En las canchas del Estadio Municipal del Valle,
un domingo de julio de 2018, entre las 7 y 9 de la noche, se desarrollaba un
partido entre los equipos "Atlético Independiente" y "Deportivo
Campeones". Miguel Ángel Soto, jugador del Atlético, sufrió una lesión que
desencadenaría una batalla legal de dos años.
La historia comenzó meses antes, cuando en abril
de 2018, Atlético Independiente solicitó su afiliación al torneo organizado por
el Comité Local de Deportes. Como todos los jugadores, Soto firmó el formulario
de inscripción que incluía una cláusula que resultaría crucial: "Reconozco
que hay riesgos y lesiones en la práctica del fútbol y acepto la
responsabilidad personal por los daños que resulten de dichas lesiones."
Aquella noche de julio, tras sufrir una fractura
en el tobillo, Soto tuvo que ser trasladado al Hospital Central en un carro
particular, pues no había Cruz Roja en el sitio. En el hospital, le informaron
que necesitaba cirugía, pero surgió un detalle peculiar: requerían una póliza
de responsabilidad civil del organizador del evento o un documento que
certificara su inexistencia.
Al día siguiente, Soto visitó las oficinas del
Comité, donde recibió el documento "CLDR-1984-18" confirmando que no
existía tal póliza. Según su relato, el administrador Roberto Valle le recordó
que él mismo había aceptado toda responsabilidad al firmar la inscripción.
Lo que siguió fue una cascada de desgracias,
según Soto: perdió su trabajo con un salario de ₡600,000 mensuales,
fue despedido sin responsabilidad patronal, no pudo pagar su seguro voluntario
de la Caja, sufrió depresión y ansiedad, y hasta tuvo que abandonar sus
estudios universitarios. Su demanda reclamaba ₡4.8 millones por daños materiales y ₡10 millones por daño moral.
Pero aquí viene lo fascinante: en toda su
elaborada demanda contra el Comité y la Municipalidad, Soto nunca explicó cómo
exactamente se lesionó. Era como demandar por un choque sin mencionar cómo
ocurrió el accidente.
El Tribunal Contencioso Administrativo, en su
resolución N° 89-2020-IV, tuvo que explicar algo aparentemente obvio: una
póliza de seguros no previene lesiones, solo ayuda a pagar los daños después de
que ocurren. La ausencia de una póliza no causa fracturas de tobillo. Además,
Soto había firmado voluntariamente reconociendo los riesgos del fútbol,
documento que criticó pero curiosamente nunca pidió anular.
La resolución fue contundente: no existía
ninguna conexión lógica entre la falta de una póliza y la lesión sufrida. El
tribunal recordó algo que cualquier aficionado al fútbol sabe: jugar conlleva
riesgos inherentes, y firmar un papel diciendo que aceptas esos riesgos
significa exactamente eso.
El caso terminó con Soto condenado a pagar las
costas del proceso más intereses, recordándonos que en derecho, como en el
fútbol, a veces la jugada más simple es la correcta. No se puede culpar a la
ausencia de un seguro por una lesión deportiva, del mismo modo que no se puede
culpar a la falta de un paraguas por la lluvia.
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