¿Qué debe revelar el perito que usa inteligencia artificial?

El 18 de mayo de 2026, un magistrado federal de Connecticut ordenó a una organización ambiental revelar los prompts que usó su perita. En junio, La Nación informó que en Puriscal dos abogados pidieron a un perito que dijera si usó inteligencia artificial y que entregara sus prompts. El 29 de septiembre, una jueza federal de Nevada resolvió que los prompts de un perito no se entregan, pero sí las respuestas que la máquina le dio para formar su opinión.

Los tres expedientes plantean la misma pregunta: si un perito trabaja con inteligencia artificial, qué parte de esa conversación debe revelar.

El caso de Nevada es Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department (2026), una demanda por abusos contra un detenido en el Clark County Detention Center. Lo reviso primero. Luego reviso el caso de Connecticut y un precedente de California sobre consultores que no menciona la inteligencia artificial, y cierro con Puriscal.

Tom Melton, perito de la parte actora, declaró en su deposición del 1 de octubre de 2025 que “relied upon ChatGPT, an artificial intelligence program, to assist him with researching and drafting his expert report” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 3) (Traducción libre: “se apoyó en ChatGPT, un programa de inteligencia artificial, para asistirse en la investigación y la redacción de su dictamen pericial”).

Ese uso no se había revelado. La defensa ya había citado al actor para que entregara “all data, documents, and other information considered by expert witness in forming the expert’s opinions” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 3) (Traducción libre: “todos los datos, documentos y demás información considerados por el perito al formar sus opiniones”). Cuando la defensa pidió el historial de conversaciones, el actor se negó y lo anotó en su registro de privilegios como “Attorney/Expert Work Product; Trial Preparation: Materials” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 3) (Traducción libre: “Producto del trabajo del abogado y del perito; materiales de preparación del juicio”).

El magistrado Daniel J. Albregts ordenó entregar el historial completo, de unas cuarenta páginas, “because Melton considered it in forming and supporting his opinions” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 3) (Traducción libre: “porque Melton lo consideró al formar y fundamentar sus opiniones”). Rechazó que fuera un borrador, porque “the log was neither created by Melton nor does the log itself serve as a draft of the entire report” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 3) (Traducción libre: “el historial ni fue creado por Melton ni sirve por sí mismo como borrador del dictamen completo”), y descartó el privilegio entre abogado y cliente.

El magistrado no leyó el historial. Decidió con la descripción del actor, que distinguía tres usos:

1. Resúmenes de jurisprudencia sobre fuerza excesiva.
2. Consultas para “create a deposition outline for an excessive force case, which apparently the expert used to predict likely questions at deposition (classic trial/litigation preparation work)” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 4) (Traducción libre: “elaborar un esquema de deposición para un caso de fuerza excesiva, que aparentemente el perito usó para anticipar las preguntas probables en la deposición (típico trabajo de preparación del juicio o del litigio)”).
3. Análisis para el dictamen, que el actor calificó como “classic protected draft report information” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 4) (Traducción libre: “típica información protegida de borrador del dictamen”).

La jueza de distrito Anne R. Traum revisó esa decisión. Solo podía corregirla si era claramente errónea o contraria a derecho. Una decisión es claramente errónea cuando, aun con prueba que la respalde, el revisor “on the entire evidence is left with the definite and firm conviction that a mistake has been committed” (United States v. Ressam, 2010, como se citó en Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 1) (Traducción libre: “a la luz de toda la prueba, queda con la convicción definitiva y firme de que se cometió un error”). La parte que se opone a la exhibición “bears the burden of showing why that discovery should be not permitted” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 2) (Traducción libre: “soporta la carga de demostrar por qué esa exhibición no debe permitirse”).

La reforma de 2010 a las Reglas Federales de Procedimiento Civil limitó lo que el perito debe revelar a los “facts or data considered” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 5) (Traducción libre: “hechos o datos considerados”). El texto anterior hablaba de “data or other information” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 5) (Traducción libre: “datos u otra información”), y muchos tribunales lo leían como una obligación de revelar todas las comunicaciones con el abogado y todos los borradores.

Con la regla actual, el perito revela los hechos o datos que consideró. Sus borradores y las impresiones mentales, conclusiones y teorías jurídicas de la parte y sus representantes están protegidos. La jueza dividió el historial en cuatro bloques y ordenó entregar solo uno.

El bloque que se entrega es el de los resúmenes de jurisprudencia. Para el Noveno Circuito, la obligación de revelar abarca “‘any material considered by the expert, from whatever source, that contains factual ingredients’” (Republic of Ecuador v. Mackay, 2014, como se citó en Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 6) (Traducción libre: “‘cualquier material considerado por el perito, de cualquier fuente, que contenga elementos fácticos’”). La jueza concluyó: “The legal case summaries generated by ChatGPT constitute ‘facts or data’ that Melton considered and must be disclosed under Rule 26” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 6) (Traducción libre: “Los resúmenes jurisprudenciales generados por ChatGPT constituyen ‘hechos o datos’ que Melton consideró y que deben revelarse conforme a la Regla 26”).

La obligación existe aunque el perito solo haya consultado los resúmenes. Aunque el experto “only consulted the summaries as a quick-reference guide, he still considered the summaries within the meaning of Rule 26” (Hirata v. S. Nevada Health Dist., 2016, como se citó en Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 6) (Traducción libre: “solo haya consultado los resúmenes como guía de referencia rápida, aun así los consideró en el sentido de la Regla 26”).

La jueza citó también Jackson v. Tesla, Inc. (2024), un caso que obligó a revelar el trabajo de un consultor “when expert instructed consultant to sort through database and produce data to review for report” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 6) (Traducción libre: “cuando el perito instruyó al consultor para que revisara una base de datos y produjera datos que examinar para el dictamen”). Más abajo explico ese caso.

La jueza dio una razón práctica: el historial es el único lugar donde la contraparte puede revisar las supuestas “‘hallucinated case citations…quotes…and references to broad legal standards’ that Melton relied upon, or at least considered, to reach his opinion” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 7) (Traducción libre: “‘citas jurisprudenciales alucinadas… citas textuales… y referencias a estándares jurídicos generales’ en las que Melton se apoyó, o que al menos consideró, para llegar a su opinión”). Si la herramienta inventó un precedente y el perito lo usó, la contraparte necesita saberlo.

Las preguntas que el perito hizo a ChatGPT no se entregan. La jueza las compara con una búsqueda en internet: “a question is not something that an expert can ‘consider’ or ‘rely’ upon as ‘facts or data’ in reaching their opinion, just as an expert would not ‘consider’ or ‘rely’ upon their online research queries” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 7) (Traducción libre: “una pregunta no es algo que un experto pueda ‘considerar’ o en lo que pueda ‘apoyarse’ como ‘hechos o datos’ para llegar a su opinión, del mismo modo que un experto no ‘considera’ ni ‘se apoya’ en sus búsquedas en línea”).

La jueza también consideró que las preguntas muestran el razonamiento del perito. Según el Noveno Circuito, “the driving purpose of the 2010 amendments was to protect opinion work product” (Republic of Ecuador v. Mackay, 2014, como se citó en Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 8) (Traducción libre: “el propósito central de las reformas de 2010 fue proteger el producto del trabajo que contiene opiniones”). Las preguntas indican qué temas le importan al perito y qué teoría del caso sigue.

El esquema que el perito preparó para su deposición tampoco se entrega, porque no sirvió para formar su opinión: “Instead of using ChatGPT’s outputs to inform his expert opinion, Melton used ChatGPT’s responses to structure his preparation for his deposition and trial” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 8) (Traducción libre: “En lugar de usar los resultados de ChatGPT para informar su opinión pericial, Melton usó sus respuestas para estructurar la preparación de su deposición y del juicio”).

La jueza mencionó que algunos tribunales extienden esta protección a los peritos: “Expert opinions are protected by the work product doctrine, which extends to litigation consultants and retained experts” (Coppola v. Smith, 2015, como se citó en Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 9) (Traducción libre: “Las opiniones periciales están protegidas por la doctrina del producto del trabajo, que se extiende a los consultores de litigio y a los peritos contratados”). Añadió que, sin ese privilegio, el esquema igual estaría protegido, porque “such an outline would reveal Melton’s focus, priorities, or areas of concern to address in the deposition and at trial” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 9) (Traducción libre: “ese esquema revelaría el enfoque, las prioridades o las áreas de preocupación de Melton para la deposición y el juicio”).

El cuarto bloque es el borrador del dictamen. Melton reconoció que a veces copiaba y pegaba respuestas de ChatGPT en su informe. Para la jueza, eso es un borrador, y la regla federal protege los borradores “regardless of the form in which the draft is recorded” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 9) (Traducción libre: “sin importar el formato en que el borrador quede registrado”). La jueza concluyó: “It appears that Melton’s usage of the ChatGPT responses was to assist in his writing and analysis of his expert report, rather than to create ‘facts or data’ to consider in forming his opinion” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 9) (Traducción libre: “Todo indica que Melton usó las respuestas de ChatGPT para asistirse en la redacción y el análisis de su dictamen, y no para generar ‘hechos o datos’ que considerar al formar su opinión”).

La defensa alegó que un texto escrito por la máquina no puede ser borrador del perito. La jueza respondió que sí lo es, porque el perito lo incorporó al informe, y agregó un fundamento subsidiario: “Even if the ChatGPT output is not a draft report protected under Rule 26(b)(4)(B), it would still be mental impressions protected from disclosure under Rule 26(b)(3)(b) [sic]” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 10) (Traducción libre: “Aun si el resultado de ChatGPT no fuera un borrador protegido por la Regla 26(b)(4)(B), seguiría tratándose de impresiones mentales protegidas de la revelación por la Regla 26(b)(3)(B)”).

La jueza revisó el historial en privado y concluyó que el magistrado podía decidir sin hacerlo: “Having conducted an in camera review of the history log, the Court finds that Judge Albregts did not clearly err in relying upon Plaintiff’s good-faith representation of the history logs” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 10) (Traducción libre: “Habiendo revisado el historial en privado, el Tribunal concluye que el juez Albregts no incurrió en error manifiesto al confiar en la descripción de buena fe que el actor hizo de los historiales”). Citó un precedente local según el cual “in camera review is generally disfavored” (Ideal Elec. Co. v. Flowserve Corp., 2005, como se citó en Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 10) (Traducción libre: “la revisión en privado es en general desfavorecida”).

También resolvió que usar ChatGPT no implica renunciar a la confidencialidad, un punto que el magistrado no había decidido: “Because ChatGPT is not a person, but was an application used in this instance as a research, drafting, and editing program, the Court finds that any privileged information is not waived by Melton’s use of the program” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 10) (Traducción libre: “Como ChatGPT no es una persona, sino una aplicación usada en este caso como programa de investigación, redacción y edición, el Tribunal concluye que el uso del programa por Melton no implica renuncia a ninguna información privilegiada”).

Para la contraparte, la vía es el juicio. Según la orden, “many of Defendant’s concerns about Melton’s methodology and reliance on ChatGPT are appropriate to address at trial as matters of impeachment” (Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, 2026, p. 11) (Traducción libre: “muchas de las preocupaciones de la parte demandada sobre la metodología de Melton y su dependencia de ChatGPT pueden plantearse en el juicio como cuestiones de impugnación de su credibilidad”).

En Connecticut el resultado fue distinto. En Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co. (2026), un litigio ambiental, el magistrado Thomas O. Farrish resolvió una solicitud de los demandados sobre los materiales en que se apoyó la perita de la actora, Naomi Oreskes. Las partes resolvieron casi todo y quedó pendiente “their dispute concerning Defendants’ request for the prompts Dr. Oreskes used in conducting her AI analysis and outputs” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “su controversia sobre la solicitud de los demandados de los prompts que la Dra. Oreskes usó para realizar su análisis con inteligencia artificial y sus resultados”). La actora presentó tres defensas y el magistrado rechazó las tres.

La primera defensa fue que los prompts de un perito no entran en la exhibición. El magistrado respondió que “An expert witness’s methodology is fair ground for discovery” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “La metodología de un perito es terreno legítimo de la exhibición probatoria”). Citó Macchia v. ADP, Inc. y explicó que, “under the facts of this case, the process by which Dr. Oreskes culled down the defendants’ document production into a subset to be worked with is an aspect of that methodology” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “según los hechos de este caso, el proceso mediante el cual la Dra. Oreskes depuró la producción documental de los demandados hasta un subconjunto de trabajo es un aspecto de esa metodología”). La frase “según los hechos de este caso” limita el alcance de la orden: no declara revelables todos los prompts de cualquier perito.

La segunda defensa fue un acuerdo entre las partes para no pedirse las “expert notes, drafts, or communications needed by, and made during, the report drafting process” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “notas, borradores o comunicaciones del perito necesarios para el proceso de redacción del dictamen y producidos durante él”). La actora sostuvo que los prompts eran “notas”. El magistrado no lo aceptó: “But this is not so obvious as to be ‘quite clear,’ and accordingly it is not a sound basis for denying discovery that is otherwise within the scope of Rule 26(b)” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “Pero esto no es tan evidente como para ser ‘del todo claro’, y por tanto no es una base sólida para negar una exhibición que por lo demás cae dentro del alcance de la Regla 26(b)”).

La tercera defensa fue que no existían prompts. Según la actora, la perita “did not use ‘prompts,’ but rather only applied ‘search terms’” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “no usó ‘prompts’, sino que solo aplicó ‘términos de búsqueda’”). Cuando una parte afirma de buena fe que algo no existe, en principio no se le puede ordenar producirlo, porque “one cannot be required to produce the impossible” (Zervos v. S.S. Sam Houston, 1978, como se citó en Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “no se puede obligar a nadie a producir lo imposible”). Esa regla no se aplica cuando quien pide tiene una razón “backed up by solid evidence rather than mere suspicion” (Lewis v. Doe, 2021, como se citó en Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “respaldada por prueba sólida y no por mera sospecha”). En este caso la había: “Dr. Oreskes’ assistant, Dr. Alexander Kaurov, referenced ‘prompt[s]’ in his declaration” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “el asistente de la Dra. Oreskes, el Dr. Alexander Kaurov, mencionó ‘prompt[s]’ en su declaración”).

El magistrado ordenó: “CLF is ordered to revise its responses to any Rule 33 interrogatories or Rule 34 requests for production that call for disclosure of any artificial intelligence prompts and/or queries used by Dr. Oreskes or her team in the course of producing her expert witness report” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “Se ordena a CLF revisar sus respuestas a todo interrogatorio de la Regla 33 o solicitud de exhibición de la Regla 34 que requiera revelar cualquier prompt o consulta de inteligencia artificial utilizado por la Dra. Oreskes o su equipo durante la elaboración de su dictamen pericial”).

La orden incluyó una advertencia: “If, after a diligent search, CLF determines that no additional responsive materials exist, it shall say so in its response, signed by the appropriate person under Rule 33 or 34. Rule 37(b) sanctions may then become available to the defendants if that representation is later revealed to be untrue” (Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., 2026) (Traducción libre: “Si, tras una búsqueda diligente, CLF determina que no existen materiales adicionales responsivos, deberá indicarlo en su respuesta, firmada por la persona correspondiente conforme a la Regla 33 o 34. Los demandados podrán entonces solicitar las sanciones de la Regla 37(b) si esa afirmación resulta luego falsa”). El plazo vencía el 1 de junio de 2026.

La actora objetó la orden ante el juez de distrito. Según Dechert, “The district court stayed the order pending resolution of CLF’s objection” (Dechert LLP, 2026, párr. 8) (Traducción libre: “El tribunal de distrito suspendió la orden mientras se resuelve la objeción de CLF”).

Jackson v. Tesla, Inc. (2024), el caso que citó la jueza de Nevada, trata de un consultor y no de inteligencia artificial, pero el problema es el mismo. En una demanda por aceleración involuntaria de vehículos, un consultor contratado por los actores revisó las quejas de una base de datos pública de la autoridad federal de seguridad vial. Lo hizo “using criteria and instructions supplied by plaintiffs’ expert Dr. Singer” (Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 1) (Traducción libre: “usando criterios e instrucciones proporcionados por el perito de los actores, el Dr. Singer”) y separó las quejas “confirmadas” de las “sospechosas”. El perito basó su opinión principal en esa clasificación. Como en Nevada, la contraparte se enteró de la delegación en la deposición del perito, porque el dictamen no la mencionaba (Jackson v. Tesla, Inc., 2024).

Los actores alegaron que el consultor “simply performed an administrative function under the direction of and according to search terms provided by . . . Dr. Singer” (Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 3) (Traducción libre: “simplemente cumplió una función administrativa bajo la dirección del Dr. Singer y conforme a los términos de búsqueda que este le proporcionó”). La magistrada Virginia K. DeMarchi lo rechazó: “The record does not support plaintiffs’ assertion that the consultant merely performed an ‘administrative function’ that required no analysis or judgment” (Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 3) (Traducción libre: “El expediente no respalda la afirmación de los actores de que el consultor se limitó a cumplir una ‘función administrativa’ que no requería análisis ni criterio”). En la deposición, el perito admitió que solo revisó una parte de los datos y no supo explicar cómo el consultor aplicó sus instrucciones (Jackson v. Tesla, Inc., 2024).

La magistrada citó al Noveno Circuito: las protecciones de los borradores, de las comunicaciones con el abogado y del producto del trabajo “‘do not impede discovery about the opinions to be offered by the expert or the development, foundation, or basis of those opinions’” (Republic of Ecuador v. Mackay, 2014, como se citó en Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 3) (Traducción libre: “‘no impiden la exhibición sobre las opiniones que ofrecerá el perito ni sobre el desarrollo, el fundamento o la base de esas opiniones’”).

Concluyó que “The consultant’s work forms part of the ‘basis’ of Dr. Singer’s expert opinion and is among the ‘facts or data’ he considered” (Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 4) (Traducción libre: “El trabajo del consultor forma parte de la ‘base’ de la opinión pericial del Dr. Singer y se encuentra entre los ‘hechos o datos’ que consideró”), y fijó el alcance de la exhibición: “Thus, Rule 26(a)(2)(B) requires disclosure of the consultant’s work and, at a minimum, permits discovery of how the consultant performed the VOQ analysis” (Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 4) (Traducción libre: “Así, la Regla 26(a)(2)(B) exige revelar el trabajo del consultor y, como mínimo, permite indagar cómo realizó el análisis de la base de datos”).

La protección de los consultores que no declaran no aplicaba. Esa protección cubre a quien solo ayuda a preparar el juicio, y los actores ofrecieron una opinión pericial “that expressly relies on that consultant’s substantive work” (Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 4) (Traducción libre: “que se apoya expresamente en el trabajo sustantivo de ese consultor”).

La magistrada explicó que negar la exhibición “effectively prevents Tesla from testing whether the VOQ analysis was done according to Dr. Singer’s instructions” (Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 4) (Traducción libre: “impide en la práctica que Tesla verifique si el análisis de la base de datos se hizo conforme a las instrucciones del Dr. Singer”). También señaló que “it prevents Tesla from exploring the reliability of Dr. Singer’s principal opinion” (Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 4) (Traducción libre: “impide a Tesla examinar la confiabilidad de la opinión principal del Dr. Singer”).

La orden obligó a revelar la identidad del consultor, los documentos y comunicaciones sobre su análisis, la hoja de cálculo con los resultados y sus facturas. Dispuso una deposición del consultor de hasta tres horas y una nueva deposición del perito de hasta dos. Si había más de un consultor, la orden alcanzaba a cada uno (Jackson v. Tesla, Inc., 2024).

Las tres órdenes siguen un criterio parecido. Una herramienta de inteligencia artificial que filtra o clasifica la prueba hace lo mismo que el consultor de Tesla: un trabajo sustantivo por encargo del perito, que el perito no siempre puede explicar. Si la herramienta decide qué documentos lee el perito, como en Connecticut, o le entrega contenido que usa para su opinión, como los resúmenes en Nevada, ese trabajo se revela.

En Connecticut y en California, la parte describió lo delegado de forma parecida: “search terms” en un caso y una “administrative function” conforme a “search terms” en el otro. Ningún tribunal aceptó esa descripción sin revisar qué hizo el asistente.

La diferencia está en los prompts. Nevada los trata como búsquedas en internet, que no se revelan. Connecticut trata como metodología revelable las consultas usadas para filtrar documentos, sin analizar la protección de borradores ni el producto del trabajo. Para los tres tribunales, lo relevante es para qué usó el perito la herramienta y si puede explicar lo que hizo.

Los tres casos también muestran cuánto vale la palabra de la parte que tiene el material. En Nevada, el magistrado decidió con la descripción del actor, y la jueza confirmó esa descripción al revisar el historial. En Connecticut, el magistrado no aceptó la versión de la actora porque una declaración del equipo de la perita la contradecía. En California, la deposición del perito contradijo que el trabajo del consultor fuera administrativo. La afirmación de buena fe de una parte se acepta mientras ninguna prueba la contradiga.

La orden de Nevada tiene puntos débiles:

1. Aplica a un perito testigo una protección prevista para las impresiones mentales del abogado y de los representantes de la parte, con apoyo en un solo precedente de distrito. El Noveno Circuito ha dicho que la protección ordinaria del producto del trabajo “would typically be waived where the materials are disclosed to a testifying expert” (Republic of Ecuador v. Mackay, 2014, como se citó en Jackson v. Tesla, Inc., 2024, p. 3) (Traducción libre: “normalmente se pierde cuando los materiales se entregan a un perito que declarará”). Esa nota no se refiere al razonamiento propio del perito, pero es difícil conciliarla con una protección amplia de todo lo que pasa por sus manos.
2. La línea entre bloques no es clara. El resumen consultado se revela y el texto incorporado al dictamen se protege, aunque un mismo resultado de la herramienta puede ser ambas cosas.
3. Se entregan las respuestas sin las preguntas que las produjeron, lo que dificulta verificar las alucinaciones que justificaron la revelación.
4. La orden no explica qué ocurre con los datos que conserva el proveedor de la herramienta.
5. El magistrado también se apoyó en el inciso que regula los anexos del dictamen, y la jueza no lo analiza.
6. No fija plazo ni método para separar los bloques del historial, ni indica cómo registrar lo que se retiene.
7. El perito reveló el uso de ChatGPT en la deposición, pese a la citación previa, y la orden no le asigna ninguna consecuencia.

El caso costarricense se tramita ante el Juzgado Civil y de Trabajo de Puriscal. Según La Nación, es un proceso por servidumbre de paso agrícola en el que los abogados de una de las partes cuestionaron al arquitecto designado como perito por el juzgado (Montero, 2026). Primero le pidieron aclarar el informe por supuestas contradicciones, omisiones e insuficiencias metodológicas. Luego señalaron que su memorial de aclaración “tiene notorias similitudes con documentos elaborados por inteligencia artificial” (Montero, 2026, párr. 7).

Los abogados le pidieron al perito:

1. Que dijera si usó inteligencia artificial generativa.
2. Que identificara la herramienta.
3. Que aportara los prompts literales.
4. Que separara lo generado por la herramienta de su propio criterio técnico.
5. Que explicara cómo validó ese contenido antes de firmarlo bajo juramento.

Cuando se publicó la nota, el perito no había respondido (Montero, 2026). La quinta pregunta es la que el perito de Tesla no pudo responder sobre el trabajo de su consultor.

Puriscal pide lo que Nevada protege y lo que Connecticut ordenó revelar. La diferencia es el tipo de perito. En Nevada, los prompts están protegidos porque muestran las impresiones mentales y la teoría del caso de un perito contratado por una parte. Un perito designado por el juzgado no tiene una teoría del caso que proteger; su deber es la imparcialidad. Sin esa razón, quedan las razones para revelar: verificar si la herramienta inventó datos y revisar la metodología, como en Connecticut y California. Nuestro proceso tampoco tiene una doctrina equivalente al producto del trabajo ni una regla que proteja los borradores del perito.

La parte contra la que se ofrece un dictamen debe poder examinar sus bases, también cuando provienen de una herramienta de inteligencia artificial. En Costa Rica, una solicitud como la de Puriscal tiene mejor sustento que en Nevada.

El formato de un escrito, con secciones numeradas y títulos en mayúsculas, no prueba que lo haya redactado una máquina. En Connecticut, la prueba fue una palabra en una declaración jurada. En California, las respuestas del perito en su deposición. En Puriscal, el estilo del escrito es un indicio débil. El reproche con más sustento no depende de la inteligencia artificial: el perito no respondió preguntas concretas.

Recomendaciones para quien litiga:

1. Pregunte en la aclaración o en el interrogatorio si el perito usó inteligencia artificial, para qué y con qué herramienta.
2. Pida los resultados que el perito consideró para formar su opinión. Incluso con el criterio de Nevada, ese pedido tiene respaldo.
3. Si la herramienta filtró, seleccionó o clasificó la prueba que revisó el perito, pida las consultas como parte de su metodología.
4. Si la otra parte describe lo delegado como una tarea administrativa o como términos de búsqueda, pregunte al perito cómo se hizo. Si no puede explicarlo, la tarea requirió criterio y su resultado se puede pedir.
5. Considere quién designó al perito. Si es de parte, obtener los prompts es más difícil. Si lo designó el juzgado, su deber de imparcialidad favorece la solicitud.
6. Busque prueba que contradiga la versión de la otra parte: declaraciones del equipo del perito, contradicciones, citas inexistentes. El estilo del texto no basta.
7. Si pacta reglas sobre notas o borradores del perito, mencione expresamente la inteligencia artificial. Una cláusula genérica puede no cubrirla.

Recomendaciones para quien perita:

1. Registre qué herramienta usó, para qué y con qué resultados, y conserve el historial.
2. No llame términos de búsqueda a lo que fueron prompts. Una declaración de su propio equipo puede contradecirlo.
3. Verifique cada dato, cita o criterio que provenga de la herramienta antes de incorporarlo.
4. Si no puede explicar cómo la herramienta o su asistente siguió sus instrucciones, no use ese resultado.
5. Informe desde el inicio que usó la herramienta. Ocultarlo afecta la credibilidad del dictamen.
6. Usted firma el dictamen bajo juramento y responde por su contenido, aunque haya usado una herramienta.

Referencias

Conservation Law Foundation, Inc. v. Shell Oil Co., No. 3:21-cv-00933, ECF No. 970 (D. Conn. May 18, 2026). https://www.courtlistener.com/docket/60042265/conservation-law-foundation-inc-v-shell-oil-company/

Dechert LLP. (2026, 30 de junio). Magistrate judge orders production of AI prompts used by expert witness. https://www.dechert.com/knowledge/re-torts/2026/6/Magistrate-Judge-Orders-Production-of-AI-Prompts-Used-by-Expert-Witness.html

Jackson v. Tesla, Inc., No. 5:22-cv-04380-PCP (VKD), ECF No. 55 (N.D. Cal. Dec. 6, 2024). https://www.courtlistener.com/opinion/10290101/jackson-v-tesla-inc/

Montero, C. (2026, 22 de junio). Abogados cuestionan si perito habría usado inteligencia artificial en litigio por servidumbre de paso. La Nación. https://www.nacion.com/sucesos/abogados-cuestionan-si-perito-habria-usado/WPNRKCJPGJCPJKOL3N4H6IDGYU/story/

Villanueva v. Las Vegas Metropolitan Police Department, No. 2:24-cv-00125-ART-DJA, ECF No. 112 (D. Nev. Sept. 29, 2026). https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/nevada/nvdce/2:2024cv00125/166491/112

 

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