contra presiones externas.

La enseñanza del caso Cruz, trasladada al bloqueo de 2026, marca con nitidez la frontera de lo controlable. Mientras estemos ante una omisión, esto es, mientras la Asamblea no reúna los votos, la Sala probablemente seguirá invocando la potestad exclusiva y la ausencia de plazo perentorio para abstenerse de intervenir. Pero en cuanto aparezca un acto positivo que lesione derechos concretos, sea la devolución de una nómina por una vía procesal inidónea, la afectación del derecho de los candidatos a un proceso ya cerrado o el menoscabo del funcionamiento de la Sala que impida tutelar derechos de terceros, el cuadro fáctico cambia y la puerta del amparo se abre. La frontera no está en la materia (siempre es nombramiento), sino en la naturaleza del acto: omisión discrecional no justiciable frente a acto positivo lesivo de derechos sí justiciable. Esa es la lección que el método histórico-genético, leído junto a la jurisprudencia, permite formular.

Queda, al final, la ironía histórica que vertebra todo. En 1949, Vargas Fernández y Fabio Baudrit González temían que la Corte, mediante la nómina, impusiera su voluntad a la Asamblea y la convirtiera en simple notario; Jiménez Quesada bautizó ese riesgo como la "autonutrición" del Poder Judicial. En 2026 ocurre lo inverso: es la Asamblea la que, mediante el bloqueo y la devolución, intenta imponerse a la Corte y vaciar el sistema desde el otro extremo. El constituyente diseñó la nómina para equilibrar dos poderes; setenta y siete años después, ese equilibrio se usa como arma de parálisis. Y la Sala Constitucional sin suplentes —el órgano que debería arbitrar el conflicto, mutilado por el conflicto mismo— es la estampa más exacta de lo que Ramón Arroyo Blanco quiso evitar cuando habló de "las grandes calamidades por las repetidas intervenciones de la política en la marcha del Poder Judicial". El cascabel, otra vez, espera a que alguien se atreva a ponerlo.

Referencias

Asamblea Nacional Constituyente. (1949). Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 (R. Saborío Valverde, Ed. digital, 2005). Recuperado de https://www.rodolfosaborio.com/actas/anc49.htm

Constitución Política de la República de Costa Rica. (1949). Artículos 121 inciso 3, 158, 163 y 164 (texto vigente al 15 de junio de 2026).

Ley Orgánica del Poder Judicial, N.° 7333 del 5 de mayo de 1993. Artículos 29, 31, 60 inciso 11, 62 y 63 (texto vigente al 15 de junio de 2026).

Martínez, G. (2026, 10 de junio). PPSO devuelve nómina de suplentes de la Sala IV a la Corte en medio de fuertes cuestionamientos. CRHoy.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 848-2003 de las 14:34 horas del 5 de febrero de 2003.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 6247-2013 de las 14:15 horas del 9 de mayo de 2013.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 1205-2016 de las 16:22 horas del 26 de enero de 2016.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 11215-2025 de las 9:20 horas del 10 de abril de 2025.

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Objetos, cosas y bienes en sentido jurídico

1. El objeto. Generalidades

1.1. La polisemia de "objeto" y su deslinde

"Objeto" es un término cuyo significado prima facie no es unívoco: varía según la relación jurídica de referencia. Conviene fijar tres planos desde el inicio.

a) Objeto del derecho subjetivo (objeto del derecho real). Es la cosa o el bien sobre el que recae el poder del titular. El art. 277 CC lo recoge al definir la posesión como la facultad de tener bajo el poder y la voluntad de una persona "la cosa objeto del derecho". El art. 259 CC, al definir el derecho real como "el que se tiene en una cosa, o contra una cosa sin relación a determinada persona", confirma que el objeto del derecho real es la cosa misma.

b) Objeto de la relación obligatoria. Es la prestación, esto es, la conducta debida. El art. 629 CC es la norma medular: "Toda obligación tiene por objeto dar, hacer o dejar de hacer alguna cosa, y puede referirse a todas las cosas que están en el comercio de los hombres, aun a las futuras como los frutos por nacer." El objeto inmediato es la conducta (dar, hacer, no hacer); el objeto mediato es la cosa sobre la que esa conducta recae.

c) Objeto del negocio jurídico. Es la materia sobre la que el negocio dispone, anudada por la ley a requisitos de validez (art. 627 CC).

1.2. Requisitos del objeto

Del juego de los arts. 627, 629, 630 y 631 CC se extraen tres requisitos de idoneidad del objeto:

1. Posibilidad. El art. 627 inc. 2º CC exige, para la validez de la obligación, un "objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación". El art. 631 CC declara ineficaz la obligación cuyo objeto sea una cosa o acto "física o legalmente imposible", y precisa que la imposibilidad física ha de ser absoluta y permanente, no temporal ni relativa respecto de quien se obliga. La imposibilidad inicial y absoluta impide que nazca la obligación; la sobrevenida y fortuita la extingue (art. 633 CC: las obligaciones se extinguen, entre otros modos, "por el evento de un obstáculo que haga imposible su cumplimiento").

2. Licitud (estar en el comercio). El art. 629 CC circunscribe el objeto a "las cosas que están en el comercio de los hombres". El art. 631 CC tipifica como imposibilidad legal la que recae (inc. 1º) sobre cosas que están fuera del comercio por disposición de la ley y (inc. 2º) sobre actos ilícitos por contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres.

3. Determinación o determinabilidad. El art. 630 CC declara ineficaz la obligación cuyo objeto "no pueda reducirse a un valor exigible, o no esté determinado ni pueda determinarse". Basta, pues, la determinabilidad: el objeto puede fijarse a futuro mediante criterios pactados.

La admisión expresa de cosas futuras en el art. 629 CC ("aun a las futuras como los frutos por nacer") confirma que el objeto no exige existencia actual, sino aptitud para llegar a existir y ser valorada económicamente.

1.3. Objeto y régimen de invalidez

El objeto es elemento esencial de existencia del acto. Su ausencia o ilicitud no produce una irregularidad menor, sino nulidad absoluta: el art. 835 inc. 1º CC sanciona con ese grado los actos en que "falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia". Siendo el objeto una de esas condiciones (art. 627 CC), un objeto imposible, extracomercial o indeterminable vicia el acto de raíz, con las consecuencias del art. 837 CC: alegable por todo interesado, declarable de oficio, no subsanable por confirmación ni por un lapso menor que el de la prescripción ordinaria. Frente a ella, el art. 836 CC reserva la nulidad relativa para los supuestos de imperfección o irregularidad de las condiciones esenciales, susceptibles de confirmación (art. 838 CC).

2. Bien

2.1. Noción legal

El bien es la cosa —o el derecho— en cuanto reporta utilidad y es susceptible de apropiación o aprovechamiento jurídico. La definición legal abre el Libro II del CC ("De los bienes y de la extensión y modificaciones de la propiedad"):

Artículo 253 CC. "Los bienes consisten en cosas que jurídicamente son muebles o inmuebles, corporales o incorporales."

Tres lecturas, en el orden interpretativo:

• Teleológica. El ordenamiento no se ocupa de las cosas por su materialidad, sino por su aptitud para satisfacer intereses humanos jurídicamente protegidos. El bien es la cosa contemplada desde la utilidad y la apropiabilidad.
• Sistemática. El art. 253 enuncia de una vez las dos grandes clasificaciones que estructuran todo el Libro II —muebles/inmuebles y corporales/incorporales—: es la norma-pórtico.
• Literal. El legislador define el bien por referencia a la cosa ("los bienes consisten en cosas"), asumiendo una relación de especie a género.

2.2. Relación entre "bien" y "cosa"

La doctrina ordena la pareja así: toda cosa con relevancia y utilidad jurídica es un bien, pero la categoría de bien es más amplia que la de cosa material, porque comprende también los derechos (cosas incorporales). El art. 253 CC lo confirma al incluir los bienes "incorporales", y el art. 258 CC remata: las cosas corporales son todas, excepto los derechos reales y personales, que son cosas incorporales. Los derechos son, así, objeto de relaciones jurídicas: pueden poseerse, transmitirse y gravarse (arts. 483, 1034 CC), e integran la categoría patrimonial de los bienes.

2.3. El patrimonio como universalidad

El bien individual se integra en una universalidad jurídica: el patrimonio. El art. 294 CC lo define como "el total conjunto de los bienes y derechos de una persona", que "sólo puede transferirse a otra u otras personas por vía de herencia". El patrimonio cumple una función de garantía universal frente a los acreedores, fijada en el art. 981 CC: "Todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas", con la salvedad de las cláusulas de inembargabilidad válidamente impuestas. Esta responsabilidad patrimonial universal es el telón de fondo de la clasificación de las cosas según su embargabilidad (infra § 4.10).

3. Las cosas

3.1. Noción

La cosa, en sentido jurídico, es toda entidad —material o inmaterial— susceptible de constituir objeto de derechos. No toda cosa del mundo físico es cosa jurídica: lo es solo aquella sobre la que es posible y lícito establecer un poder jurídico. La cosa fuera del comercio (art. 631 inc. 1º CC) sigue siendo cosa física, pero queda sustraída del tráfico.

3.2. La cosa como punto de imputación del dominio

El art. 264 CC describe la cosa desde el haz de facultades que el dominio confiere sobre ella: posesión, usufructo, transformación y enajenación, defensa y exclusión, y restitución e indemnización. Esas facultades se desarrollan en los arts. 287 y siguientes:

• El derecho de usufructo atribuye al propietario "todos los frutos naturales, industriales o civiles que ellas produzcan ordinaria o extraordinariamente" (art. 287 CC). Cuando se desgaja de la propiedad y corresponde a un tercero, ese usufructuario goza de los frutos sin poder alterar la forma o la sustancia de la cosa (arts. 337, 342 CC); en su versión menor, los derechos de uso y habitación (arts. 366-369 CC) solo permiten percibir lo necesario para las necesidades del titular y su familia, y son intransferibles (art. 368 CC).
• El derecho de transformación comprende "la facultad que tiene el propietario de una cosa para modificarla, alterarla y hasta destruirla en todo o en parte" (art. 290 CC).
• El derecho de enajenación permite "enajenar o trasmitir a otro el todo o parte de su propiedad" (art. 291 CC); el art. 292 CC declara ambos inherentes a la propiedad y limitables solo por ley, fijando además que las restricciones convencionales a la libre disposición solo valen sobre bienes adquiridos a título gratuito y por un máximo de diez años.
• El derecho de exclusión faculta al propietario a gozar de su cosa "con exclusión de cualquiera otra persona" (art. 295 CC).

Este poder, sin embargo, no es absoluto. El marco constitucional lo enmarca: el art. 45 CPol declara que "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley", y autoriza a la Asamblea Legislativa, por dos tercios, a imponer "limitaciones de interés social". El art. 293 CC concreta en lo civil esa posibilidad de expropiación por utilidad pública. Cuando esas facultades no se ejercen en plenitud, la propiedad es "imperfecta o limitada" (art. 265 CC).

3.3. La posesión: la cosa bajo poder de hecho

Antes que objeto de propiedad, la cosa puede ser objeto de posesión, situación de poder fáctico que el ordenamiento protege con autonomía. El art. 277 CC define el derecho de posesión como la facultad de tener bajo el poder y la voluntad de una persona la cosa objeto del derecho, y el art. 281 CC establece la presunción capital: "El hecho de la posesión hace presumir el derecho de poseer, mientras otro no pruebe corresponderle ese derecho." La buena fe del poseedor —creer al tomar la cosa que se tiene derecho a ella (art. 285 CC)— se presume en caso de duda (art. 286 CC) y es determinante para los frutos, las mejoras y la prescripción. La posesión es, así, el primer modo en que la cosa se relaciona con un sujeto, y el sustrato de su adquisición por el tiempo.

3.4. Frutos y productos: lo que la cosa genera

La clasificación de los frutos (art. 288 CC) es presupuesto de varias categorías posteriores:

Artículo 288 CC. "Son frutos naturales los que espontáneamente produce la tierra, y los productos y las crías de los animales; frutos industriales son los que se obtienen por el trabajo o cultivo; y el interés del dinero, el alquiler de las cosas y el precio del arrendamiento de las fincas, edificios o de cualquiera otro inmueble, son frutos civiles."

El criterio de imputación temporal lo da el art. 338 CC: los frutos naturales e industriales pendientes pertenecen, según el momento, al usufructuario o al propietario; los civiles "pertenecen al usufructuario, día por día". El fruto se distingue del producto en que aquel se reproduce periódicamente sin alterar la sustancia de la cosa, mientras el producto la disminuye (de ahí que el usufructuario goce de minas y canteras "que estaban en laboreo al principiar el usufructo", pero no de las no descubiertas: art. 340 CC).

4. Algunas clasificaciones de las cosas

El CC no agrupa las clasificaciones en un solo precepto: las distribuye entre el Libro I (Derecho Internacional Privado), el Libro II (distinción de los bienes) y el Libro III (obligaciones), y otras leyes especiales modulan el régimen. El desarrollo que sigue ordena cada par conforme al temario y remite a la norma exacta.

4.1. Según su materialidad: cosas materiales (corporales) e inmateriales (incorporales)

Fundamento: arts. 253, 258, 259 y 260 CC; art. 47 CPol.

• Cosas corporales: las que tienen existencia física perceptible. El art. 258 CC las define por exclusión: "Cosas corporales son todas, excepto los derechos reales y personales, que son cosas incorporales."
• Cosas incorporales: los derechos. El sistema distingue dos especies:
  • Derecho real (art. 259 CC): "el que se tiene en una cosa, o contra una cosa sin relación a determinada persona". Supone el dominio o la limitación de alguno de los derechos que este comprende, y puede constituirse para garantizar una obligación personal.
  • Derecho personal (art. 260 CC): "sólo puede reclamarse de persona cierta y que por un hecho suyo o por disposición de la ley, haya contraído la obligación correlativa".

El interés práctico de la distinción está en el modo de transmisión: las cosas corporales se transmiten por tradición —entrega y toma de posesión (art. 482 CC)—, mientras los derechos se transmiten "por la entrega de los documentos que sirvan de título" (art. 483 CC), con la regla especial de notificación al deudor en la cesión de créditos. Dentro de las cosas incorporales destacan tres categorías con estatuto propio: la propiedad intelectual —el art. 47 CPol reconoce la "propiedad exclusiva" del autor, inventor, productor o comerciante, y el art. 275 CC declara las producciones del talento propiedad del autor regida por leyes especiales—; la propiedad de aguas y minas (art. 276 CC); y los títulos valores y las cuotas o acciones sociales, cuya transmisión no sigue las reglas civiles de la cesión sino las mercantiles del endoso e inscripción registral (arts. 687-688 CCom para los nominativos; la cuota de sociedad de responsabilidad limitada se traspasa por cesión e inscripción en el libro de socios). El título valor, además, goza de un régimen adquisitivo propio: quien adquiere de buena fe y por justo título la posesión de un título valor adquiere el derecho representado aunque el transmitente no fuera el titular (art. 669 bis CCom), regla que desplaza la del derecho común.

4.2. Según el dominio sobre ellas: cosas comunes, cosas sin dueño y cosas que no tienen dueño

Esta clasificación atiende a la relación de la cosa con el dominio. El CC no usa la rúbrica académica, pero regula todas las figuras en el Título IX ("De la ocupación"):

• Cosas comunes a todos (res communes omnium): aquellas cuyo aprovechamiento corresponde a la generalidad y que por su naturaleza no admiten apropiación individual exclusiva. En el sistema costarricense se entrelazan con las cosas públicas del art. 261 CC, "aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público".
• Cosas sin dueño (res nullius): las que nunca han tenido propietario y son por ello ocupables. El art. 485 CC es la norma clave: "Por la ocupación puede adquirirse el dominio de las cosas muebles que no pertenecen a nadie." Casos típicos: los animales fieros o salvajes adquiridos por caza o pesca —reputándose tales aun los domesticados que han perdido la costumbre de volver a casa de su dueño (art. 488 CC)— y los objetos que el mar arroja a las playas, con remisión al Código de Comercio (art. 487 CC). El cazador se hace dueño "por el acto de apoderarse" del animal (art. 491 CC).
• Cosas abandonadas (res derelictae): las que tuvieron dueño y este renunció a ellas; se asimilan a las res nullius para efectos de ocupación.
• Cosas perdidas: no son ocupables. El régimen del hallazgo o invención (arts. 502 a 504 CC) obliga a anunciar el hallazgo en el periódico oficial bajo pena de reputar al hallador poseedor de mala fe (art. 502 CC); el dueño puede reclamar dentro del año, transcurrido el cual el producto corresponde al inventor (art. 503 CC).

Precisión sistémica decisiva. El régimen costarricense excluye el inmueble sin dueño: el art. 486 CC dispone que "Los inmuebles no reducidos a propiedad particular, pertenecen al Estado." Por tanto, la ocupación como modo de adquirir opera únicamente sobre cosas muebles (art. 485 CC). No hay tierra res nullius en Costa Rica.

La expresión del temario "cosas que no tienen dueño" admite, así, dos lecturas que conviene no fundir: las que nunca lo tuvieron (res nullius, ocupables) y las que dejaron de tenerlo (res derelictae, asimiladas). Ambas se oponen a las cosas comunes, no ocupables porque su destino es el aprovechamiento general.

4.3. Según su comercialidad: cosas en el comercio y cosas fuera del comercio

Fundamento: arts. 262, 629 y 631 inc. 1º CC.

• Cosas en el comercio: las que pueden ser objeto de relaciones jurídicas patrimoniales y de tráfico. El principio lo fija el art. 629 CC: la obligación "puede referirse a todas las cosas que están en el comercio de los hombres".
• Cosas fuera del comercio: las sustraídas del tráfico por disposición legal. El art. 262 CC lo establece respecto de las cosas públicas: "Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban destinadas."

La sanción de operar sobre cosa fuera del comercio la da el art. 631 inc. 1º CC: imposibilidad legal del objeto → ineficacia de la obligación → nulidad absoluta del acto (art. 835 inc. 1º CC).

Entre el polo "pleno comercio" y el polo "fuera del comercio" existe una zona intermedia de cosas de comercialidad restringida o condicionada. El ejemplo nítido es la afectación a habitación familiar (patrimonio familiar) del Código de Familia: el inmueble así afectado, cuando consta en el Registro, "no podrá ser enajenado ni gravado sino con el consentimiento de ambos cónyuges" o por disposición judicial, ni podrá ser perseguido por acreedores personales del propietario (art. 42 CFam). La afectación se constituye por escritura pública e inscripción (art. 43 CFam), y el Registro Público "no inscribirá ninguna escritura en violación" del régimen (art. 45 CFam). No es una cosa fuera del comercio en sentido propio —sigue siendo privada—, pero su tráfico queda condicionado por la protección de la familia.

Lectura histórica y teleológica. La extracomercialidad no es una cualidad física de la cosa, sino una afectación jurídica revocable: el propio art. 262 CC admite que la cosa pública entre al comercio cuando legalmente se la desafecta del uso público, y el art. 47 CFam regula la cesación de la afectación familiar. La categoría protege un fin (la utilidad general; la vivienda de la familia), no una sustancia.

4.4. Según el sujeto a quien pertenezcan: cosas de particulares y cosas públicas

Fundamento: Capítulo II del Título I del Libro II, arts. 261 a 263 CC; arts. 169 y 170 CPCA.

• Cosas públicas (art. 261, párr. 1º CC): "las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público." Dos notas: afectación legal a un fin de utilidad general y destino permanente.
• Cosas privadas (art. 261, párr. 2º CC): "Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular". El precepto incorpora una regla de gran calado: tales cosas son privadas "aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona."

Lo decisivo, por tanto, no es la titularidad, sino la afectación: un mismo sujeto puede ser titular de cosas públicas (afectadas, fuera del comercio) y de cosas privadas (en el tráfico, como cualquier particular). El art. 263 CC remite el uso y aprovechamiento de las cosas públicas a los "respectivos reglamentos administrativos", pero reserva a los tribunales las cuestiones de mejor derecho o preferencia entre particulares.

El régimen del dominio público se aprecia con nitidez en el tratamiento procesal de la ejecución contra la Administración. El art. 169 CPCA admite el embargo de "los de dominio privado de la Administración Pública, que no se encuentren afectos a un fin público". En cambio, el art. 170 CPCA declara inembargables "los bienes de titularidad pública destinados al uso y aprovechamiento común", los vinculados a la prestación de servicios públicos esenciales (salud, educación, seguridad) y los bienes de dominio público explotados por particulares bajo cualquier título. La distinción civil entre cosa pública y cosa privada de la Administración (art. 261 CC) determina, así, la frontera entre lo embargable y lo inembargable.

La tutela de la cosa pública se refuerza incluso en sede penal: el Código Penal sanciona detentar suelo o espacio de "calles, caminos, jardines, parques, paseos u otros lugares de dominio público, o terrenos baldíos o cualquier otra propiedad raíz del Estado o de las municipalidades" (art. 227 inc. 1º), así como la usurpación de aguas públicas o privadas (art. 226).

4.5. Según la consideración social de las cosas: fungibles y no fungibles

Fundamento: art. 257 CC.

Artículo 257 CC. "Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles, y en consumibles y no consumibles." (Así reformado por la ley N.° 8994 del 26 de setiembre de 2011.)

• Cosas fungibles: las que, por su consideración social y de tráfico, pueden sustituirse unas por otras de la misma especie, calidad y cantidad. Se cuentan, pesan o miden (el dinero, los cereales). Su régimen aflora en el depósito: el art. 528 CCom admite que en el depósito de cosas fungibles el depositante convenga en que le restituyan "cosas de la misma especie y calidad", y el art. 523, párr. final, CCom solo autoriza al depositario a usar la cosa depositada "cuando se trata de cosas fungibles y previa autorización del dueño".
• Cosas no fungibles: las consideradas en su individualidad irrepetible (un cuadro, un inmueble determinado), insustituibles por otra equivalente. El art. 237 CCom condiciona precisamente la inscripción registral de un mueble a que sea "no fungible" e identificable por número, serie o marca.

Dos cautelas. (1) La fungibilidad es una valoración social y económica, no una propiedad física: cosas físicamente idénticas pueden dejar de ser fungibles por la relación en que las partes las sitúen. (2) El art. 257 CC enuncia la división dentro de las cosas muebles; la individualidad de cada finca (art. 254 CC) coloca de ordinario a los inmuebles fuera de la fungibilidad.

4.6. Según su resistencia a la utilización: cosas consumibles y no consumibles

Fundamento: art. 257 CC (segunda pareja).

• Cosas consumibles: aquellas cuyo uso conforme a su destino implica su destrucción, transformación o salida del patrimonio (los alimentos; el dinero, que "se consume" para su titular al gastarlo).
• Cosas no consumibles: las que admiten uso reiterado sin perecer por ello (un vehículo, una herramienta, un inmueble).

Relevancia. El criterio decide qué relaciones jurídicas caben sobre la cosa. El usufructo, definido como derecho a gozar de los frutos "de la cosa cuya usufructo le pertenezca" (art. 337 CC), presupone en su forma típica una cosa no consumible que pueda restituirse, pues el usufructuario no puede "alterar la forma o la sustancia" de ella (art. 342 CC) ni hacer "un uso distinto de su naturaleza" (art. 343 CC); sobre cosas consumibles opera el cuasiusufructo, con obligación de restituir el equivalente. Consumibilidad y fungibilidad no coinciden: el dinero es fungible y consumible; un libro raro, no fungible y no consumible.

4.7. Según su divisibilidad: cosas divisibles e indivisibles

Fundamento: el criterio dogmático surge del art. 662 CC, y sus efectos del régimen de copropiedad (arts. 270, 272 y 273 CC).

• Cosas divisibles: las que pueden fraccionarse en partes homogéneas sin perder su naturaleza ni su valor proporcional (una suma de dinero; un terreno susceptible de segregación).
• Cosas indivisibles: las que no admiten división material o intelectual sin destruir su esencia o función. El art. 662 CC ofrece el criterio: la indivisibilidad existe "1º.- Cuando su objeto no admite absolutamente división, sea de un modo material, sea de un modo intelectual. 2º.- Cuando el objeto, aunque divisible en sí mismo, deja de serlo por motivo de la relación bajo la cual ha sido considerado para el efecto de la prestación."

Consecuencia en copropiedad. La divisibilidad gobierna la salida del condominio. El art. 272 inc. 2º CC exceptúa del derecho a pedir la división la cosa "por su naturaleza absolutamente indivisible"; y el art. 273 CC resuelve: "Si la cosa sólo es indivisible en sí misma, y los condueños no convienen en que se adjudique a alguno de ellos, reintegrando a los otros en dinero, se venderá la cosa y se repartirá el precio."

Conviene distinguir la divisibilidad material (física) de la divisibilidad intelectual o por cuotas, que siempre cabe sobre el derecho de propiedad aunque la cosa sea físicamente indivisible: de ahí la copropiedad por cuotas ideales del art. 270 CC, donde los dueños ejercen los derechos del propietario singular "en proporción a la parte que cada uno tenga en la propiedad común", sin poder disponer de parte determinada de la cosa antes de la división. La servidumbre, por su parte, es indivisible por mandato legal: el art. 372 CC dispone que aunque el fundo sirviente o el dominante se dividan, "la servidumbre no se modifica".

4.8. Según razones históricas de orden socioeconómico: cosas muebles e inmuebles

Fundamento: arts. 254, 255 y 256 CC. Es la summa divisio del sistema.

La división mueble/inmueble es de raíz histórica: en la economía agraria el suelo era la riqueza por excelencia, lo que explica el régimen reforzado de los inmuebles (publicidad registral, formalidades, prescripción más larga). El CC la construye en tres preceptos:

Inmuebles por naturaleza (art. 254 CC):

1. Las tierras, los edificios y demás construcciones que se hagan en la tierra.
2. Las plantas, mientras estén unidas a la tierra, y los frutos pendientes de las mismas plantas.

Inmuebles por disposición de la ley (art. 255 CC):

1. Todo lo que esté adherido a la tierra, o unido a los edificios y construcciones, de manera fija y permanente (inmuebles por adhesión o destino).
2. Las servidumbres y demás derechos reales sobre inmuebles (inmuebles por el objeto al que se aplican: la incorporalidad del derecho no impide su calificación inmobiliaria).

Muebles (art. 256 CC): regla de cierre por exclusión: "Todas las cosas o derechos no comprendidos en los artículos anteriores, son muebles."

La extensión vertical del dominio sobre el inmueble la fija el art. 505 CC: la propiedad "no se limita a la superficie de la tierra, sino que se extiende por accesión a lo que está sobre la superficie y a lo que está debajo", de modo que toda obra o plantación en un terreno se presume hecha por el propietario (art. 506 CC).

Quíntuple relevancia del régimen.

1. Transmisión. Entre partes, la propiedad de muebles e inmuebles se transmite por el solo convenio (art. 480 CC); frente a terceros, el mueble exige tradición (art. 481 CC) y el inmueble, inscripción registral (arts. 267 y 268 CC).
2. Reivindicación del mueble. La cosa mueble perdida o robada puede reivindicarse dentro de tres años, con protección del adquirente de buena fe en feria o venta pública o a mercader que vende cosas semejantes (art. 481 CC) —"posesión vale título" atenuada—; correlativamente, la nulidad de la venta de cosa ajena no se aplica a muebles respecto del comprador de buena fe que entró en posesión real (art. 1065 CC).
3. Garantía real. La cosa inmueble se grava con hipoteca (arts. 409 y siguientes CC); la cosa mueble, con prenda o garantía mobiliaria (arts. 530 y siguientes CCom). La distinción mueble/inmueble determina, pues, el tipo de garantía aplicable (infra § 4.9 y § 5).
4. Derecho internacional privado. Los inmuebles situados en el país se rigen por la ley costarricense aunque pertenezcan a extranjeros (art. 24 CC); los muebles siguen, con matices, un régimen distinto (art. 25 CC).
5. Modos de adquirir y prescripción. La ocupación solo alcanza muebles (art. 485 CC); los inmuebles sin dueño son del Estado (art. 486 CC). La prescripción positiva exige diez años de posesión para inmuebles (art. 860 CC) y tres años para muebles cuando no hay otro título que la posesión (art. 862 CC).

4.9. Según su registrabilidad: cosas registrables y no registrables

Fundamento: arts. 267 y 268 CC (Registro Público de la Propiedad) y arts. 236 a 241 CCom (Registro de Bienes Muebles).

• Cosas registrables: aquellas cuyos actos de constitución, transmisión y gravamen acceden a un registro público con efectos frente a terceros.
  • Inmuebles. La inscripción no es indiferente para los plenos efectos del derecho. El art. 267 CC: "Para que la propiedad sobre inmuebles surta todos los efectos legales, es necesario que se halle debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad." El art. 268 CC extiende la carga a "cualquiera limitación de la propiedad sobre inmuebles" para que perjudique a tercero, y el art. 861 CC subordina la prescripción contra tercero a la inscripción del título.
  • Muebles registrables. Ciertos muebles identificables acceden al Registro de Bienes Muebles. El art. 237 CCom: se inscriben "todos aquellos muebles no fungibles que puedan identificarse ya sea por su número, serie o marca u otras características que lo describan"; y el art. 238 CCom precisa que esa inscripción es facultativa, a solicitud del propietario. El art. 240 CCom fija el efecto: el documento sobre un mueble inscrito afecta a terceros desde su presentación al Registro.
• Cosas no registrables: las que carecen de acceso registral, cuyo tráfico se rige por la posesión y la tradición (la generalidad de los muebles fungibles y de uso común).

La registrabilidad tiene, además, proyección procesal cautelar: el Código Procesal de Familia distingue entre la inmovilización registral de "los bienes inmuebles o muebles registrables e inscritos" (art. 139 CPFam) y, para los muebles no inscritos, el inventario y depósito judicial (art. 143 CPFam). La condición de registrable determina, pues, qué medida cautelar procede.

Lectura teleológica. La registrabilidad es un criterio funcional, no ontológico: persigue publicidad y seguridad del tráfico. Por eso el sistema la impone donde el valor y la permanencia de la cosa lo justifican (inmuebles, art. 267 CC) y la deja facultativa donde solo añade certeza identificatoria (muebles del art. 238 CCom). La distinción registrable/no registrable se monta sobre la de mueble/inmueble (§ 4.8) y la refina con un dato moderno: la trazabilidad de la cosa por número, serie o marca.

4.10. Clasificación complementaria: cosas embargables e inembargables

Aunque el temario no la enuncia con rúbrica propia, esta distinción es la traducción operativa de la responsabilidad patrimonial universal del art. 981 CC y completa el cuadro de la comercialidad.

• Regla general: todos los bienes del patrimonio responden de las deudas (art. 981 CC), de modo que en principio toda cosa es embargable.
• Cosas inembargables por razones humanitarias y de subsistencia (art. 984 CC): no pueden perseguirse ni embargarse, entre otros, los sueldos en la parte que el Código de Trabajo declara inembargable, las jubilaciones y pensiones, el menaje de casa y la ropa de uso personal del deudor y su familia, los libros y útiles necesarios para su profesión u oficio, los instrumentos del artesano o agricultor, los alimentos para el consumo familiar de un mes y los derechos puramente personales como el de uso y habitación.
• Cosas inembargables por afectación familiar: el inmueble afectado a habitación familiar no puede ser perseguido por acreedores personales del propietario (art. 42 CFam).
• Cosas inembargables del dominio público: los bienes de titularidad pública destinados al uso común o a servicios esenciales (art. 170 CPCA), frente a los de dominio privado de la Administración no afectos a un fin público, que sí lo son (art. 169 CPCA).

La inembargabilidad es, en todos los casos, una restricción de la comercialidad fundada en un fin de protección superior: la dignidad y subsistencia de la persona, la familia o el interés general.

5. La cosa como objeto de derechos reales: dominio, garantía y servidumbre

Las clasificaciones anteriores cobran sentido cuando se observan en funcionamiento sobre los derechos reales, que recaen sobre la cosa misma (art. 259 CC). Tres familias condensan la materia.

a) Modos de adquirir el dominio. El art. 484 CC enumera, junto al convenio, los modos de adquirir: "la ocupación, la accesión, la herencia o el legado y la prescripción". Cada uno presupone una clasificación previa de la cosa: la ocupación solo opera sobre muebles sin dueño (§ 4.2); la accesión sigue la suerte de lo principal e incorpora a la cosa lo que se le une (arts. 505-512 CC); la prescripción positiva adquiere la propiedad por la posesión cualificada.

b) La prescripción como adquisición y como pérdida. El art. 853 CC fija las condiciones de la prescripción positiva —título traslativo de dominio, buena fe y posesión—, y el art. 856 CC exige que la posesión sea "en calidad de propietario, continua, pública y pacífica". Los plazos distinguen según la naturaleza de la cosa: diez años para inmuebles (art. 860 CC), tres para muebles sin más título que la posesión (art. 862 CC). Su reverso es la prescripción negativa, por la que "se pierde un derecho" con el solo transcurso del tiempo (art. 865 CC), siendo el plazo ordinario de diez años (art. 868 CC).

c) Las garantías reales y su dependencia de la clasificación de la cosa. El derecho real de garantía recae sobre una cosa para asegurar una obligación. El sistema lo bifurca según el objeto sea inmueble o mueble:

• Hipoteca (cosa inmueble). El art. 410 CC establece la regla básica —"Sólo puede hipotecar quien puede enajenar"— y enumera lo no susceptible de hipoteca: los bienes inalienables, los frutos o rentas pendientes separados del predio, los muebles colocados permanentemente en un edificio salvo con este, las servidumbres salvo con el predio dominante, los derechos de uso y habitación, el arrendamiento y el derecho de poseer una cosa en concepto distinto del de dueño. La enumeración confirma que la hipoteca presupone una cosa inmueble enajenable y de dominio pleno.
• Prenda (cosa mueble). Regulada en los arts. 530 y siguientes CCom y, para los muebles inscribibles, complementada por la Ley de Garantías Mobiliarias (N.° 9246). La cosa dada en prenda limita su responsabilidad a la suma garantizada (art. 545 CCom) y otorga al acreedor un privilegio especial oponible a terceros desde su presentación al Registro (arts. 540, 542 CCom).

d) Las servidumbres. Recaen sobre inmuebles y solo pueden imponerse en favor o a cargo de un fundo, nunca de una persona (art. 370 CC). Son inseparables del fundo (art. 371 CC) e indivisibles (art. 372 CC), y se extinguen, entre otras causas, por confusión de ambos predios en un solo dueño o por el no uso durante el plazo de prescripción (art. 381 CC). Ilustran la categoría de la cosa incorporal inmueble (art. 255 inc. 2º CC).

e) La defensa de la cosa. El ordenamiento dota al titular de acciones según la intensidad del poder afectado: la acción reivindicatoria se dirige contra todo el que posea como dueño y subsiste mientras otro no haya adquirido por prescripción positiva (art. 320 CC); las acciones posesorias, ordinaria o sumarísima, protegen a quien ha sido privado de la posesión (arts. 317, 322, 323 CC); y la violación de bienes o derechos ajenos genera la obligación de indemnizar (art. 324 CC).

6. Cuadro de síntesis

Criterio	Categorías	Norma medular
Noción legal del bien	Mueble/inmueble, corporal/incorporal	CC 253
Patrimonio (universalidad)	Conjunto de bienes y derechos; garantía universal	CC 294, 981
Materialidad	Corporales / incorporales (derechos; propiedad intelectual; títulos valores)	CC 253, 258, 259, 260, 275; CPol 47; CCom 669 bis, 687
Dominio	Comunes / sin dueño (res nullius) / abandonadas / perdidas	CC 485, 486, 487, 488, 502-504
Comercialidad	En el comercio / restringidas (afectación) / fuera del comercio	CC 262, 629, 631 inc. 1º; CFam 42-47
Sujeto titular	Privadas / públicas (y dominio privado de la Administración)	CC 261, 262, 263; CPCA 169, 170; CP 226, 227
Consideración social	Fungibles / no fungibles	CC 257; CCom 523, 528, 237
Resistencia al uso	Consumibles / no consumibles	CC 257, 337, 342, 343
Divisibilidad	Divisibles / indivisibles	CC 662, 270, 272, 273, 372
Orden socioeconómico	Muebles / inmuebles	CC 254, 255, 256, 505, 506
Registrabilidad	Registrables / no registrables	CC 267, 268, 861; CCom 237, 238, 240; CPFam 139, 143
Embargabilidad	Embargables / inembargables	CC 981, 984; CFam 42; CPCA 169, 170
Modos de adquirir	Ocupación, accesión, herencia, prescripción, convenio	CC 480, 484, 485, 853, 860, 862
Objeto de garantía	Hipoteca (inmueble) / prenda (mueble)	CC 410; CCom 530 ss., 545; Ley 9246

7. Cierre interpretativo

Leído en conjunto, el régimen de los bienes revela que las clasificaciones de las cosas no son taxonomías neutras, sino reglas de régimen: cada par —mueble/inmueble, dentro/fuera del comercio, público/privado, divisible/indivisible, registrable/no registrable, embargable/inembargable— selecciona un conjunto distinto de normas aplicables, y esa selección se hace operativa al proyectarse sobre los derechos reales: la cosa inmueble se transmite con inscripción, se gana por prescripción decenal y se grava con hipoteca; la cosa mueble se transmite por tradición, se gana por ocupación o por prescripción trienal y se grava con prenda. Desde el marco teleológico, el hilo común es la aptitud de la cosa para satisfacer intereses jurídicamente protegidos; desde el sistemático, la summa divisio mueble/inmueble (arts. 254-256 CC) es el eje del que cuelgan las demás distinciones, mientras la afectación a un fin de utilidad general (art. 261 CC) o de protección familiar (art. 42 CFam) opera como la bisagra que modula la comercialidad y comunica el régimen civil con el constitucional (art. 45 CPol), el mercantil (prenda y títulos valores), el procesal contencioso (arts. 169-170 CPCA) y el de familia. La coherencia del sistema se aprecia, finalmente, en que el mismo criterio que define el objeto idóneo de la obligación —posible, lícito, determinado (arts. 629-631 CC)— es el que, proyectado sobre las cosas, ordena toda la materia de los bienes y de los derechos reales que sobre ellas se constituyen.

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