La Ley 9635, conocida como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en Costa Rica, introduce un paradigma innovador en la gestión fiscal y presupuestaria del país. Esta legislación marca un punto de inflexión en la historia fiscal costarricense. Su enfoque primordial es la implementación de mecanismos flexibles para la asignación de recursos, especialmente en contextos donde la deuda gubernamental supera el 50% del PIB nominal.
El Artículo 15 de la Ley 9635 desempeña un papel crucial en este cambio estructural. Autoriza al Ministerio de Hacienda a redistribuir los destinos específicos legales, tomando en cuenta factores como la disponibilidad de ingresos corrientes, la eficacia en la ejecución presupuestaria, y la existencia de superávits en las entidades beneficiarias. Este enfoque rompe con la tradicional rigidez en la asignación presupuestaria, brindando al gobierno la agilidad necesaria para responder a las dinámicas económicas y fiscales cambiantes, o por lo menos eso dirán quienes la defienden.
El dictamen C-097-2021 de la Procuraduría General de la República de Costa Rica, aclara y refuerza la interpretación de esta ley. Este dictamen señala que la Ley 9635 no elimina los destinos específicos establecidos legalmente, sino que introduce una metodología más eficiente y sostenible para la gestión de los recursos financieros públicos. Esta reorientación no es arbitraria; está rigurosamente regulada por criterios detallados en el Artículo 23 de la Ley, que incluyen, entre otros, las prioridades gubernamentales según el Plan Nacional de Desarrollo, los fines sociales de las instituciones beneficiarias, y el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.
El Artículo 25 de la Ley aborda la gestión administrativa de los destinos específicos, enfocándose en aquellos que no están explícitamente estipulados en la Constitución o que no se financian mediante rentas especiales. Aquí, el Ministerio de Hacienda es investido con la autoridad de determinar los montos presupuestarios basados en el estado actual de las finanzas públicas y los criterios establecidos en el Artículo 23.
La Ley 9635 modifica de manera significativa la relación entre la ley ordinaria y la ley presupuestaria. Permite ajustar las asignaciones de recursos de acuerdo con las condiciones fiscales del país, y otorga a la Ley de Presupuesto la capacidad de influir en las obligaciones de gasto definidas por ley ordinaria. Estos ajustes son vitales para lograr un equilibrio presupuestario y para responder eficazmente a los imperativos de la política pública.
Esta ley, junto con el dictamen C-097-2021, facilita una mayor flexibilidad en la asignación presupuestaria, permitiendo al gobierno costarricense gestionar sus recursos de manera más eficiente y adaptativa. Este nuevo enfoque, aunque introduce un grado de discrecionalidad, está meticulosamente regulado y se orienta hacia el objetivo más amplio de preservar la sostenibilidad fiscal del país.
La Ley 9635 representa, por tanto, un paso en la gestión fiscal y económica de Costa Rica. Al proporcionar herramientas para una asignación presupuestaria dinámica y contextual, la ley permite al gobierno adaptarse a sus criterios, asegurando al mismo tiempo que los recursos se distribuyan de la manera que crfea conveniente. Este enfoque es esencial no solo para la estabilidad fiscal actual, sino también para sentar las bases de un crecimiento y concentración de poder en el Ejecutivo.
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