26.2.24

Valores, principios y derechos fundamentales: la impronta neoconstitucionalista en las resoluciones N° 01148-2017 y N° 15279-2017

Valores, principios y derechos fundamentales: la impronta neoconstitucionalista en las resoluciones N° 01148-2017 y N° 15279-2017[1]

 

¿Cómo se define el neoconstitucionalismo?

La noción de neoconstitucionalismo fue adoptada por primera vez a mediados de los años noventa por académicos jurídicos de la Universidad de Génova, siendo Susanna Pozzolo[2], Mauro Barberis y Paolo Comanducci figuras clave en su desarrollo inicial. Un hito fundamental para su reconocimiento fue la conferencia de Pozzolo en el XVIII Congreso de la IVR en Buenos Aires en 1997, con su posterior publicación en español en la revista Doxa, estableciendo así formalmente el término. Este concepto fue creado para identificar y agrupar una serie de enfoques teóricos propuestos por distintos juristas, unidos por su visión similar del derecho y su intención de examinar críticamente y responder a las corrientes positivistas dominantes en la filosofía legal moderna, destacando sus similitudes y diferencias.

Según Pozzolo, el neoconstitucionalismo representa un enfoque unificado hacia la comprensión, interpretación y aplicación jurídica, prestando especial atención a las características que distinguen la interpretación de la constitución de la de otros documentos legales, y cómo estas características promueven una visión única de la Constitución. Los teóricos más influyentes en este campo, mencionados por Pozzolo, incluyen a Dworkin en "La ley de la libertad", Alexy con "El concepto y la validez del derecho", Zagrebelsky en "El derecho flexible", y Nino, parcialmente, con "La constitución de la democracia deliberativa". Aunque el neoconstitucionalismo se posiciona en oposición al iuspositivismo y procura distanciarse del iusnaturalismo, la importancia que otorga a los valores morales en la interpretación del derecho y su énfasis en la relación entre derecho y ética otorgando un papel significativo a los principios morales en la hermenéutica jurídica, así como la interconexión entre el derecho y la moral. Ha provocado que figuras prominentes asociadas con el neoconstitucionalismo, reciban, en ocasiones, una caracterización crítica que los alinea con posturas iusnaturalistas debido a la prioridad que dan a los valores éticos en el análisis y aplicación del derecho.

Para Atienza[3], el concepto de neoconstitucionalismo es eminentemente complejo y elude una definición precisa, reflejando una percepción que se asemeja a la crítica de Flaubert hacia el derecho en su "Diccionario de los lugares comunes": es algo cuya esencia es conocida, sin embargo, definirla con exactitud resulta esquivo.  En palabras textuales “No se puede saber, y no tanto porque se trate de un término desafortunado (por sus muchas ambigüedades) y de un concepto difuso, impreciso (al fin y al cabo, qué concepto no lo es), sino más bien porque estamos frente a algo así como un espantapájaros conceptual construido por algunos autores iuspositivistas para oponerse a ciertas tesis que cuestionan postulados básicos de ese paradigma (Atienza, 2017, p. 73).”  El destacado jurista señala que el neoconstitucionalismo se identifica ideológicamente por su valoración y promoción de la constitucionalización de los derechos, haciendo énfasis en su defensa y extensión. Este concepto se basa en la conexión fundamental entre derecho y moral. Luminarias en el campo jurídico como Alexy, Dworkin, y Zagrebelsky, destacados por Comanducci, abogan por la existencia de un deber moral para adherirse a la Constitución. Tal perspectiva coloca al neoconstitucionalismo dentro del marco del positivismo ideológico, delineándolo como una vertiente que, a pesar de ser considerada errónea y arriesgada por algunos, promulga la obligación moral de obedecer al Derecho (Atienza, 2017, p. 65).

Entonces podemos ir aproximando que el neoconstitucionalismo busca explicar un cambio significativo en cómo entendemos la Constitución Política hoy día, alejándose de una visión tradicional que primordialmente imponía restricciones al poder estatal y definía las competencias de los órganos constitucionales. Reconoce que los derechos fundamentales no se aplican exclusivamente en una relación vertical, es decir, como protecciones que los ciudadanos tienen contra el Estado, sino que aboga por una comprensión más amplia de estos derechos.  En la visión contemporánea de la Constitución se encuentra arraigada la noción de una "sociedad equitativa", que, según las explicaciones de un distinguido académico italiano, sostiene que el objetivo constitucional "es estructurar la comunidad civil (no limitándose únicamente a los órganos de gobierno) y dar forma a las interacciones sociales (extendiéndose más allá de las meras dinámicas políticas entre el gobierno y los individuos)[4]".  En palabras de Luis Mariano Argüello Rojas  “En este sentido, la eficacia mediata se asocia con una concepción objetiva de los derechos fundamentales, donde el Estado no solo debe reconocer sino procurar la tutela de derechos fundamentales, sea mediante la intervención legislativa e incluso judicial; por otro lado, la eficacia inmediata está ligada con una concepción de los derechos fundamentales como derechos subjetivos en estricto sentido, generando una aplicación directa de los mismos sin reparar en el causante de los agravios y dejando al juez o jueza una capacidad concretizadora de tales derechos[5]”.

En el contexto del neoconstitucionalismo, siguiendo las palabras de Francisco Alberto Ruay Sáez[6], la Constitución y sus elementos normativos se interpretarían como mandatos de obligado cumplimiento para los agentes del derecho, poseyendo una autoridad jurídica que trasciende la mera interacción vertical tradicionalmente vista como la esencia reguladora de las interacciones entre el Estado y los individuos. Este enfoque sugiere que, en su esencia de derechos fundamentales, la Constitución abarca una esfera de aplicación horizontal que implica a los sujetos de derecho en la corrección de sus interacciones mutuas, siendo esta esfera sujeta a supervisión judicial. Tal perspectiva incide directamente en la interpretación de la labor jurisdiccional estatal y en la integración de la función adjudicadora y el razonamiento legal en dicho proceso.

Se evoluciona desde una visión de la Constitución como mecanismo de control político institucional y baluarte de los derechos de la ciudadanía frente al poder, hacia una interpretación "sustancial" de dicho documento, otorgándole un corpus normativo específico (en ocasiones subyacente) cuya custodia recae en última instancia en la figura del juez constitucional. No obstante, dependiendo del marco legal particular de cada país y la orientación doctrinal prevaleciente, este mandato podría extenderse a todos los magistrados ordinarios, quienes se encontrarían obligados por el contenido material o sustancial de la Constitución.

Aunque el denominador común en las diversas escuelas que podrían identificarse bajo la bandera del neoconstitucionalismo es el reconocimiento de la Constitución como el fundamento primordial o el eje central dentro del sistema de fuentes normativas, junto a una teoría específica sobre la argumentación legal, no existe un consenso unánime sobre las interpretaciones o implicaciones específicas que se desprenden de esta premisa. Esta diversidad de opiniones abre el debate, dentro de este nuevo marco conceptual, sobre la presencia o ausencia de una “teoría del derecho” distintiva o con un núcleo doctrinal renovado, así como sobre una nueva manera de entender la metodología y la ciencia del derecho.

¿Cuál es mi definición del neoconstitucionalismo?

Podría entonces afirmar que el neoconstitucionalismo, emergente de una introspección filosófica, se presenta como un paradigma que supera la interpretación jurídica tradicional para adentrarse en el ámbito de la ética y la moralidad, proponiendo una simbiosis entre el estado de derecho actual y su ideal ético. Este enfoque postula que las normas y principios constitucionales trascienden el mero automatismo de su seguimiento, erigiéndose como encarnaciones de un imperativo categórico que compele a la colectividad y al individuo a alinear sus acciones con principios de justicia universal, equidad y respeto incondicional por la dignidad inherente al ser humano.

En este sentido, el neoconstitucionalismo desafía y busca conciliar la dicotomía histórica entre el derecho positivado y las nociones de derecho natural, en un intento de fusionar la rigidez normativa con la maleabilidad de los principios éticos. De este modo, propugna una concepción de la Constitución que va más allá de su carácter de supremacía jurídica, considerándola como la manifestación tangible de los valores más sublimes de la comunidad. La Constitución, así vista, actúa como el reflejo de los ideales libertarios, de igualdad y fraternidad, pilares sobre los cuales se cimienta la convivencia armónica en sociedad.

Desde la perspectiva neoconstitucionalista, la Constitución demanda una interpretación evolutiva y dinámica, acorde a lo establecido en el Caso de las Cinco Famosas[7], que reconoce la imperiosa necesidad de su adaptación ante el cambio constante de las circunstancias sociales y las nuevas dimensiones de los derechos y deberes ciudadanos. Esta adaptabilidad interpretativa no deriva de un arbitrio sin freno, sino de un compromiso ético profundo con la materialización de la justicia social y el bienestar colectivo. En este contexto, jueces y magistrados asumen roles no solo como exégetas de la ley, sino como filósofos prácticos en busca de una conciliación entre las exigencias de la norma y los dictados de la moral.

Así, el neoconstitucionalismo convoca a una reflexión perpetua sobre el rol del derecho dentro de la sociedad, interpelando los fundamentos sobre los que se erigen nuestras instituciones legales y políticas. Este movimiento, tanto filosófico como jurídico, reconoce que detrás de cada precepto legal, cada derecho proclamado y cada obligación impuesta, subyace una visión del ser humano y de la sociedad que se pretende fomentar. De esta forma, el neoconstitucionalismo no se limita a la hermenéutica de las disposiciones constitucionales, sino que profundiza en la esfera de la filosofía política, indagando acerca del tipo de comunidad que se aspira construir y cómo el derecho puede servir de vehículo para alcanzar dicho ideal.

Todo lo anterior en palabras de Padrón Villafañe[8] tiene sentido incluso regresando a Kant, pues “Kant deja sentadas las bases fundamentales del constitucionalismo moderno, en tanto podemos referirnos (Tal estándar es en Kant exclusivo para el criterio del soberano, y para los filósofos y pensadores en capacidad de criticar la legislación. Para los juristas y funcionarios del Estado, la premisa que se imponía era la obediencia y no el cuestionamiento sobre el contenido de justicia de las normas, paradigma que lógicamente ha cambiado en nuestro Estado constitucional moderno), al contrato original, como un estándar o un punto de comparación para validar la justicia de nuestras leyes, con los acuerdos racionales alcanzados, esto es, los derechos fundamentales de los asociados”.

Sala Constitucional Resolución Nº 01148-2017 y la Ponderación.

La Resolución No 01148-2017[9] de la Sala Constitucional de Costa Rica constituye un paradigma en el ámbito jurídico, al ilustrar el impacto transformador del neoconstitucionalismo sobre la judicatura contemporánea. Esta resolución es notable por su aplicación del "juicio de ponderación", una técnica avanzada de hermenéutica jurídica recomendada por eminentes juristas como Ronald Dworkin, Robert Alexy y Martin Borowsky, para abordar los llamados "casos difíciles". Estos casos se caracterizan por presentar un conflicto entre principios constitucionales que no pueden resolverse mediante la aplicación mecánica de reglas preexistentes debido a su naturaleza compleja y multifacética.

El juicio de ponderación, como metodología interpretativa, se centra en equilibrar los principios en conflicto a través de criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Este enfoque permite evaluar cuál de los principios en disputa tiene mayor peso, valor y coherencia interna en el caso específico, otorgándole preferencia en la resolución sin negar la validez o importancia del principio subordinado. Este proceso no solo resuelve el dilema inmediato, sino que también enriquece el marco jurídico con un razonamiento detallado que fundamenta la decisión.  Sobre esto la misma Sala Constitucional ha indicado que primordialmente, se distinguen dos categorías fundamentales dentro del derecho: por un lado, las reglas, que se ajustan al concepto clásico de una normativa legal, formuladas como declaraciones que vinculan un hecho específico con una consecuencia legal; y por otro, los principios, que son directrices encargadas de maximizar la aplicación de ciertos valores o bienes legales hasta el límite de lo factible y permitido por la ley. Robert Alexy expone esta diferenciación señalando que, mientras las reglas estipulan acciones o prohibiciones bajo condiciones específicas de forma absoluta, identificándose como órdenes incondicionales, los principios, por contraste, mandan la optimización de acciones dentro de los márgenes de lo legalmente y factualmente viable, sugiriendo que estos últimos están sujetos a evaluación y balance frente a otros principios contrapuestos.

La aplicación de las reglas se realiza a través del método de subsunción, que busca identificar si un hecho concreto se ajusta a una norma para determinar la aplicación de una consecuencia legal. En cambio, la implementación de los principios se guía por la ponderación, un proceso que evalúa en qué medida se pueden maximizar los valores o bienes jurídicos en juego, considerando las particularidades del caso en cuestión.

Indica la Sala Constitucional[10] que es crucial entender que no todos los derechos fundamentales se establecen exclusivamente a través de principios o reglas en los sistemas jurídicos de países como Alemania, España, o Costa Rica. Estos sistemas adoptan un modelo híbrido, aunque tienden a favorecer los principios sin excluir las reglas. Este enfoque mixto no se compromete únicamente con un modelo puro de principios o reglas, sino que orienta a las autoridades, especialmente al legislador, a proteger ciertas libertades de manera extensiva, estableciendo normas específicas para detallar la protección de derechos y conductas.

La Sala Constitucional, como máxima autoridad interpretativa y protectora de la Constitución en Costa Rica, tiene la responsabilidad de ampliar la aplicación de los principios a través de la ponderación y principios de proporcionalidad, como idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Varios principios constitucionales, promovidos por la Sala, incluyen la protección del medio ambiente, el bienestar infantil, y la transparencia gubernamental, los cuales han motivado incluso reformas constitucionales y legislativas para su efectiva implementación.

En el contexto de la Resolución No 01148-2017, la Sala Constitucional enfrentó el desafío de conciliar dos principios constitucionales aparentemente contrapuestos: la autonomía universitaria, protegida por el artículo 84 de la Constitución, y el principio de mérito para el acceso a cargos públicos, establecido en el artículo 192. La autonomía universitaria permite a las instituciones de educación superior gozar de independencia en sus decisiones académicas y administrativas, mientras que el principio de mérito asegura que el acceso y permanencia en cargos públicos se base en la competencia y habilidades comprobadas, promoviendo la eficacia, eficiencia y objetividad en el servicio público.

La Sala, mediante un meticuloso análisis de ponderación, determinó que el principio de mérito debía tener primacía en este caso, debido a su conexión intrínseca con una serie de valores y principios constitucionales fundamentales. Este principio no solo fomenta la objetividad y la dedicación desinteresada al servicio público, sino que también garantiza la eficiencia y eficacia en la administración pública. La decisión destacó la estrecha vinculación del sistema de méritos con la consecución de objetivos institucionales y la promoción de una administración basada en la competencia y el logro.

La resolución se apoyó en evidencias concretas que demostraban la idoneidad y la adecuación de los procedimientos de nombramiento conforme al principio de mérito, subrayando que cualquier desviación de este principio compromete los derechos fundamentales de los ciudadanos y la integridad del servicio público. Al hacerlo, la Sala Constitucional no solo resolvió el conflicto específico a mano, sino que también reafirmó la preeminencia del principio de mérito como pilar esencial para la objetividad, la eficacia y la eficiencia en el desempeño de la función pública.

Más allá de su importancia inmediata, la Resolución No 01148-2017 sirve como un testimonio del compromiso de la Sala Constitucional con una interpretación constitucional dinámica y evolutiva. Este fallo refleja un enfoque jurídico que prioriza los valores de mérito, justicia administrativa y equidad, reconociendo la Constitución como un contrato social vivo que guía las relaciones de poder, la convivencia ciudadana y la gobernanza. A través de su riguroso análisis y la aplicación del juicio de ponderación, la Sala Constitucional se posiciona a la vanguardia de una jurisprudencia que aborda la complejidad de los dilemas contemporáneos con soluciones que están en armonía con los principios éticos fundamentales.

La trascendencia de este fallo radica no solo en su capacidad para desentrañar las tensiones entre principios constitucionales, sino también en su contribución a una praxis jurídica que es reflexiva, éticamente informada y orientada hacia la realización de una sociedad justa y equitativa. En suma, la Resolución No 01148-2017 no solo ejemplifica la influencia del neoconstitucionalismo en la resolución de conflictos jurídicos complejos, sino que también encarna un compromiso genuino con una jurisprudencia que integra de manera efectiva los principios y valores éticos cardinales en el corazón de la vida social y política.

Sala Constitucional Resolución N° 15279-2017 y la ponderación.

El neoconstitucionalismo irrumpe como un enfoque que busca renovar el paradigma jurídico tradicional, otorgando un especial protagonismo a la Constitución y una comprensión de esta como una norma jurídica con capacidad para vincular e influenciar directamente las relaciones entre particulares. Se erige, así como un modelo que procura superar la clásica separación entre el derecho, la moral y la política, abogando por una mayor imbricación entre estas esferas a partir de una concepción ética y valorativa de la labor jurídica.

La resolución N° 15279-2017[11] de la Sala Constitucional de Costa Rica sobre un conflicto entre el derecho a huelga de funcionarios judiciales y el derecho de acceso efectivo a la justicia de una mujer víctima de violencia doméstica representa un ejemplo paradigmático de la aplicación de los postulados neoconstitucionalistas para la solución de dilemas jurídicos complejos.  La resolución en cuestión aborda la colisión entre el derecho a huelga de los funcionarios judiciales y el derecho a la tutela judicial efectiva y protección de una mujer víctima de violencia doméstica que acudió a interponer una denuncia durante el paro. Sobre este conflicto, la Sala señala expresamente que se trata de "la colisión entre el derecho a la huelga de los funcionarios y empleados judiciales y por otra parte el derecho a la tutela judicial efectiva o a la justicia".

La tensión entre principios constitucionales contrapuestos que se observa en este caso, como el mencionado choque entre la potestad de huelga funcionarial y la necesidad de tutela judicial efectiva en delitos de género, simboliza el tipo de encrucijadas valorativas que desafían los métodos jurídicos tradicionales, principalmente aquellos sustentados en una perspectiva positivista legalista.

Frente a esta disyuntiva, la Sala Constitucional realiza un ejercicio argumentativo ciertamente alineado con el ideario neoconstitucional, en tanto recurre a una ponderación de principios para alcanzar una solución jurídicamente válida y axiológicamente aceptable. En efecto, la Sala Constitucional interpreta la colisión entre reglas y principios relevantes para el caso no únicamente en función de categorías formales o silogismos deductivos, sino primordialmente apelando a una valoración sustantiva de los bienes jurídicos comprometidos.  La Sala Constitucional aplica el juicio de ponderación, que como he señalado es una herramienta característica del neoconstitucionalismo para resolver conflictos entre principios. Así, indica que "en el neo-constitucionalismo los conflictos entre principios o derechos fundamentales deben resolverse mediante el juicio de ponderación, determinando, para cada caso concreto y de acuerdo con las circunstancias concurrentes, cuál de los principios o derechos enfrentados tiene un mayor peso o preferencia".

Así, el razonamiento desarrollado por la Sala se enfoca en identificar argumentos normativos y extra-normativos que doten de mayor peso al principio constitucional que finalmente prevalecerá sobre el otro en juego. De este modo, aspectos fácticos cruciales, como la vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia doméstica, la importancia de garantizar su integridad y vida o los efectos concretos de la omisión funcional sobre sus derechos, resultan decisivos para inclinar la balanza a favor del derecho de acceso a la justicia sobre el de huelga funcionarial.  Tras este razonamiento valorativo, la Sala concluye otorgando primacía al derecho de acceso a la justicia y protección de la mujer, argumentando que "en el sublite, el Despacho recurrido se encuentra en la obligación de tramitar los asuntos relativos a la violencia de género de manera pronta y oportuna siendo que no puede rechazar una denuncia bajo el argumento que el personal se encuentra en huelga".

En esta línea, la resolución explaya sólidos argumentos para justificar la obligación ética y jurídica de las instituciones estatales, incluso en contextos de interrupción de servicios, de asegurar la atención diligente y efectiva de denuncias vinculadas con la violencia de género. Subyace así una concepción del derecho como instrumento legítimo y necesario para la realización de valores sociales cardinales, entre ellos la equidad, la dignidad y la protección de poblaciones históricamente victimizadas.

De modo que más allá del conflicto normativo concreto abordado, el fallo en cuestión refleja ese giro filosófico que representa el neoconstitucionalismo, entendiendo al sistema jurídico no ya únicamente como un ordenamiento autosuficiente de reglas formales, sino como un conjunto de directrices materiales que encuentra su fuerza y legitimidad en principios ético-políticos que informan la sociedad.  Queda claro entonces, en palabras de la propia Sala Constitucional, que se recurrió a "la ponderación para resolver un conflicto entre principios constitucionales", dando preeminencia a consideraciones sustantivas vinculadas con la mayor afectación concreta de derechos fundamentales, agregando también un razonamiento de corte ético sobre los compromisos estatales en materia de violencia doméstica.

Así, nociones como justicia social, dignidad humana e integridad personal -mencionadas expresamente en la sentencia analizada- adquieren un estatus normativo que las hace exigibles jurídicamente y capaces por tanto de fundamentar razonamientos interpretativos. Y es en esta incorporación deliberada de consideraciones valorativas sustantivas al razonamiento jurídico donde se expresa quizá de mejor manera esa fusión de planos que persigue el neoconstitucionalismo.  Asimismo, otro aspecto que denota la impronta neoconstitucionalista tiene que ver con la fuerza normativa reconocida a los principios y valores constitucionales. Sobre esto, la Sala subraya "la violencia de género representa uno de los principales problemas que enfrentan muchas mujeres en la región, siendo una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad, la discriminación y es la vulneración más extendida de los derechos humanos".

La resolución N° 15279-2017 encarna las principales directrices de la doctrina neoconstitucionalista, entre otras, el reconocimiento de la fuerza normativa de los principios, su capacidad de permear las relaciones entre particulares, el papel instrumental del derecho en la promoción de fines sociales, la relevancia de criterios extra-jurídicos para la decisión judicial y, sobre todo, una perspectiva del fenómeno jurídico informada axiológicamente que busca una mayor imbricación entre las dimensiones jurídica, moral y política.  Tanto por el método de ponderación utilizado como por la centralidad dada a principios y razonaciones sustantivas de tipo ético-valorativo, la resolución se alinea nítidamente con los postulados de la doctrina neoconstitucional, lo cual queda bien evidenciado en las citas incorporadas del propio fallo.

Conclusión.

El neoconstitucionalismo emerge como una corriente renovadora del tradicional paradigma jurídico positivista, erigiéndose sobre el pilar de una comprensión sustantiva y valorativa de las normas constitucionales. Esta doctrina otorga especial relevancia a los principios y valores ético-políticos que informan la Carta Magna, concibiéndolos como verdaderas fuerzas normativas capaces de permear e incidir legítimamente en las relaciones entre particulares.

Así, el neoconstitucionalismo procura rescatar la dimensión profundamente humanista del derecho, entendiéndolo no ya como un ordenamiento autosuficiente de reglas formales, sino como un conjunto de directrices materiales que encuentran su fuerza y legitimidad en ideales de justicia, solidaridad y dignidad humana. Promueve, en este sentido, una praxis jurídica teleológicamente orientada a la realización de fines sociales cardinales.

Las resoluciones No 01148-2017 y No 15279-2017 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica encarnan estos postulados del neoconstitucionalismo de manera emblemática. En ambos casos, ante complejos conflictos normativos donde se contraponían principios constitucionales igualmente válidos pero incompatibles para el caso concreto, la Sala Constitucional aplicó la metodología de la ponderación de principios, cuidadosamente valorando y sopesando los bienes jurídicos en juego a partir de criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Se trata así de un ejercicio genuino de argumentación jurídica, pero esencialmente conectado con consideraciones ético-políticas sobre la dignidad humana, la justicia social y los compromisos que el Estado Constitucional adquiere con grupos en situación de vulnerabilidad. Las resoluciones referidas representan una magistral aplicación de los cánones neoconstitucionalistas al ámbito de la adjudicación judicial, en tanto plasman esa impronta valorativa y sustantiva que busca fundir horizontes jurídicos y éticos.

En suma, los fallos No 01148-2017 y No 15279-2017 de la Sala Constitucional costarricense consagran la fuerza normativa de los principios, su colisión como legítimo problema jurídico, la ponderación como metodología idónea para arbitrar estos conflictos princípiales, así como la creciente relevancia que cobran en las decisiones judiciales consideraciones extra-positivas de neto cuño filosófico, sociológico y político. Todo ello alinea nítidamente estas resoluciones con la característica cosmovisión neoconstitucionalista del Derecho.



[1] Lic.  Edward Cortés García.  Costa Rica.  Estudiante de Curso de Especialista en Derecho y Política Jurisdiccional Universidad Castilla la Mancha.  Febrero 2024.

 

[2] García Jaramillo, L. (2012). El neoconstitucionalismo en el contexto de la internacionalización del derecho. El caso colombiano. Revista Mexicana de Sociología, 74(1). Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000100003. Visitado el 20 de febrero de 2024.

[3] Atienza, M. (2017). Ni positivismo jurídico ni neoconstitucionalismo: Una defensa del constitucionalismo postpositivista. Revista de la Academia del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, 2(3), 59-101. https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CAP/article/view/1945/1822. Acceso el 20 de febrero de 2024.

[4] Guastini, R. (2018). Interpretar y argumentar. Lima, Perú: Ediciones Legales E.I.R.L. p. 435.

 

[5] Argüello Rojas, L. M. (2020). Neoconstitucionalismo, eficacia horizontal de los derechos fundamentales y proceso civil costarricense: ¿una relación posible? Revista de la Sala Constitucional, (2), 24-48. https://revistasalacons.poder-judicial.go.cr/images/2020/Autor/PDF/Neoconstitucionalismo_eficacia_horizontal_de_los_derechos_fundamentales_y_proceso_civil_costarricense_una_relacin_posible.pdf. Acceso el 20 de febrero de 2024.

 

[6] Ruay Sáez, F. A. (2022). Inconstitucionalidad por omisión y paradigma neoconstitucional: Los peligros de un exceso hermenéutico. Revista Jurídica Digital UANDES, 6(1), 81-96. https://doi.org/10.24822/rjduandes.0601.5

[7] García, C. (2021, octubre 18). “Las 5 famosas” y su batalla para que las mujeres fuesen declaradas “personas”. La Razón. https://www.larazon.es/cultura/historia/20211018/57nznjbywbgyjgybbo3ihq7glu.html. Consultado el 26 de febrero de 2024.

[8] Padrón Villafañe, J. (2019). La obediencia al derecho en la filosofía de Kant: El individuo frente al Estado [Tesis de maestría, Universidad del Norte]. Repositorio Institucional Universidad del Norte. https://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/8821/140044.pdf?sequence=1&isAllowed=y (p. 65).

[9] Poder Judicial de Costa Rica. (2017). Resolución Nº 01148-2017 [Sala Constitucional]. NexusPJ. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-701583. Visitado el 20 de febrero de 2024.

[10] Poder Judicial, Sala Constitucional, & Escuela Judicial. (2014). Principios desarrollados en la jurisprudencia constitucional (1ª ed.). San José, C.R.: Departamento de Artes Gráficas, Poder Judicial. ISBN 978-9968-770-78-1. Recuperado el 20 de febrero de 2024, de https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/bibliotecaVirtual/contencioso/Principios%20Desarrollados%20en%20la%20Jurisprudencia%20Constitucional.pdf

[11] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (2017). Resolución No 15279-2017. https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-943533. Consultado el 25 de febrero de 2024.

 

20.2.24

Negocios Jurídicos Romanos: Elementos Clave de la Ingeniería Legal Antigua

Negocios Jurídicos Romanos: Elementos Clave de la Ingeniería Legal Antigua[1]

 

Imagínate que en la antigua Roma, las personas ya tenían reglas para decidir cómo compartir, comprar, vender cosas o incluso cómo casarse. Esas reglas son como las instrucciones de un juego, pero para la vida real, y se llamaban derecho romano. En este mundo de reglas, había algo muy especial llamado "negocios jurídicos". No pienses en negocios como tiendas o empresas, sino en acuerdos entre personas que tenían efectos legales, es decir, que eran reconocidos y protegidos por la ley.

En la Roma antigua, el concepto de los negocios jurídicos era como el arte de tejer acuerdos con el hilo de la legalidad y la justicia. No era solo sobre el comercio o las transacciones; era sobre cómo las personas interactuaban en casi todos los aspectos de su vida, desde la familia hasta el mercado, desde el matrimonio hasta los testamentos. La ley romana era un tapiz complejo, donde cada hilo tenía su lugar, cada norma su razón de ser, creando un diseño que buscaba equilibrio y orden en la sociedad.

Los negocios jurídicos, en este entramado, eran las puntadas que unían voluntades individuales bajo el manto de la ley. No eran simples acuerdos casuales, sino declaraciones de intenciones que se enmarcaban en la estructura legal para tener efectos concretos y reconocidos por todos. Eran la expresión de cómo los romanos entendían el poder de la palabra, el compromiso y la responsabilidad personal ante la colectividad.

La capacidad para entrar en estos acuerdos no era universal. La sociedad romana era jerárquica, y este principio se reflejaba en quién podía y quién no podía participar en los negocios jurídicos. Los esclavos, por ejemplo, estaban excluidos por no poseer una personalidad jurídica propia. Esta restricción no era solo una cuestión de estatus, sino parte de una visión del mundo donde la capacidad legal estaba entrelazada con la libertad y la ciudadanía. Pero la ley también reconocía matices: los menores de edad, aunque limitados, no estaban completamente fuera del juego legal. Podían actuar bajo la tutela de un adulto, lo que refleja una comprensión de la capacidad progresiva, de cómo la responsabilidad y los derechos evolucionaban con la persona.

El objeto sobre el cual se podían hacer estos negocios también estaba claramente delineado. No todo era comerciable o acordable. Los bienes futuros, por ejemplo, eran una apuesta demasiado incierta para los prácticos romanos. La ley buscaba asegurar que los negocios se basaran en realidades tangibles, en bienes que existieran y fueran legales. Esto era coherente con una visión del mundo donde la certeza y la materialidad eran valores importantes, donde lo concreto tenía más peso que lo hipotético.

La causa, o razón detrás del negocio, también debía ser justa y legal. No bastaba con que las partes estuvieran de acuerdo; sus intenciones debían alinearse con el bien común y los valores de la sociedad. Esto mostraba una preocupación por la ética y la moralidad en los asuntos legales, un entendimiento de que la ley no solo regulaba las acciones, sino que también reflejaba y promovía un orden social más amplio.

El consentimiento, libre e informado, era el corazón del negocio jurídico. Era el momento en que la voluntad individual se expresaba claramente, sin coacciones ni engaños. Esta exigencia destacaba la importancia de la autonomía personal dentro del marco de la ley, reconociendo que el verdadero acuerdo solo podía existir cuando las partes actuaban con pleno conocimiento y voluntad.

Por último, la forma en algunos casos especiales, como la mancipatio, in iure cessio, y la stipulatio, demostraba que los romanos entendían que ciertos actos requerían solemnidad y ritual. No era solo una cuestión de tradición; era una manera de darle peso y seriedad a los acuerdos, de marcarlos como dignos de reconocimiento y respeto tanto por las partes involucradas como por la sociedad en general.

Este complejo sistema no era estático; evolucionaba con la sociedad romana, adaptándose a nuevas realidades económicas, sociales y políticas. Los juristas romanos, aunque arraigados en su contexto histórico y cultural, mostraban una notable capacidad para innovar dentro de los límites de sus principios fundamentales. Así, el derecho romano no solo regulaba la vida cotidiana de los ciudadanos de Roma sino que también sentaba las bases para el desarrollo futuro del derecho occidental.

Los negocios jurídicos en Roma eran, por tanto, mucho más que simples transacciones o acuerdos. Eran expresiones de una sociedad que valoraba el orden, la responsabilidad y la justicia, reflejando en su complejidad legal una profunda comprensión de la naturaleza humana y sus interacciones. A través de estos negocios, los romanos tejieron una red de relaciones sociales y legales que no solo sostenía su presente sino que también influiría en el futuro, dejando un legado duradero en la concepción y práctica del derecho en el mundo.

Podríamos entonces resumir que los elementos esenciales para la validez de los actos jurídicos serían:

Capacidad de los Sujetos

En el derecho romano, la capacidad para participar en negocios jurídicos, conocida como "commercium", era esencial. Este principio excluía a varios grupos, entre ellos los esclavos, que carecían de personalidad jurídica, y los desterrados, a quienes se les negaba ciertos derechos civiles como parte de su castigo. Sin embargo, el sistema legal romano reconocía diversas gradaciones de capacidad:

Alieni Iuris: Las personas bajo la potestad de un paterfamilias tenían derechos limitados en el ámbito de los negocios jurídicos. Aunque no eran completamente autónomos, podían participar en ciertos actos bajo la supervisión del paterfamilias.

Impúberes y Tutela: Los menores de edad requerían la asistencia de un tutor para realizar actos jurídicos, reflejando la preocupación romana por la protección de los intereses de los más vulnerables. Un ejemplo notable es la figura del "tutelae", que aseguraba que los menores no fueran explotados en transacciones comerciales.

Objeto Posible y Lícito

Los negocios jurídicos debían referirse a objetos que fueran tanto física como jurídicamente posibles y lícitos. Por ejemplo, la "res mancipi" (bienes sujetos a mancipatio como tierras, esclavos, animales de tiro y carga) requerían procedimientos formales para su transferencia. Los romanos también invalidaban acuerdos sobre bienes no existentes en el momento del contrato, como prometer la venta de la próxima cosecha antes de su siembra, demostrando su enfoque pragmático hacia la comerciabilidad y la existencia de los bienes.

Causa Lícita

La causa, o razón subyacente de un negocio jurídico, debía ser justa y legal. Este principio excluía negocios basados en intenciones fraudulentas, inmorales o especulativas. Un ejemplo claro es la prohibición de la usura, considerada una práctica inmoral y económicamente perjudicial. La causa lícita aseguraba que los actos jurídicos no solo fueran legalmente válidos sino también socialmente aceptables y éticos.

Consentimiento Libre e Informado

El consentimiento debía ser obtenido sin coacción, error significativo, dolo o mala fe. Los romanos reconocían la importancia de la voluntad libremente expresada para la validez de los negocios jurídicos. Un ejemplo ilustrativo es la "stipulatio", un contrato verbal que requería la pregunta y respuesta clara entre las partes para ser válido, asegurando así un consentimiento informado y mutuo.

Forma Prescrita

Aunque muchos negocios se realizaban de manera informal, algunos requerían el cumplimiento de rituales específicos para su validez. La "mancipatio", por ejemplo, era una ceremonia formal para la transferencia de propiedad de "res mancipi", implicando el uso de una balanza y la presencia de testigos. Esta formalidad subrayaba la importancia del orden público y la transparencia en las transacciones.

La antigua Roma nos legó un sistema jurídico increíblemente avanzado y sofisticado, cuyos principios y estructuras aún resuenan en el derecho moderno. Los negocios jurídicos, como expresión de acuerdos con efectos legales, revelan una sociedad que valoraba profundamente el orden, la responsabilidad, y la justicia. A través de elementos esenciales como la capacidad de los sujetos, el objeto posible y lícito, la causa lícita, el consentimiento libre e informado, y la forma prescrita, los romanos no solo regulaban las transacciones cotidianas sino que también tejían el tejido social y moral de su tiempo.

Este legado romano nos enseña la importancia de la claridad, la equidad, y la responsabilidad en nuestras propias interacciones legales y sociales. Los principios de comercium, la protección de los vulnerables mediante la tutela, la exigencia de objetos y causas lícitas, el valor dado al consentimiento informado y la solemnidad de ciertos actos jurídicos, todos estos aspectos siguen siendo relevantes en la actualidad. Nos recuerdan que el derecho, más allá de ser un conjunto de normas, es una herramienta para construir y mantener una sociedad ordenada, justa y coherente.

La reflexión sobre el derecho romano y sus negocios jurídicos nos invita a considerar cómo nuestras propias leyes y prácticas legales pueden seguir mejorando para reflejar los valores de justicia, equidad y responsabilidad. Nos desafía a pensar en cómo podemos garantizar que nuestras propias estructuras legales y acuerdos reflejen no solo las necesidades del momento, sino que también promuevan un bienestar social y económico a largo plazo. En última instancia, el estudio del derecho romano nos anima a apreciar la complejidad y la profundidad de nuestro propio entramado legal y a buscar continuamente formas de mejorar nuestra sociedad a través de principios jurídicos bien fundados.

 

 

 

 

 



[1] García de Tiedra González, J. (2016). Concepto y clases de negocios jurídicos | Negocios jurídicos en Derecho romano. Derecho Romano. Recuperado el 20 de febrero de 2024, de https://www.derechoromano.es/2016/01/negocios-juridicos-derecho-romano-concepto-clases.html

18.2.24

Antes de Netflix: 41 Dramas Legales de Roma Que Aún Nos Influyen.

En el vasto y complejo universo del Derecho Romano, las "obligaciones" representan una de las categorías jurídicas más fundamentales, ofreciendo una mirada profunda a cómo los antiguos romanos concebían las relaciones legales y personales. Estas obligaciones, que abarcan desde deberes morales hasta compromisos legalmente vinculantes, reflejan la rica textura de la vida social, económica y familiar en la Roma antigua. A través de una exploración de 41 tipos distintos de obligaciones, cada una acompañada de ejemplos concretos, este post busca no solo ilustrar la diversidad y sofisticación del pensamiento legal romano, sino también subrayar su influencia perdurable en los fundamentos del derecho moderno.

Para captar la esencia de estas obligaciones y su relevancia, consideremos un ejemplo rebuscado pero ilustrativo: la "obligatio ex delicto" derivada del hurto de aves en un vecindario romano. Imaginemos a un ciudadano romano, Ticio, que ingeniosamente utiliza un espejo para atraer y robar las preciadas palomas de su vecino, Cayo. Bajo el Derecho Romano, esta acción no solo constituiría un delito (furtum), sino que también engendraría una obligación ex delicto específica para Ticio: la restitución del cuádruplo del valor de las palomas hurtadas. Este ejemplo, aunque peculiar, demuestra cómo las obligaciones en el Derecho Romano abordaban una variedad de situaciones cotidianas con precisión y justicia, buscando restablecer el equilibrio y la equidad dentro de la comunidad.

Con este telón de fondo, nos adentraremos en una lista sucinta de 41 tipos de obligaciones identificadas en el Derecho Romano, desde las "naturales" que subrayan el deber moral, hasta las "consensuales" que destacan el poder del acuerdo mutuo, pasando por las "civiles" y "pretorias" que reflejan la evolución de la jurisprudencia romana. Cada tipo será acompañado de un ejemplo que ilustra su aplicación y relevancia, ofreciendo así una comprensión integral y accesible de este fascinante aspecto del legado jurídico romano.

Obligación natural: En el Derecho Romano, la obligatio naturalis era aquella desprovista de acción para reclamar judicialmente su cumplimiento, pero que en caso de ser cumplida voluntariamente por el obligado, no permitía luego que éste reclamase su devolución por carecer de causa civil.

Ejemplo: Cuando un hijo de familia le solicitaba dinero prestado a su padre (paterfamilias) para algún gasto extraordinario, el padre no estaba jurídicamente obligado a dárselo. Era solo una obligación natural de asistencia paternal. Pero si finalmente accedía y le entregaba el dinero, posteriormente no podía reclamárselo amparándose en la falta de causa civil de la obligación. 

Obligaciones ex contractu: Son las obligaciones recíprocas nacidas de los diversos contratos o convenciones consensuales o reales del Derecho Romano.

Ejemplo: Las obligaciones bilaterales entre el vendedor y el comprador, surgidas del contrato consensual de compraventa. La obligación del primero de entregar la cosa vendida, y del segundo, de pagar el precio convenido.

Obligaciones ex maleficio: Son las obligaciones civiles para resarcir el daño causado, que nacen de los distintos delitos privados y cuasidelitos del Derecho Romano.

Ejemplo: La obligación de restituir el cuádruplo del valor de las ovejas hurtadas, o de reparar los daños ocasionados en un fundo vecino por haber desviado artificialmente el curso natural de las aguas.

Obligaciones re: Surgen de un hecho o acto jurídico lícito y voluntario, como sucede en los contratos reales o en el préstamo de cosas fungibles (mutuum).

Ejemplo: En el comodato, el comodatario que recibía una cosa para servirse de ella, contraía la obligación de restituirla una vez finalizado el uso concedido.

Obligaciones verbis: Son aquellas que se originaban en Derecho Romano de ciertas palabras pronunciadas con intención de obligarse. Normalmente en interrogaciones formales y respuestas afirmativas.

Ejemplo: La stipulatio, donde se producía este diálogo: "¿Prometes pagarme 10 sestercios?". Respuesta: "Lo prometo".

Obligaciones litteris: El Derecho Romano generaba obligaciones por medio de un escrito en el que alguien se comprometía frente a otro a una determinada prestación.

Ejemplo: Una de las funciones de la escritura en tablillas de cera era documentar obligaciones como promesas de pago, constituyendo un instrumento probatorio.

Obligaciones consensu: En las compraventas consensuales romanas, las obligaciones recíprocas de las partes (entregar y pagar) nacían del solo consentimiento, sin necesidad de entregar la cosa para perfeccionar el contrato.

Ejemplo: En la compraventa romana consensual, tan pronto como se acordaba el precio ya surgían las obligaciones del vendedor de entregar la cosa, y del comprador de pagar ese precio.

Obligaciones civiles: Son las que generaban en el Derecho Romano una acción procesal civil para exigir judicialmente su cumplimiento ante el magistrado.

Ejemplo: La obligación contraída en un préstamo documentado mediante un instrumento escrito (litteris), otorgaba acción civil para reclamar la devolución de lo prestado.

Obligaciones pretorias: Son obligaciones introducidas por el edicto del pretor, que inicialmente carecían de acciones civiles y solo podían reclamarse ante el propio magistrado.

Ejemplo: La obligación de guardar la fidelidad y equidad en las relaciones negociales era de creación pretoria, sin una acción civil específica en un primer momento.

Obligaciones penales: Dimanan de delitos privados sancionados con penas corporales o capitales en el Derecho Romano.

Ejemplo: La obligación del delincuente condenado a la pena capital o a trabajos forzados en una mina, por haber cometido un robo con fuerza en cosas.

Obligaciones no penales con litiscrecencia: No derivan de delitos, pero en caso de incumplimiento permiten aumentar el monto de la condena pecuniaria.

Ejemplo: El incumplimiento de la promesa formal de no perturbar a alguien, si bien no era delictivo, sí permitía al juez condenar por una suma mayor.

Obligaciones de debitum certum sin indicación de causa: La prestación debida aparece determinada cuantitativamente, pero no se explicita la razón de la obligación.

Ejemplo: La stipulatio por la que alguien prometía pura y simplemente entregar a otro cierta cantidad de dinero o cosas fungibles.

Obligaciones de incertum: La determinación cuantitativa o cualitativa del objeto debido queda inicialmente diferida o condicionada.

Ejemplo: La promesa de pagar lo que finalmente costasen las reparaciones a realizar en una casa por los daños ocasionados en la misma.

Obligaciones bonae fidei: Se basan en la mutua lealtad entre las partes según la buena fe, sin tener prefijada legalmente la condena por incumplimiento.

Ejemplo: Los contratos consensuales de compraventa, sociedad, mandato o depósito.

Obligaciones crediticias: Nacen de los diversos tipos de operaciones de crédito documentadas o no.

Ejemplo: En el préstamo de dinero se obligaba a la devolución del capital recibido más los intereses pactados por su uso.

Obligaciones contractuales: Son las derivadas de los contratos válidamente celebrados conforme al ordenamiento jurídico romano.

Ejemplo: Las recíprocas obligaciones del vendedor y el comprador dimanantes de un contrato consensual de compraventa.

Obligaciones derivadas de préstamos (datio crediticia): Surgen de aquellos contratos mediante los cuales se entrega una cantidad de cosas fungibles a alguien, con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad.

Ejemplo: En el mutuum dabanius, el mutuatario contraía la obligación de restituir tantas cosas del mismo género que las recibidas.

Obligaciones derivadas de estipulaciones (stipulatio): Nacían en el Derecho Romano de esta formal interrogación oral sobre lo que se iba a dar, hacer o no hacer, con respuesta afirmativa de aquel a quien se dirigía la pregunta.

Ejemplo: "¿Prometes entregarme 10 ánforas de vino de la próxima cosecha?". "Lo prometo".

Obligaciones derivadas de contratos reales: Tienen origen en contratos que se perfeccionaban en el Derecho Romano por la entrega o tradición de la cosa objeto de los mismos.

Ejemplo: En el comodato, era esencial la entrega de la cosa para que surgiera la obligación de restitución una vez concluido el uso.

Obligaciones derivadas de contratos consensuales: Nacen de contratos que se reputaban perfeccionados solo por el consentimiento de las partes.

Ejemplo: La compraventa consensual romana generaba since el momento del acuerdo de voluntades la obligación del vendedor de entregar la cosa y la del comprador de pagar el precio.

Obligaciones derivadas de delitos: Tienen su origen en los diversos delitos o cuasidelitos privados del Derecho Romano.

Ejemplo: Los daños ocasionados por el desvío artificial de un curso de aguas generaba la obligación de resarcimiento.

Obligaciones cuasi ex contractu: En Derecho Romano surgían de ciertos hechos lícitos y voluntarios, no contratos, entre quienes no tenían un previo vínculo obligacional.

Ejemplo: Quien emprendía la gestión de los negocios e intereses de otro ausente sin su encargo, debía posteriormente rendirle cuentas de su actuación.

Obligaciones cuasi ex maleficio: Derivan de actos ilícitos causantes de daño, pero no constitutivos de delitos perseguibles penalmente

Ejemplo: El daño ocasionado por arrojar objetos desde la ventana de una casa.

Obligaciones perpetuae: Carecían en el Derecho Romano de plazo o término de extinción por su cumplimiento.

Ejemplo: La obligación del propietario de un fundo sirviente de mantener o no perturbar una servidumbre predial a favor de otro fundo dominante.

Obligaciones con fórmula causal: En ellas se expresaba o incorporaba el motivo, razón o causa fuente de las mismas.

Ejemplo: Un pagaré o instrumentum en el que constaba "debo tal cantidad por el préstamo de dinero recibido".

Obligaciones con fórmula abstracta: No se especificaba la razón de la obligación.

Ejemplo: La estipulación o el pagaré consignando simplemente: "Pagaré a Cayo 100 sestercios".

Obligaciones transmisibles: Podían ser cedidas a un tercero sin requerir el consentimiento del deudor.

Ejemplo: El derecho de crédito contenido en un instrumento escrito reconocido ante testigos.

Obligaciones intransmisibles: No podían ser objeto de cesión de un acreedor a otro sin mediar aceptación del deudor

Ejemplo: Aquellas estipulaciones o pactos concluidos en consideración personal al acreedor, como un encargo profesional.

Obligaciones temporales: Su exigibilidad o extinción estaba sometida en el Derecho Romano a plazo o condición.

Ejemplo: La estipulación por la que se prometía pagar cierta cantidad de grano una vez recogida la cosecha dentro de uno o dos años.

Obligaciones perpetuas: No tenían previsto plazo o término de extinción por cumplimiento, eran indefinidas.

Ejemplo: Las servidumbres prediales impuestas sobre un fundo en beneficio de otro fundo colindante.

Obligaciones principales: Podían existir de forma autónoma en el Derecho Romano.

Ejemplo: La obligación de pago del precio en la compraventa consensual.

Obligaciones accesorias: Solo existían en función de garantizar o facilitar el cumplimiento de una obligación anterior.

Ejemplo: La fianza respecto de la obligación principal de restitución de un préstamo de dinero.

Obligaciones conjuntas: Cada deudor podía ser compelido en Derecho Romano al pago integro frente al acreedor común.

Ejemplo: Dos compradores mancomunados de una partida de vino respondían solidariamente del precio total frente al vendedor.

Obligaciones separadas: Cada parte solo debía cumplir con la cuota o fracción a su cargo.

Ejemplo: Tres herederos que sucedían separadamente, cada uno por su parte alícuota.

Obligaciones de no hacer: Consistían en abstenciones o no hacer algo jurídicamente exigible.

Ejemplo: La carga del propietario de un fundo de no elevar construcciones que quitasen luz y vistas al fundo vecino.

Obligaciones facultativas: Concedían optar al obligado entre varias prestaciones para satisfacer alternativamente su obligación.

Ejemplo: La promesa estipulatoria de entregar un esclavo joven, un caballo o cien denarios, a elección del promitente.

Obligaciones condicionalesa término y modales: Se supeditaba su eficacia al cumplimiento de una condición, al advenimiento de cierto plazo o a la observancia de un modo en su ejecución.

Ejemplo: Pagar cien sestercios dentro de dos años a la llegada de las naves con el grano de Egipto.

Obligaciones correales (in solidum): Acreedores o deudores se hallaban vinculados de tal suerte que cada uno podía exigir o debía efectuar el total crédito o débito.

Ejemplo: Los efectos de la litis contestatio operada con uno de entre varios codeudores solidarios.

Obligaciones personales y personalísimas: Solo podían ser ejecutadas por el propio obligado en función de sus cualidades intuitu personae.

Ejemplo: Pintar un cuadro, curar a un enfermo.

Obligaciones transitorias y duraderas: Las primeras se agotaban en un solo cumplimiento. Las segundas tenían cumplimientos sucesivos.

Ejemplo: Pagar una suma de dinero en un solo acto, versus una renta vitalicia.

Obligaciones ambulatorias o propter rem: Seguían siempre unidas a la titularidad sobre determinadas cosas.

Ejemplo: La obligación del propietario actual de un fundo sirviente de respetar el paso por el mismo con fines de riego a favor de un fundo dominante vecino.

La inmersión en el mundo de las obligaciones del Derecho Romano nos revela no solo la complejidad y profundidad de la jurisprudencia antigua, sino también su inestimable aporte al desarrollo del pensamiento legal contemporáneo. Al examinar los 41 tipos de obligaciones, desde las naturales hasta las más técnicamente elaboradas, podemos apreciar cómo los romanos abordaron casi todas las facetas de las relaciones humanas y comerciales con un detallado marco legal. Este legado jurídico, basado en principios de justicia, equidad y mutualidad, ha trascendido milenios, influenciando significativamente la evolución del derecho en diversas civilizaciones y hasta nuestros días.

La variedad de obligaciones, ejemplificada por situaciones tan variadas como el préstamo paternal sin expectativas de retorno y la formal estipulación de pagos futuros, demuestra la adaptabilidad y la precisión del Derecho Romano frente a los desafíos legales de su tiempo. Estos principios y estructuras no solo resolvían conflictos sino que también fomentaban una convivencia ordenada, subrayando la importancia de la palabra, el contrato y el compromiso moral como pilares de la sociedad.

Además, el ingenio con que los romanos desarrollaron categorías como las obligaciones "ex delicto" o "ex contractu", así como las innovaciones pretorias, refleja una comprensión temprana de la necesidad de adaptar la ley a las circunstancias cambiantes, un principio que sigue siendo central en la práctica legal moderna. La influencia de estas ideas se extiende más allá del ámbito jurídico, permeando conceptos de moralidad, ética y justicia en la cultura occidental y más allá.

En conclusión, las obligaciones en el Derecho Romano constituyen una rica herencia intelectual que sigue iluminando el camino hacia la comprensión y mejora de nuestros propios sistemas legales. A través de la exploración de estas antiguas nociones jurídicas, no solo honramos la sabiduría de nuestros predecesores sino que también reafirmamos nuestro compromiso con los principios de justicia y equidad que forman la base de la convivencia humana. Este viaje a través de las obligaciones romanas nos recuerda que, a pesar de los siglos transcurridos, los desafíos fundamentales de la vida en sociedad permanecen sorprendentemente constantes, y que las soluciones a estos desafíos pueden encontrarse no solo mirando hacia adelante, sino también hacia atrás, al rico legado del Derecho Romano.

 

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