Escribe
el dilecto Magistrado que “parece oportuno partir de la obviedad de que las
“potestades” no son “derechos”. Las potestades administrativas son el eje del
derecho administrativo y la cara visible del poder público (potestad
expropiatoria, potestad sancionadora, potestad organizatoria, etcétera), y
conviene tener clara su distinción y distancia de la noción de “derecho
subjetivo”.
Enfatiza que “las “potestades” son facultades
atribuidas a un titular (la Administración) pero ejercidas en interés ajeno (al
igual que la “patria potestad” se ejerce por los padres en favor de los hijos),
esto es, al servicio del “interés general”(que es distinto del interés de la
Administración como persona jurídica y distinto del interés de las autoridades
y funcionarios)” introduciendo una reciente
sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 7 de
febrero de 2025 (rec.3319/2023) donde se da la siguiente afirmación “hemos
declarado que «[…] las instituciones jurídicas, o más bien las
potestades administrativas -como las aquí analizadas- no son de libre uso sino
que deben ser utilizadas en los términos legalmente previstos y, en el
caso enjuiciado, la potestad prevista … como calificación del negocio, acto o
hecho con trascendencia … no es suficiente para declarar las consecuencias …
que comportan la regularización llevada a efecto […]».
A la luz de lo expuesto por el Magistrado José
Ramón Chaves y considerando lo establecido en la ley N° 7794, Ley N° 6227 y la
Constitución Política (entre otros cuerpos normativos), podemos analizar las
potestades del Gobierno Local desde una perspectiva crítica y jurídicamente
fundamentada.
Las potestades administrativas conferidas tanto
al Concejo Municipal como a la Alcaldía en los artículos 13 y 17 del Código
Municipal representan facultades otorgadas para ser ejercidas en beneficio del
interés general, no como derechos subjetivos de sus titulares. Esta distinción
es fundamental para comprender que dichas potestades tienen límites claros y
fines específicos orientados al servicio público y no a intereses particulares
o institucionales.
El artículo 146 de la Ley General de la
Administración Pública establece que "no procederá la ejecución
administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos", y que
hacerlo "producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado".
Más aún, "la ejecución en estas circunstancias se reputará como abuso de
poder". Esto implica que las potestades municipales no pueden ejercerse
arbitrariamente ni desviarse de sus fines.
La Constitución Política, en su artículo 49,
establece que "la desviación de poder será motivo de impugnación de los
actos administrativos". Esta disposición cobra especial relevancia en el
ámbito municipal, donde las potestades son amplias pero deben ejercerse
estrictamente para los fines previstos en la ley.
El sistema normativo establece diversos
controles para evitar la perversión de las potestades municipales. El Concejo
debe conocer los informes de auditoría (artículo 13.m) y el Alcalde debe rendir
informes periódicos (artículo 17.f y g). La transparencia exigida al Alcalde
(artículo 17.q) y la rendición de cuentas a los vecinos del cantón constituyen
mecanismos de control ciudadano. Finalmente, existe la posibilidad de impugnar
los actos administrativos por desviación de poder (artículo 49 de la Constitución).
El ejercicio indebido de las potestades
municipales no solo puede resultar en la nulidad de los actos, sino también en
responsabilidad personal de los funcionarios. Como establece el artículo 146.3
de la Ley General de la Administración Pública, existe incluso responsabilidad
penal para el servidor que ordene la ejecución de actos ineficaces o
absolutamente nulos. Como explica el Magistrado
en su blog “Eso explica que los actos administrativos puedan ser ilegales si
exceden de los requisitos de ejercicio de la potestad, o que incurran en los
casos más perversos en la funesta “desviación de poder”, esto es, cuando se usa
formalmente bien para fines distintos de los que fundamentan su atribución”.
Las potestades otorgadas a los gobiernos
locales, tanto al Concejo Municipal como a la Alcaldía, constituyen
instrumentos para la consecución del interés general, no prerrogativas
personales de quienes ocupan temporalmente los cargos. Su ejercicio está sometido
al bloque de legalidad y su desviación constituye no solo una ilegalidad
administrativa, sino potencialmente una conducta sancionable penalmente.
Como bien señala el Magistrado Chaves, las
potestades son para ejercerlas, no para pervertirlas. En el ámbito municipal,
esta máxima cobra especial relevancia dado el impacto directo que las
decisiones municipales tienen en la vida cotidiana de los ciudadanos y en el
desarrollo local. De tal forma tal como
concluye el Magistrado concluye su servidor “Caramba. Las potestades están para
algo. Para lo que se crearon. No son una navaja suiza en manos de la
Administración. Preocupa que tenga que reiterarlo la justicia.
Deberían tomar nota algunas administraciones y algunas autoridades”.
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