El 18 de mayo de 2026, un magistrado
federal de Connecticut ordenó a una organización ambiental revelar los prompts
que usó su perita. En junio, La Nación informó que en Puriscal dos
abogados pidieron a un perito que dijera si usó inteligencia artificial y que
entregara sus prompts. El 29 de septiembre, una jueza federal de Nevada
resolvió que los prompts de un perito no se entregan, pero sí las
respuestas que la máquina le dio para formar su opinión.
Los tres expedientes plantean la misma
pregunta: si un perito trabaja con inteligencia artificial, qué parte de esa
conversación debe revelar.
El caso de Nevada es Villanueva v.
Las Vegas Metropolitan Police Department (2026), una demanda por abusos
contra un detenido en el Clark County Detention Center. Lo reviso primero.
Luego reviso el caso de Connecticut y un precedente de California sobre
consultores que no menciona la inteligencia artificial, y cierro con Puriscal.
Tom Melton, perito de la parte actora,
declaró en su deposición del 1 de octubre de 2025 que “relied upon ChatGPT, an
artificial intelligence program, to assist him with researching and drafting
his expert report” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department,
2026, p. 3) (Traducción libre: “se apoyó en ChatGPT, un programa de
inteligencia artificial, para asistirse en la investigación y la redacción de
su dictamen pericial”).
Ese uso no se había revelado. La defensa
ya había citado al actor para que entregara “all data, documents, and other
information considered by expert witness in forming the expert’s opinions” (Villanueva
v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 3) (Traducción libre:
“todos los datos, documentos y demás información considerados por el perito al
formar sus opiniones”). Cuando la defensa pidió el historial de conversaciones,
el actor se negó y lo anotó en su registro de privilegios como “Attorney/Expert
Work Product; Trial Preparation: Materials” (Villanueva v. Las Vegas
Metropolitan Police Department, 2026, p. 3) (Traducción libre: “Producto
del trabajo del abogado y del perito; materiales de preparación del juicio”).
El magistrado Daniel J. Albregts ordenó
entregar el historial completo, de unas cuarenta páginas, “because Melton
considered it in forming and supporting his opinions” (Villanueva v. Las
Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 3) (Traducción libre:
“porque Melton lo consideró al formar y fundamentar sus opiniones”). Rechazó
que fuera un borrador, porque “the log was neither created by Melton nor does
the log itself serve as a draft of the entire report” (Villanueva v. Las
Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 3) (Traducción libre: “el
historial ni fue creado por Melton ni sirve por sí mismo como borrador del
dictamen completo”), y descartó el privilegio entre abogado y cliente.
El magistrado no leyó el historial.
Decidió con la descripción del actor, que distinguía tres usos:
- Resúmenes
de jurisprudencia sobre fuerza excesiva.
- Consultas
para “create a deposition outline for an excessive force case, which
apparently the expert used to predict likely questions at deposition
(classic trial/litigation preparation work)” (Villanueva v. Las Vegas
Metropolitan Police Department, 2026, p. 4) (Traducción libre:
“elaborar un esquema de deposición para un caso de fuerza excesiva, que
aparentemente el perito usó para anticipar las preguntas probables en la
deposición (típico trabajo de preparación del juicio o del litigio)”).
- Análisis
para el dictamen, que el actor calificó como “classic protected draft
report information” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police
Department, 2026, p. 4) (Traducción libre: “típica información
protegida de borrador del dictamen”).
La jueza de distrito Anne R. Traum
revisó esa decisión. Solo podía corregirla si era claramente errónea o
contraria a derecho. Una decisión es claramente errónea cuando, aun con prueba
que la respalde, el revisor “on the entire evidence is left with the definite
and firm conviction that a mistake has been committed” (United States v.
Ressam, 2010, como se citó en Villanueva v. Las Vegas Metropolitan
Police Department, 2026, p. 1) (Traducción libre: “a la luz de toda la
prueba, queda con la convicción definitiva y firme de que se cometió un
error”). La parte que se opone a la exhibición “bears the burden of showing why
that discovery should be not permitted” (Villanueva v. Las Vegas
Metropolitan Police Department, 2026, p. 2) (Traducción libre: “soporta la
carga de demostrar por qué esa exhibición no debe permitirse”).
La reforma de 2010 a las Reglas
Federales de Procedimiento Civil limitó lo que el perito debe revelar a los
“facts or data considered” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police
Department, 2026, p. 5) (Traducción libre: “hechos o datos considerados”).
El texto anterior hablaba de “data or other information” (Villanueva v. Las
Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 5) (Traducción libre: “datos
u otra información”), y muchos tribunales lo leían como una obligación de
revelar todas las comunicaciones con el abogado y todos los borradores.
Con la regla actual, el perito revela
los hechos o datos que consideró. Sus borradores y las impresiones mentales,
conclusiones y teorías jurídicas de la parte y sus representantes están
protegidos. La jueza dividió el historial en cuatro bloques y ordenó entregar
solo uno.
El bloque que se entrega es el de los
resúmenes de jurisprudencia. Para el Noveno Circuito, la obligación de revelar
abarca “‘any material considered by the expert, from whatever source, that
contains factual ingredients’” (Republic of Ecuador v. Mackay, 2014,
como se citó en Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department,
2026, p. 6) (Traducción libre: “‘cualquier material considerado por el perito,
de cualquier fuente, que contenga elementos fácticos’”). La jueza concluyó:
“The legal case summaries generated by ChatGPT constitute ‘facts or data’ that
Melton considered and must be disclosed under Rule 26” (Villanueva v. Las
Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 6) (Traducción libre: “Los
resúmenes jurisprudenciales generados por ChatGPT constituyen ‘hechos o datos’
que Melton consideró y que deben revelarse conforme a la Regla 26”).
La obligación existe aunque el perito
solo haya consultado los resúmenes. Aunque el experto “only consulted the
summaries as a quick-reference guide, he still considered the summaries within
the meaning of Rule 26” (Hirata v. S. Nevada Health Dist., 2016, como se
citó en Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p.
6) (Traducción libre: “solo haya consultado los resúmenes como guía de
referencia rápida, aun así los consideró en el sentido de la Regla 26”).
La jueza citó también Jackson v.
Tesla, Inc. (2024), un caso que obligó a revelar el trabajo de un consultor
“when expert instructed consultant to sort through database and produce data to
review for report” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department,
2026, p. 6) (Traducción libre: “cuando el perito instruyó al consultor para que
revisara una base de datos y produjera datos que examinar para el dictamen”).
Más abajo explico ese caso.
La jueza dio una razón práctica: el
historial es el único lugar donde la contraparte puede revisar las supuestas
“‘hallucinated case citations…quotes…and references to broad legal standards’
that Melton relied upon, or at least considered, to reach his opinion” (Villanueva
v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 7) (Traducción libre:
“‘citas jurisprudenciales alucinadas… citas textuales… y referencias a
estándares jurídicos generales’ en las que Melton se apoyó, o que al menos
consideró, para llegar a su opinión”). Si la herramienta inventó un precedente
y el perito lo usó, la contraparte necesita saberlo.
Las preguntas que el perito hizo a
ChatGPT no se entregan. La jueza las compara con una búsqueda en internet: “a
question is not something that an expert can ‘consider’ or ‘rely’ upon as
‘facts or data’ in reaching their opinion, just as an expert would not
‘consider’ or ‘rely’ upon their online research queries” (Villanueva v. Las
Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 7) (Traducción libre: “una
pregunta no es algo que un experto pueda ‘considerar’ o en lo que pueda
‘apoyarse’ como ‘hechos o datos’ para llegar a su opinión, del mismo modo que
un experto no ‘considera’ ni ‘se apoya’ en sus búsquedas en línea”).
La jueza también consideró que las
preguntas muestran el razonamiento del perito. Según el Noveno Circuito, “the
driving purpose of the 2010 amendments was to protect opinion work product” (Republic
of Ecuador v. Mackay, 2014, como se citó en Villanueva v. Las Vegas
Metropolitan Police Department, 2026, p. 8) (Traducción libre: “el
propósito central de las reformas de 2010 fue proteger el producto del trabajo
que contiene opiniones”). Las preguntas indican qué temas le importan al perito
y qué teoría del caso sigue.
El esquema que el perito preparó para su
deposición tampoco se entrega, porque no sirvió para formar su opinión:
“Instead of using ChatGPT’s outputs to inform his expert opinion, Melton used
ChatGPT’s responses to structure his preparation for his deposition and trial”
(Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 8)
(Traducción libre: “En lugar de usar los resultados de ChatGPT para informar su
opinión pericial, Melton usó sus respuestas para estructurar la preparación de
su deposición y del juicio”).
La jueza mencionó que algunos tribunales
extienden esta protección a los peritos: “Expert opinions are protected by the
work product doctrine, which extends to litigation consultants and retained
experts” (Coppola v. Smith, 2015, como se citó en Villanueva v. Las
Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 9) (Traducción libre: “Las
opiniones periciales están protegidas por la doctrina del producto del trabajo,
que se extiende a los consultores de litigio y a los peritos contratados”).
Añadió que, sin ese privilegio, el esquema igual estaría protegido, porque
“such an outline would reveal Melton’s focus, priorities, or areas of concern
to address in the deposition and at trial” (Villanueva v. Las Vegas
Metropolitan Police Department, 2026, p. 9) (Traducción libre: “ese esquema
revelaría el enfoque, las prioridades o las áreas de preocupación de Melton
para la deposición y el juicio”).
El cuarto bloque es el borrador del
dictamen. Melton reconoció que a veces copiaba y pegaba respuestas de ChatGPT
en su informe. Para la jueza, eso es un borrador, y la regla federal protege
los borradores “regardless of the form in which the draft is recorded” (Villanueva
v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 9) (Traducción libre:
“sin importar el formato en que el borrador quede registrado”). La jueza
concluyó: “It appears that Melton’s usage of the ChatGPT responses was to
assist in his writing and analysis of his expert report, rather than to create
‘facts or data’ to consider in forming his opinion” (Villanueva v. Las Vegas
Metropolitan Police Department, 2026, p. 9) (Traducción libre: “Todo indica
que Melton usó las respuestas de ChatGPT para asistirse en la redacción y el
análisis de su dictamen, y no para generar ‘hechos o datos’ que considerar al
formar su opinión”).
La defensa alegó que un texto escrito
por la máquina no puede ser borrador del perito. La jueza respondió que sí lo
es, porque el perito lo incorporó al informe, y agregó un fundamento
subsidiario: “Even if the ChatGPT output is not a draft report protected under
Rule 26(b)(4)(B), it would still be mental impressions protected from
disclosure under Rule 26(b)(3)(b) [sic]” (Villanueva v. Las Vegas
Metropolitan Police Department, 2026, p. 10) (Traducción libre: “Aun si el
resultado de ChatGPT no fuera un borrador protegido por la Regla 26(b)(4)(B),
seguiría tratándose de impresiones mentales protegidas de la revelación por la
Regla 26(b)(3)(B)”).
La jueza revisó el historial en privado
y concluyó que el magistrado podía decidir sin hacerlo: “Having conducted an in
camera review of the history log, the Court finds that Judge Albregts did not
clearly err in relying upon Plaintiff’s good-faith representation of the
history logs” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department,
2026, p. 10) (Traducción libre: “Habiendo revisado el historial en privado, el
Tribunal concluye que el juez Albregts no incurrió en error manifiesto al
confiar en la descripción de buena fe que el actor hizo de los historiales”).
Citó un precedente local según el cual “in camera review is generally
disfavored” (Ideal Elec. Co. v. Flowserve Corp., 2005, como se citó en Villanueva
v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 10) (Traducción
libre: “la revisión en privado es en general desfavorecida”).
También resolvió que usar ChatGPT no
implica renunciar a la confidencialidad, un punto que el magistrado no había
decidido: “Because ChatGPT is not a person, but was an application used in this
instance as a research, drafting, and editing program, the Court finds that any
privileged information is not waived by Melton’s use of the program” (Villanueva
v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 10) (Traducción
libre: “Como ChatGPT no es una persona, sino una aplicación usada en este caso
como programa de investigación, redacción y edición, el Tribunal concluye que
el uso del programa por Melton no implica renuncia a ninguna información
privilegiada”).
Para la contraparte, la vía es el
juicio. Según la orden, “many of Defendant’s concerns about Melton’s
methodology and reliance on ChatGPT are appropriate to address at trial as
matters of impeachment” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police
Department, 2026, p. 11) (Traducción libre: “muchas de las preocupaciones
de la parte demandada sobre la metodología de Melton y su dependencia de
ChatGPT pueden plantearse en el juicio como cuestiones de impugnación de su
credibilidad”).
En Connecticut el resultado fue
distinto. En Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil
Co. (2026), un litigio
ambiental, el magistrado Thomas O. Farrish resolvió una solicitud de los
demandados sobre los materiales en que se apoyó la perita de la actora, Naomi
Oreskes. Las partes resolvieron casi todo y quedó pendiente “their dispute
concerning Defendants’ request for the prompts Dr. Oreskes used in conducting
her AI analysis and outputs” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil
Co., 2026) (Traducción libre: “su controversia sobre la solicitud de los
demandados de los prompts que la Dra. Oreskes usó para realizar su análisis con
inteligencia artificial y sus resultados”). La actora presentó tres defensas y
el magistrado rechazó las tres.
La primera defensa fue que los prompts
de un perito no entran en la exhibición. El magistrado respondió que “An expert
witness’s methodology is fair ground for discovery” (Conservation Law
Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “La metodología
de un perito es terreno legítimo de la exhibición probatoria”). Citó Macchia
v. ADP, Inc. y explicó que, “under the facts of this case, the process by
which Dr. Oreskes culled down the defendants’ document production into a subset
to be worked with is an aspect of that methodology” (Conservation Law
Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “según los
hechos de este caso, el proceso mediante el cual la Dra. Oreskes depuró la producción documental
de los demandados hasta un subconjunto de trabajo es un aspecto de esa
metodología”). La frase “según los hechos de este caso” limita el alcance de la
orden: no declara revelables todos los prompts de cualquier perito.
La segunda defensa fue un acuerdo entre
las partes para no pedirse las “expert notes, drafts, or communications needed
by, and made during, the report drafting process” (Conservation Law
Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “notas,
borradores o comunicaciones del perito necesarios para el proceso de redacción
del dictamen y producidos durante él”). La actora sostuvo que los prompts
eran “notas”. El magistrado no lo aceptó: “But this is not so obvious as to be
‘quite clear,’ and accordingly it is not a sound basis for denying discovery
that is otherwise within the scope of Rule 26(b)” (Conservation Law
Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “Pero esto no
es tan evidente como para ser ‘del todo claro’, y por tanto no es una base
sólida para negar una exhibición que por lo demás cae dentro del alcance de la
Regla 26(b)”).
La tercera defensa fue que no existían prompts.
Según la actora, la perita “did not use ‘prompts,’ but rather only applied
‘search terms’” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co.,
2026) (Traducción libre: “no usó ‘prompts’, sino que solo aplicó ‘términos de
búsqueda’”). Cuando una parte afirma de buena fe que algo no existe, en
principio no se le puede ordenar producirlo, porque “one cannot be required to
produce the impossible” (Zervos v. S.S. Sam Houston, 1978, como se citó
en Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción
libre: “no se puede obligar a nadie a producir lo imposible”). Esa regla no se
aplica cuando quien pide tiene una razón “backed up by solid evidence rather
than mere suspicion” (Lewis v. Doe, 2021, como se citó en Conservation
Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “respaldada
por prueba sólida y no por mera sospecha”). En este caso la había: “Dr.
Oreskes’ assistant, Dr. Alexander Kaurov, referenced ‘prompt[s]’ in his
declaration” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026)
(Traducción libre: “el asistente de la Dra. Oreskes, el Dr. Alexander Kaurov,
mencionó ‘prompt[s]’ en su declaración”).
El magistrado ordenó: “CLF is ordered to
revise its responses to any Rule 33 interrogatories or Rule 34 requests for
production that call for disclosure of any artificial intelligence prompts
and/or queries used by Dr. Oreskes or her team in the course of producing her
expert witness report” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co.,
2026) (Traducción libre: “Se ordena a CLF revisar sus respuestas a todo
interrogatorio de la Regla 33 o solicitud de exhibición de la Regla 34 que
requiera revelar cualquier prompt o consulta de inteligencia artificial
utilizado por la Dra. Oreskes o su equipo durante la elaboración de su dictamen
pericial”).
La
orden incluyó una advertencia: “If, after a diligent search, CLF determines
that no additional responsive materials exist, it shall say so in its response,
signed by the appropriate person under Rule 33 or 34. Rule 37(b) sanctions may
then become available to the defendants if that representation is later
revealed to be untrue” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co.,
2026) (Traducción libre: “Si, tras una búsqueda diligente, CLF determina que no
existen materiales adicionales responsivos, deberá indicarlo en su respuesta,
firmada por la persona correspondiente conforme a la Regla 33 o 34. Los demandados podrán entonces solicitar
las sanciones de la Regla 37(b) si esa afirmación resulta luego falsa”). El
plazo vencía el 1 de junio de 2026.
La actora objetó la orden ante el juez
de distrito. Según Dechert, “The district court stayed the order
pending resolution of CLF’s objection” (Dechert LLP, 2026, párr. 8) (Traducción libre: “El tribunal de
distrito suspendió la orden mientras se resuelve la objeción de CLF”).
Jackson v. Tesla, Inc. (2024), el caso que citó la jueza de
Nevada, trata de un consultor y no de inteligencia artificial, pero el problema
es el mismo. En una demanda por aceleración involuntaria de vehículos, un
consultor contratado por los actores revisó las quejas de una base de datos
pública de la autoridad federal de seguridad vial. Lo hizo “using criteria and
instructions supplied by plaintiffs’ expert Dr. Singer” (Jackson v. Tesla,
Inc., 2024, p. 1) (Traducción libre: “usando criterios e instrucciones
proporcionados por el perito de los actores, el Dr. Singer”) y separó las
quejas “confirmadas” de las “sospechosas”. El perito basó su opinión principal
en esa clasificación. Como en Nevada, la contraparte se enteró de la delegación
en la deposición del perito, porque el dictamen no la mencionaba (Jackson v.
Tesla, Inc., 2024).
Los
actores alegaron que el consultor “simply performed an administrative function
under the direction of and according to search terms provided by . . . Dr. Singer” (Jackson v. Tesla, Inc.,
2024, p. 3) (Traducción libre: “simplemente cumplió una función administrativa
bajo la dirección del Dr. Singer y conforme a los términos de búsqueda que este
le proporcionó”). La magistrada Virginia K. DeMarchi lo rechazó: “The record
does not support plaintiffs’ assertion that the consultant merely performed an
‘administrative function’ that required no analysis or judgment” (Jackson v.
Tesla, Inc., 2024, p. 3) (Traducción libre: “El expediente no respalda la
afirmación de los actores de que el consultor se limitó a cumplir una ‘función
administrativa’ que no requería análisis ni criterio”). En la deposición, el
perito admitió que solo revisó una parte de los datos y no supo explicar cómo
el consultor aplicó sus instrucciones (Jackson v. Tesla, Inc., 2024).
La magistrada citó al Noveno Circuito:
las protecciones de los borradores, de las comunicaciones con el abogado y del
producto del trabajo “‘do not impede discovery about the opinions to be offered
by the expert or the development, foundation, or basis of those opinions’” (Republic
of Ecuador v. Mackay, 2014, como se citó en Jackson v. Tesla, Inc.,
2024, p. 3) (Traducción libre: “‘no impiden la exhibición sobre las opiniones
que ofrecerá el perito ni sobre el desarrollo, el fundamento o la base de esas
opiniones’”).
Concluyó que “The consultant’s work
forms part of the ‘basis’ of Dr. Singer’s expert opinion and is among the
‘facts or data’ he considered” (Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 4)
(Traducción libre: “El trabajo del consultor forma parte de la ‘base’ de la
opinión pericial del Dr. Singer y se encuentra entre los ‘hechos o datos’ que
consideró”), y fijó el alcance de la exhibición: “Thus, Rule 26(a)(2)(B)
requires disclosure of the consultant’s work and, at a minimum, permits
discovery of how the consultant performed the VOQ analysis” (Jackson v.
Tesla, Inc., 2024, p. 4) (Traducción libre: “Así, la Regla 26(a)(2)(B)
exige revelar el trabajo del consultor y, como mínimo, permite indagar cómo
realizó el análisis de la base de datos”).
La protección de los consultores que no
declaran no aplicaba. Esa protección cubre a quien solo ayuda a preparar el
juicio, y los actores ofrecieron una opinión pericial “that expressly relies on
that consultant’s substantive work” (Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 4)
(Traducción libre: “que se apoya expresamente en el trabajo sustantivo de ese
consultor”).
La magistrada explicó que negar la
exhibición “effectively prevents Tesla from testing whether the VOQ analysis
was done according to Dr. Singer’s instructions” (Jackson v. Tesla, Inc.,
2024, p. 4) (Traducción libre: “impide en la práctica que Tesla verifique si el
análisis de la base de datos se hizo conforme a las instrucciones del Dr.
Singer”). También señaló que “it prevents Tesla from exploring the reliability
of Dr. Singer’s principal opinion” (Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 4)
(Traducción libre: “impide a Tesla examinar la confiabilidad de la opinión
principal del Dr. Singer”).
La orden obligó a revelar la identidad
del consultor, los documentos y comunicaciones sobre su análisis, la hoja de
cálculo con los resultados y sus facturas. Dispuso una deposición del consultor
de hasta tres horas y una nueva deposición del perito de hasta dos. Si había
más de un consultor, la orden alcanzaba a cada uno (Jackson v. Tesla, Inc.,
2024).
Las tres órdenes siguen un criterio
parecido. Una herramienta de inteligencia artificial que filtra o clasifica la
prueba hace lo mismo que el consultor de Tesla: un trabajo sustantivo
por encargo del perito, que el perito no siempre puede explicar. Si la
herramienta decide qué documentos lee el perito, como en Connecticut, o le
entrega contenido que usa para su opinión, como los resúmenes en Nevada, ese
trabajo se revela.
En Connecticut y en California, la parte
describió lo delegado de forma parecida: “search terms” en un caso y una
“administrative function” conforme a “search terms” en el otro. Ningún tribunal
aceptó esa descripción sin revisar qué hizo el asistente.
La diferencia está en los prompts.
Nevada los trata como búsquedas en internet, que no se revelan. Connecticut
trata como metodología revelable las consultas usadas para filtrar documentos,
sin analizar la protección de borradores ni el producto del trabajo. Para los
tres tribunales, lo relevante es para qué usó el perito la herramienta y si
puede explicar lo que hizo.
Los tres casos también muestran cuánto
vale la palabra de la parte que tiene el material. En Nevada, el magistrado
decidió con la descripción del actor, y la jueza confirmó esa descripción al
revisar el historial. En Connecticut, el magistrado no aceptó la versión de la
actora porque una declaración del equipo de la perita la contradecía. En
California, la deposición del perito contradijo que el trabajo del consultor
fuera administrativo. La afirmación de buena fe de una parte se acepta mientras
ninguna prueba la contradiga.
La orden de Nevada tiene puntos débiles:
- Aplica
a un perito testigo una protección prevista para las impresiones mentales
del abogado y de los representantes de la parte, con apoyo en un solo
precedente de distrito. El Noveno Circuito ha dicho que la protección
ordinaria del producto del trabajo “would typically be waived where the
materials are disclosed to a testifying expert” (Republic of Ecuador v.
Mackay, 2014, como se citó en Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p.
3) (Traducción libre: “normalmente se pierde cuando los materiales se
entregan a un perito que declarará”). Esa nota no se refiere al
razonamiento propio del perito, pero es difícil conciliarla con una
protección amplia de todo lo que pasa por sus manos.
- La
línea entre bloques no es clara. El resumen consultado se revela y el
texto incorporado al dictamen se protege, aunque un mismo resultado de la
herramienta puede ser ambas cosas.
- Se
entregan las respuestas sin las preguntas que las produjeron, lo que
dificulta verificar las alucinaciones que justificaron la revelación.
- La
orden no explica qué ocurre con los datos que conserva el proveedor de la
herramienta.
- El
magistrado también se apoyó en el inciso que regula los anexos del
dictamen, y la jueza no lo analiza.
- No
fija plazo ni método para separar los bloques del historial, ni indica
cómo registrar lo que se retiene.
- El
perito reveló el uso de ChatGPT en la deposición, pese a la citación
previa, y la orden no le asigna ninguna consecuencia.
El caso costarricense se tramita ante el
Juzgado Civil y de Trabajo de Puriscal. Según La Nación, es un proceso
por servidumbre de paso agrícola en el que los abogados de una de las partes
cuestionaron al arquitecto designado como perito por el juzgado (Montero,
2026). Primero le pidieron aclarar el informe por supuestas contradicciones,
omisiones e insuficiencias metodológicas. Luego señalaron que su memorial de
aclaración “tiene notorias similitudes con documentos elaborados por
inteligencia artificial” (Montero, 2026, párr. 7).
Los abogados le pidieron al perito:
- Que
dijera si usó inteligencia artificial generativa.
- Que
identificara la herramienta.
- Que
aportara los prompts literales.
- Que
separara lo generado por la herramienta de su propio criterio técnico.
- Que
explicara cómo validó ese contenido antes de firmarlo bajo juramento.
Cuando se publicó la nota, el perito no
había respondido (Montero, 2026). La quinta pregunta es la que el perito de Tesla
no pudo responder sobre el trabajo de su consultor.
Puriscal pide lo que Nevada protege y lo
que Connecticut ordenó revelar. La diferencia es el tipo de perito. En Nevada,
los prompts están protegidos porque muestran las impresiones mentales y
la teoría del caso de un perito contratado por una parte. Un perito designado
por el juzgado no tiene una teoría del caso que proteger; su deber es la
imparcialidad. Sin esa razón, quedan las razones para revelar: verificar si la
herramienta inventó datos y revisar la metodología, como en Connecticut y
California. Nuestro proceso tampoco tiene una doctrina equivalente al producto
del trabajo ni una regla que proteja los borradores del perito.
La parte contra la que se ofrece un
dictamen debe poder examinar sus bases, también cuando provienen de una
herramienta de inteligencia artificial. En Costa Rica, una solicitud como la de
Puriscal tiene mejor sustento que en Nevada.
El formato de un escrito, con secciones
numeradas y títulos en mayúsculas, no prueba que lo haya redactado una máquina.
En Connecticut, la prueba fue una palabra en una declaración jurada. En
California, las respuestas del perito en su deposición. En Puriscal, el estilo
del escrito es un indicio débil. El reproche con más sustento no depende de la
inteligencia artificial: el perito no respondió preguntas concretas.
Recomendaciones para quien litiga:
- Pregunte
en la aclaración o en el interrogatorio si el perito usó inteligencia
artificial, para qué y con qué herramienta.
- Pida
los resultados que el perito consideró para formar su opinión. Incluso con
el criterio de Nevada, ese pedido tiene respaldo.
- Si la
herramienta filtró, seleccionó o clasificó la prueba que revisó el perito,
pida las consultas como parte de su metodología.
- Si la
otra parte describe lo delegado como una tarea administrativa o como
términos de búsqueda, pregunte al perito cómo se hizo. Si no puede
explicarlo, la tarea requirió criterio y su resultado se puede pedir.
- Considere
quién designó al perito. Si es de parte, obtener los prompts es más
difícil. Si lo designó el juzgado, su deber de imparcialidad favorece la
solicitud.
- Busque
prueba que contradiga la versión de la otra parte: declaraciones del
equipo del perito, contradicciones, citas inexistentes. El estilo del
texto no basta.
- Si
pacta reglas sobre notas o borradores del perito, mencione expresamente la
inteligencia artificial. Una cláusula genérica puede no cubrirla.
Recomendaciones para quien perita:
- Registre
qué herramienta usó, para qué y con qué resultados, y conserve el
historial.
- No
llame términos de búsqueda a lo que fueron prompts. Una declaración
de su propio equipo puede contradecirlo.
- Verifique
cada dato, cita o criterio que provenga de la herramienta antes de
incorporarlo.
- Si no
puede explicar cómo la herramienta o su asistente siguió sus
instrucciones, no use ese resultado.
- Informe
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Referencias
Conservation
Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., No. 3:21-cv-00933, ECF No. 970 (D. Conn.
May 18, 2026). https://www.courtlistener.com/docket/60042265/conservation-law-foundation-inc-v-shell-oil-company/
Dechert
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used by expert witness. https://www.dechert.com/knowledge/re-torts/2026/6/Magistrate-Judge-Orders-Production-of-AI-Prompts-Used-by-Expert-Witness.html
Jackson v. Tesla, Inc., No.
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Abogados cuestionan si perito habría usado inteligencia artificial en litigio
por servidumbre de paso. La Nación. https://www.nacion.com/sucesos/abogados-cuestionan-si-perito-habria-usado/WPNRKCJPGJCPJKOL3N4H6IDGYU/story/
Villanueva v. Las Vegas Metropolitan
Police Department, No. 2:24-cv-00125-ART-DJA, ECF No. 112 (D. Nev. Sept.
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