1
Lunes 9 de febrero, 4:40 p.m.
Llovía desde las tres, con esa terquedad
de febrero que nadie espera. Ricardo Solís Vargas dejó el carro en el parqueo
de Plaza del Sol, se echó la laptop bajo el brazo dentro de una bolsa de
supermercado y cruzó los veinte metros hasta el local a paso rápido.
CompuNorte olía a plástico caliente y a
café recalentado. Detrás del mostrador había un muchacho de unos veinticinco
años con una camiseta del taller y un destornillador de precisión detrás de la
oreja. Jeffrey Brenes Mora.
—Se me está muriendo —dijo Solís,
poniendo la máquina sobre el vidrio—. Se traba, se apaga sola. Un compa me dijo
que es el disco.
Brenes la encendió ahí mismo. Escuchó.
Ese clic apagado, intermitente, que hacen los discos mecánicos cuando les queda
poco.
—Sí. Está haciendo el ruidito. ¿Quiere
que le pongamos un SSD?
—¿Y no pierdo nada?
—No, se clona. Pasamos todo tal cual del
disco viejo al nuevo. Después hay que verificar que la información llegó bien,
pero normalmente no da problema.
Solís asintió. Tenía cosas ahí que no
quería perder. Trabajo de años.
Brenes empezó a llenar la boleta.
Nombre, teléfono, modelo, trabajo solicitado. Y entonces hizo la pregunta que
hace cuarenta veces por semana, la que está impresa en el formulario porque sin
ella no se puede trabajar:
—¿Tiene contraseña?
Solís negó con la cabeza.
—No. Entra directo.
Brenes anotó NO en la casilla,
arrancó la copia amarilla y se la pasó.
—El miércoles se la tengo.
Solís se guardó el papel en la
billetera, se subió el cuello de la chaqueta y salió otra vez a la lluvia.
Volvió a Hacienda El Gregal a las cinco y cuarto. El guarda de la caseta le
levantó la aguja sin bajar la vista del celular.
No dijo nada más. No pidió que no
abrieran nada. No mencionó carpetas privadas. No preguntó qué iban a revisar.
Eso, después, iba a discutirse durante
meses.
2
Martes 10 de febrero, 9:00 a.m.
El clonado tomó dos horas y catorce
minutos. Brenes lo dejó corriendo mientras atendía a una señora que quería
saber por qué su impresora imprimía todo verde.
Cuando la barra llegó a cien por ciento,
hizo lo de siempre.
Un clonado que termina no es un clonado
que sirve. La barra puede llenarse completa y dejar atrás una tabla de
particiones sana con archivos rotos por dentro. Corrupción silenciosa, le
dicen. El cliente se va contento, y tres semanas después vuelve furioso porque
las fotos del matrimonio de la hija abren en gris.
Por eso el protocolo del taller —el
mismo de cualquier taller del país— es abrir una muestra. Formatos distintos,
carpetas distintas.
Brenes empezó por Documentos. Un PDF de
un contrato. Una hoja de cálculo con presupuestos. Un Word con una carta. Todo
limpio.
Después fue a Imágenes, que es donde de
verdad se ven los problemas, porque son miles de archivos chiquitos y ahí la
corrupción se nota rápido.
Abrió la primera subcarpeta.
3
Hay una parte de esta historia que no se
cuenta.
Brenes cerró la ventana antes de
terminar de entender lo que estaba viendo. Se quedó unos segundos con la mano
sobre el mouse. Después bajó la tapa de la laptop, se levantó y se fue al fondo
del local, donde el dueño estaba desarmando una fuente de poder.
—Don Álvaro.
El dueño lo miró.
—Necesito que venga.
Discutieron ocho minutos. El dueño
quería estar seguro de que el muchacho no se hubiera confundido con algo.
Volvieron los dos, abrieron la tapa, y a los cuatro segundos don Álvaro dijo
que cerrara eso.
—¿Llamamos al 911 o vamos a la
delegación?
—Llame al 911.
Eran las once y veinte de la mañana.
4
Martes 10 de febrero, 2:15 p.m.
Los investigadores llegaron después del
almuerzo, en un carro sin rotular. Uno mayor, canoso, con un maletín; el otro
más joven, con la libreta.
Le tomaron declaración a Brenes ahí
mismo, en la mesa de trabajo del fondo. Qué vio. Cómo lo encontró. Por qué
abrió esos archivos.
—Yo no andaba buscando nada —dijo Brenes
tres veces—. Yo estaba verificando el clonado.
Le explicaron que eso no era un
problema, que estaba bien, que lo importante era que hubiera denunciado. Firmó
la declaración. Le pidieron la boleta de recepción y la fotocopiaron.
Después levantaron el acta de secuestro.
El equipo pasó de la mesa del taller a una bolsa de evidencia, y de ahí al
maletero del carro.
Cuando salieron, don Álvaro le dijo a
Brenes que se fuera temprano ese día. Brenes se quedó igual hasta las seis. No
tenía muchas ganas de ir a la casa.
SEGUNDA PARTE — LA CARPETA
5
Martes 10 de febrero, 4:00 p.m.
La Delegación Regional huele a papel
viejo y a desinfectante de piso. La bodega de evidencias queda al final del
pasillo, después del baño, en un cuarto sin ventanas que alguna vez fue
archivo.
El investigador Kenneth Ramírez Chaves
firmó la salida del equipo a las 3:55 y se lo llevó a su escritorio.
Ramírez llevaba once años en el OIJ y
cuatro en esa delegación. El año anterior había ido a un curso en la Escuela
Judicial sobre investigación de delitos informáticos contra personas menores de
edad. De ese curso se le habían quedado grabadas dos cosas.
La primera: que en estos casos casi
nunca hay un solo sospechoso, porque el material circula en redes.
La segunda: que el que tiene material
casi siempre tiene también el programa con el que lo bajó, y que el programa
deja rastro de todo.
Conectó la máquina a la corriente y la
encendió. Arrancó directo al escritorio, sin pedir nada, tal como había dicho
el técnico.
Fue primero a Imágenes. Abrió la
subcarpeta. Confirmó.
Podría haber parado ahí.
6
El compañero pasó por detrás con dos
cafés y se apoyó en el borde del escritorio.
—¿Es lo que dijo el muchacho?
—Es.
—¿Y entonces?
Ramírez no contestó de una. Estaba con
el cursor sobre la barra de tareas.
—Voy a ver si tiene el programa.
—¿No habría que pedir la orden primero?
Ramírez levantó la vista.
—¿Y mientras tanto qué? Ya tenemos el
delito confirmado. Si esperamos, mañana el tipo se conecta desde donde sea y me
borra todo, o me lo saca de la nube, o le avisa a los otros. Esto no es un
allanamiento a una casa, esta máquina ya la tenemos aquí.
El compañero se encogió de hombros y se
fue con los dos cafés.
Nadie llamó a nadie. No se hizo ninguna
consulta al fiscal de turno. No se pidió nada.
7
Lo encontró en veinte minutos.
Descargas → Completed. La ruta que µTorrent Classic asigna por
defecto a los archivos terminados. Ciento cuarenta y tres videos.
Después abrió el programa en sí.
La ventana de µTorrent mostraba treinta
y un torrents activos. No en descarga: en seeding. Resembrando. Es
decir, subiendo esos mismos archivos a cualquier otro usuario de la red que los
pidiera, de manera automática, cada vez que la máquina estuviera encendida y
conectada.
En la esquina inferior, el cliente
llevaba la cuenta: 4,7 TB subidos.
Ramírez se quedó viendo ese número un
rato largo. Después empezó a redactar.
8
Miércoles 11 de febrero
El equipo salió de la bodega a las 8:05
rumbo a la Sección de Delitos Informáticos y volvió a las 4:40 de la tarde con
una imagen forense generada.
El peritaje catalogó todo: los archivos
de Imágenes, los ciento cuarenta y tres de Completed, los metadatos de cada
descarga, las marcas de tiempo, el historial completo de resiembra desde la
instalación del cliente diecinueve meses atrás.
También dejó constancia, en un renglón
que nadie leyó con atención en ese momento, del último registro de actividad de
red del sistema operativo.
9
Jueves 12 de febrero, 8:30 a.m.
El fiscal auxiliar recibió el legajo el
jueves por la mañana. Informe policial, dictamen pericial, declaración del
testigo, acta de secuestro, boleta del taller.
Todo cocinado.
A las diez de la mañana solicitó al
Juzgado Penal la autorización jurisdiccional para el examen del contenido del
equipo.
A las once ordenó la detención de
Ricardo Solís Vargas y giró la comunicación a la Delegación. Los agentes
averiguaron por el taller que el cliente aún no había pasado a recoger el
equipo.
Decidieron esperarlo ahí.
10
Viernes 13 de febrero, 5:30 p.m.
A Solís lo habían llamado el miércoles
del taller: que su máquina ya estaba lista.
Salió del trabajo en La Uruca a las
cuatro y media y agarró la presa completa hasta Curridabat. Llegó a Plaza del
Sol pasadas las cinco y media, con la copia amarilla de la boleta en la
billetera.
Entró al local. Brenes no estaba ese
día.
Los dos hombres que se le acercaron
desde la fila de sillas de espera no parecían clientes.
—¿Ricardo Solís Vargas?
El primero ya tenía el carné en la mano,
a la altura del pecho. El segundo se había colocado un paso atrás y medio metro
a la derecha, en esa posición que no significa nada para quien no la conoce.
—Sí.
—Organismo de Investigación Judicial.
Queda usted detenido por orden del Ministerio Público.
Le mostraron el documento. Solís lo miró
sin leerlo. Miró después hacia el mostrador, donde la muchacha que atendía se
había quedado quieta con un teclado en las manos.
—¿Por qué?
—Se le está investigando por un delito
sexual contra personas menores de edad. En la Delegación le van a explicar todo
con detalle y le van a nombrar un abogado.
Solís no dijo nada. Al rato preguntó
otra cosa.
—¿Y mi máquina?
Nadie le contestó eso.
Le pidieron que se volviera hacia el
mostrador y colocara las manos sobre el vidrio. Le hicieron la requisa ahí
mismo, con un cliente que esperaba una impresora como testigo del acto, y que
después tuvo que firmar un papel que no entendía. De los bolsillos salieron un
celular, un llavero, un paquete de chicles y la billetera.
Dentro de la billetera estaba la copia
amarilla de la boleta N.° 20418, doblada en cuatro. Trabajo solicitado:
instalación de unidad SSD y clonado de disco. Contraseña de acceso: NO.
Todo eso fue a dar a una bolsa de
pertenencias con su nombre escrito en marcador.
Le pusieron las esposas adelante y
salieron los tres por el pasillo del centro comercial, entre la gente que hacía
las compras del viernes, hasta el carro estacionado frente al Automercado.
Eran las cinco y treinta y ocho de la
tarde.
11
Viernes 13 de febrero, 6:05 p.m.
En la sala de espera de la Delegación
había un ventilador de pie que giraba sin refrescar nada y un afiche
descolorido sobre denuncia de violencia doméstica.
A Solís le leyeron sus derechos de una
hoja plastificada. Por qué estaba detenido y quién lo había ordenado. Que podía
comunicarse de inmediato con la persona que quisiera. Que podía nombrar un
abogado de confianza y que si no lo hacía se le asignaría uno público. Que
podía abstenerse de declarar y que su silencio no lo perjudicaba en nada.
Preguntaron si tenía abogado. Dijo que
no.
Preguntaron a quién quería llamar. Se
quedó pensando un rato largo, más del que la pregunta requería, y al final dio
el número de una hermana que vive en Tres Ríos. La llamada duró cuarenta
segundos. No se sabe qué le dijo.
A las 6:40 llegó el defensor público de
turno. Se entrevistó a solas con él en un cubículo con puerta de vidrio
esmerilado durante veintidós minutos.
Después los agentes lo interrogaron con
fines investigativos, con el defensor presente en la sala. Le preguntaron por
el equipo, por el taller, por el programa. Solís contestó las preguntas de
identidad y nada más. A las demás respondió que prefería no referirse.
A las 8:15 lo pasaron a las celdas de la
Delegación.
Ramírez cerró el informe de ampliación
esa misma noche y lo envió a la Fiscalía con copia del acta de derechos, la
constancia de la comunicación telefónica y el registro del interrogatorio.
TERCERA PARTE — EL INCIDENTE
12
Sábado 14 de febrero, 9:00 a.m.
Los plazos de la detención no distinguen
fines de semana. Solís fue puesto a la orden del Ministerio Público el sábado
por la mañana, dentro del término.
La Defensa Pública asignó el caso a
Mariana Quesada Fallas, que llevaba seis años en la institución y ese sábado
estaba de disponibilidad. Llegó a la Fiscalía a las nueve y cuarto con un
maletín y un café de máquina.
Antes de la diligencia se entrevistó con
Solís cuarenta minutos. Fue en ese lapso, y no antes, que supo de qué se
trataba el asunto.
La indagatoria empezó a las 10:20.
El fiscal auxiliar le comunicó
detalladamente el hecho que se le atribuía, la calificación jurídica y un
resumen del contenido de la prueba existente. Puso las actuaciones reunidas
hasta ese momento a disposición de la defensa: el informe policial, el dictamen
pericial, la declaración del técnico, el acta de secuestro, la boleta del
taller y la bitácora de la bodega de evidencias.
Le advirtió que podía abstenerse de
declarar, que su silencio no le perjudicaba, y que si declaraba su dicho podría
ser tomado en consideración aun en su contra.
Solís dio su nombre, su cédula, su edad,
su oficio y la dirección de su casa en Hacienda El Gregal. Cuando le
preguntaron si deseaba declarar sobre los hechos, dijo que no.
No volvió a hablar en toda la
diligencia.
13
Quesada pidió copia del legajo completo
y se lo llevó a la casa.
Lo leyó dos veces. La primera, buscando
lo obvio. La segunda, más despacio.
Fue en la segunda lectura, en la página
de la bitácora de la bodega de evidencias, donde encontró lo que buscaba. No
estaba en el informe policial ni en el dictamen pericial ni en el acta. Estaba
en una nota administrativa al pie de una tabla de movimientos, escrita por un
custodio de evidencias que probablemente la copiaba y pegaba en todas las
bitácoras del año.
Quesada subrayó esa nota con lapicero
azul y le puso un signo de admiración al margen.
El lunes presentó el incidente de
actividad procesal defectuosa.
14
La audiencia duró cuarenta minutos.
La defensa sostuvo que el examen del
contenido del disco se había realizado sin autorización jurisdiccional y pidió
que se declarara la ineficacia de esa actuación y de todo lo derivado de ella,
incluido el peritaje.
La Fiscalía se opuso con tres
argumentos.
Primero, que el imputado había entregado el
equipo sin contraseña y sin formular reserva alguna, y que eso constituía
consentimiento para el acceso a su contenido.
Segundo, que el descubrimiento lo había hecho
un particular y no el Estado, de modo que la policía se había limitado a
verificar una denuncia ya formulada.
Tercero, que la actuación fue urgente. Que se
trataba de archivos susceptibles de borrado remoto. Que la aplicación de
intercambio hacía razonable suponer la existencia de otros partícipes que
convenía identificar con premura. Y que detrás del material podían esconderse
abusos concretos contra personas menores de edad que urgía investigar.
El juez tomó veinte minutos y resolvió
en la misma audiencia. Rechazó el incidente. Consideró que la denuncia del
técnico legitimaba la verificación policial y que la premura estaba justificada
por la naturaleza del delito investigado.
Quesada protestó para efectos de la
etapa siguiente y guardó los papeles en el maletín.
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Lo reiteró en la audiencia preliminar.
Se lo denegaron otra vez.
El juez dictó el auto de apertura a
juicio y emplazó a las partes.
CUARTA PARTE — EL DEBATE
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Solís vendió el carro.
Con eso pagó los honorarios del
licenciado Fernán Arroyo Peña, que tenía oficina en San Pedro, dos secretarias
y una página web con una foto suya de brazos cruzados frente a una biblioteca
que no era la suya. Una prima de la hermana de Tres Ríos se lo había
recomendado. Dijo que era bueno, que había sacado a alguien de un problema
grande.
Quesada le entregó el expediente en la
Defensa Pública, en una caja de cartón con el escudo del Poder Judicial impreso
al costado. Estuvieron veinte minutos.
Le explicó la teoría del caso. Le mostró
la bitácora con el subrayado azul. Le dijo que había un segundo dato, en el
punto 7.3 del dictamen pericial, que a su juicio era todavía más fuerte que la
nota administrativa, porque no venía de un custodio de bodega sino del perito
de la propia Fiscalía.
Arroyo asintió. Dijo que sí, que
interesante, que él iba a estudiarlo con calma.
Cerró la caja y se la llevó.
17
El debate se celebró nueve meses después
de la detención y duró cuatro sesiones.
Declaró Jeffrey Brenes. Contó lo del
clonado, lo de la verificación, lo de las carpetas. Lo hizo bien y nadie logró
moverlo de ahí.
Declaró Kenneth Ramírez. Explicó el
hallazgo, la confirmación y la revisión posterior. Cuando la defensa le
preguntó por qué no había solicitado autorización jurisdiccional, contestó que
en ese momento existía riesgo de pérdida de la evidencia. Nadie le preguntó en
qué consistía ese riesgo. Nadie le puso enfrente el acta de secuestro. Nadie le
leyó el punto 7.3 del dictamen.
Declaró el perito informático. Expuso la
metodología, la generación de la imagen forense, el catálogo de archivos y los
registros de resiembra. Su exposición duró cincuenta minutos. La defensa no le
formuló ninguna pregunta.
Arroyo replanteó la nulidad en sus
conclusiones. Sostuvo que se había violado el derecho a la intimidad y la
inviolabilidad de los documentos privados, citó el artículo 24 de la
Constitución y pidió la absolutoria. Habló once minutos. No mencionó el estado
del equipo, ni la bitácora, ni el registro de conexiones de red.
El tribunal deliberó y dictó sentencia
condenatoria.
Seis años de prisión por el delito de
difusión de material pornográfico infantil, más inhabilitación. Al no proceder
la ejecución condicional por el monto de la pena, se ordenó la prisión
preventiva de Solís hasta la firmeza del fallo, decisión que el propio tribunal
revocó dos semanas después, al acoger una gestión de la defensa que acreditó
arraigo, domicilio conocido y comparecencia puntual a todas las diligencias del
proceso.
Solís salió del Tribunal por su propio
pie.
18
El Tribunal de Apelación de Sentencia
confirmó siete meses después.
Sobre el punto de la nulidad, resolvió
que el reclamo era genérico, que el recurrente no había indicado cuál era el
agravio concreto derivado de la ausencia de autorización jurisdiccional, y que
en todo caso la actuación policial se encontraba amparada en la denuncia previa
de un particular.
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La Sala Tercera declaró sin lugar el
recurso de casación un año y cinco meses después de la sentencia de juicio.
El voto es breve. Dice, en lo que
interesa, que el tema de la validez del registro del equipo ya fue conocido y
resuelto en apelación, que el recurrente no ofrece elementos nuevos y que su
planteamiento constituye una reiteración de lo ya discutido.
La sentencia quedó firme.
El Tribunal de Juicio realizó el cómputo
de la pena y giró la orden de captura para el cumplimiento.
20
La hermana de Tres Ríos presentó el
recurso de hábeas corpus ella misma.
Lo escribió a mano, en tres hojas de
cuaderno, y lo entregó en la ventanilla de la Sala Constitucional un jueves por
la mañana. Nadie le pidió que lo firmara un abogado, porque para ese recurso no
hace falta.
Lo dirigió contra el Tribunal de Juicio
y contra el Organismo de Investigación Judicial. Decía que a su hermano lo iban
a meter preso por una orden de captura girada en una sentencia que se dictó con
prueba que la policía sacó de su computadora sin permiso de ningún juez, que
eso lo prohíbe la Constitución en el artículo veinticuatro, y que ella había
leído el expediente completo tres veces. Pedía que se dejara sin efecto la
captura.
La Sala pidió informe bajo juramento a
las autoridades recurridas.
El voto de mayoría lo declaró sin lugar.
Recordó que la Sala se ha abstenido de intervenir en la valoración de la prueba
practicada por los tribunales ordinarios, «salvo cuando el error cometido por
el tribunal común sea de tal gravedad que implique una denegación de justicia o
una clara violación de derechos o libertades fundamentales», y estimó que ese
supuesto no concurría, tratándose de una cuestión de legalidad ordinaria ya
conocida y resuelta en las instancias correspondientes.
Un magistrado salvó el voto.
Sostuvo que el artículo 24 de la
Constitución reserva a los Tribunales de Justicia la potestad de ordenar el
registro o examen de documentos privados, que esa reserva no admite las
excepciones que el artículo 23 sí contempla para el domicilio, y que la ausencia
de autorización jurisdiccional en el caso no constituía una discrepancia de
legalidad ordinaria sino un defecto absoluto que la propia Sala estaba llamada
a constatar. Habría declarado con lugar el recurso.
Fue el único.
La hermana recortó ese voto salvado, lo
dobló en cuatro y lo guardó en su bolso. Todavía lo tiene.
QUINTA PARTE — LOS AÑOS
21
La conversación ocurrió en la oficina de
San Pedro, un martes por la tarde, y no hay registro de ella.
Lo que se sabe es lo que Solís le contó
después a su hermana, y lo que su hermana repitió más tarde en una carta de
siete páginas escrita a mano.
Según esa versión, Arroyo le dijo que la
situación era complicada. Que ya no quedaban recursos ordinarios. Que la orden
de captura estaba girada y que la iban a ejecutar en cualquier momento,
probablemente en la casa, probablemente de madrugada.
Y que la pena prescribía.
Que si aguantaba, si se quitaba del
medio un tiempo, si no daba señales, en algún momento el plazo iba a correr y
el asunto se caía solo. Que él había visto casos así. Que era cuestión de tener
paciencia y no cometer estupideces.
Solís preguntó cuánto tiempo.
Arroyo le dijo que unos años.
22
No volvió a Hacienda El Gregal.
Se fue primero a Puriscal, a la casa de
un conocido, y después a un cuarto alquilado en Guápiles donde nadie le pidió
cédula. Trabajó descargando camiones. Le pagaban en efectivo. No volvió a tener
cuenta bancaria, ni teléfono a su nombre, ni seguro social, ni licencia
vigente.
No fue al entierro de su madre.
Cuatro años y tres meses después, en un
retén de tránsito en la ruta 32, un oficial pasó el número de cédula por el
sistema y saltó la orden de captura.
Lo trasladaron esa misma noche.
Cuando ingresó al centro penal, el
cómputo de la pena empezó a correr desde cero. Los cuatro años y tres meses de
clandestinidad no se le abonaron a nada. Al ser habido, el plazo de
prescripción que Arroyo le había prometido quedó interrumpido y sin efecto el
tiempo transcurrido.
Le quedan por descontar seis años.
23
Hoy
Lleva ocho meses en prisión.
La hermana de Tres Ríos consiguió el
número de ustedes por medio de una compañera de trabajo. Llamó tres veces antes
de que le devolvieran la llamada.
Llega al bufete un jueves a las nueve de
la mañana. Trae una caja de cartón con el escudo del Poder Judicial impreso al
costado, que Arroyo devolvió por medio de una secretaria sin acompañarla de
ninguna nota. Trae también una carpeta plástica con una carta manuscrita de
siete páginas, y un recorte doblado en cuatro que ya está suave de tanto
abrirse.
Pone las tres cosas sobre la mesa.
Dice que su hermano es inocente. Ustedes
no tienen ninguna razón para creerle eso, y el expediente sugiere lo contrario.
Pero ella no está preguntando si es
inocente.
Abre la carpeta plástica y saca un
cuarto papel, que no venía con los otros. Es la escritura de la casa de
Hacienda El Gregal, la que quedó a su nombre cuando murió la madre y en la que
nadie ha vivido desde entonces.
Está vendida. El traspaso se firmó hace
tres semanas.
—Ciento cincuenta y cinco mil dólares
—dice—. Ochenta millones de colones. Está en el banco y no tengo en qué
gastarlo.
No pregunta cuánto cobran. No pide que
le coticen. Pone la cifra completa sobre la mesa y espera.
—Todo eso es de ustedes si me lo sacan.
