Tomemos en cuenta que lo que el
proyecto busca es reformar el artículo 46 bis de la ley de Igualdad de
Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N.° 7600. Para
realizar tal reforma la misma ley 7600 indica lo siguiente en su artículo
13 “Obligación de consultar a
organizaciones de personas con discapacidad Las organizaciones de personas con
discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por parte de las
instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones
relacionadas con la discapacidad”. A esto debemos sumar que Adicionalmente
el artículo 5 de la Ley 7948 establece en
su párrafo primero “1.- Los Estados parte promoverán, en la
medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la
participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad,
organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no
existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración,
ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente
Convención”. y la Ley 8661 en
su artículo 4 párrafo tercero indica “En la
elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la
presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes
celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con
discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las
organizaciones que las representan”. Entonces al revisar el dictamen
afirmativo de mayoría del 27 de septiembre de 2022 nos damos cuenta que el
proyecto fue consultado de manera facultativa a: Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT), Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos (ARESEP), Consejo de Transporte Público (CTP) y se
recibió por parte de la Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS) un informe
técnico que fue recibido de oficio por parte de ellos. No existe evidencia
en la tramitación del proyecto sobre que el mismo se consultara a Conapdis que
es el rector en discapacidad, responsable de promover y fiscalizar el
cumplimiento de los derechos humanos de la población con discapacidad, para
fomentar su desarrollo inclusivo en todos los ámbitos de la sociedad.
Además de no contar con una consulta a Conapdis llama la atención que la
Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, creada
en el artículo 84 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no conociera y
dictaminará este proyecto de ley que involucra la temática referida a las
personas con discapacidad, potestad que le da el artículo 85 del mismo
reglamento. Esta última observación la hago pues el dictamen del proyecto
proviene de la Comisión Permanente
Ordinaria de Asuntos Económicos.
El Ministro del MOPT dijo en https://www.crhoy.com/nacionales/ministro-defiende-ampliar-antiguedad-a-buses-hacen-una-tormenta-en-un-vaso-de-agua/ “Están
haciendo una tormenta en un vaso de agua” sobre la oposición a este proyecto
mientras que la Diputada Sofia Guillen indico en https://www.larepublica.net/noticia/aumentar-vida-util-de-autobuses-tendria-serios-efectos-y-mas-riesgo-para-los-usuarios-sofia-guillen-del-frente-amplio “Nos preocupa
este proyecto porque esto podría implicar serios efectos y más riesgos para los
usuarios de los buses”. Lo cierto es que a la fecha parece existir
un error de procedimiento en la tramitación del proyecto que lo podría viciar
de inconvencionalidad.
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