Introducción al Derecho Humano a ser evaluado por un ser humano.
En la era de la inteligencia
artificial y la creciente autonomía de los sistemas de evaluación
automatizados, surge un nuevo derecho fundamental en el ámbito educativo: el
derecho del estudiante a ser evaluado por un ser humano. Este derecho emerge
como respuesta a los desafíos éticos y jurídicos que plantea el uso cada vez más
extendido de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial para evaluar el
desempeño académico de los alumnos en los diversos niveles educativos. Como
bien señala el Centro de Información Jurídica en Línea[2]
(s.f.), el derecho a la educación es considerado en Costa Rica como un derecho
fundamental " … o libertad de enseñanza consagrado en el numeral 79 de
la Constitución Política comprende, en su contenido esencial, un haz de
facultades que atañen a cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso
educativo integral a que se refiere el ordinal 77 del mismo texto, esto es, los
educadores, los educandos y sus padres de familia" (p. 94). En este
contexto, el derecho a una evaluación justa y digna, realizada por docentes
humanos capacitados, se configura como un componente esencial del derecho a la
educación. Arce Arias (2019)[3]
advierte sobre los riesgos de dejar decisiones trascendentales que afectan los
derechos fundamentales de las personas en manos de entidades robóticas
autónomas, enfatizando que "los derechos humanos deberán mantenerse siempre alertas,
con la finalidad de que sea el ser humano, con el respeto absoluto de dignidad,
el centro inamovible e incuestionable de estas (p. 76)”. Trasladando esta reflexión
al plano educativo, resulta impostergable analizar y reconocer el derecho
humano del estudiante a ser evaluado por un docente humano, como salvaguarda de
su dignidad y garantía de una valoración integral de sus capacidades y
aprendizajes. Estas letras tienen por objetivo examinar fundamentos, alcances y
desafíos de este derecho emergente.
Concepto y Fundamentos del Derecho Humano a ser evaluado por un ser humano.
El derecho humano a ser evaluado por un ser
humano en el ámbito educativo puede definirse como la prerrogativa fundamental
de todo estudiante a que la valoración de su desempeño académico, en los
diversos niveles y asignaturas, sea realizada por un docente humano capacitado,
en lugar de estar supeditada exclusivamente a sistemas automatizados o
algoritmos de inteligencia artificial. Este derecho se fundamenta en el
reconocimiento de la dignidad intrínseca del educando como persona y en el
respeto a sus características individuales, su contexto y su proceso singular
de aprendizaje. Una evaluación conducida por un docente humano permite una
apreciación integral de los conocimientos, habilidades y actitudes del
estudiante, tomando en cuenta factores cualitativos que podrían escapar a un
sistema automatizado, tales como la creatividad, el pensamiento crítico, el
esfuerzo, la superación de dificultades y el aprendizaje significativo.
Asimismo, este derecho se sustenta en principios fundamentales de la educación,
como lo son la equidad, la atención a la diversidad y la adaptación curricular.
Tal como lo señalan Murillo y Román (2008)[4]
" Una evaluación de calidad ha de ser también equitativa y justa. Debe
reconocer y asumir la diversidad social y cultural de los estudiantes, para
desde allí generar instrumentos y estrategias que permitan evaluar el
desarrollo y desempeño de todos y cada uno adecuada y justamente. Una
evaluación capaz de dar cuenta de la diversidad y heterogeneidad … al mismo
tiempo que visibilizar y dimensionar los desafíos que el contexto y sus
características, ponen al logro de resultados educativos de calidad" (p. 4).
Un docente humano está en capacidad de considerar las necesidades particulares
de cada alumno, brindando apoyos y adecuaciones cuando se requiera. Un
algoritmo, en cambio, podría tender a estandarizar y simplificar la evaluación,
sin reparar en las diferencias individuales. Otro fundamento clave es la
dimensión formativa de la evaluación. Más que un mero instrumento de medición,
la evaluación por parte de un docente humano conlleva una retroalimentación
significativa que orienta al estudiante en su proceso de mejora. Esto incluye
no solo detectar fortalezas y áreas de crecimiento, sino brindar estrategias
personalizadas para que el alumno potencie su aprendizaje. Como afirman Murillo
y Román (2008), " Toda evaluación educativa, incluida la
sumativa orientada a la toma de decisiones administrativas … debe ir orientada
a aportar informaciones para transformar la situación evaluada y el contexto en
el que se desarrolla (p. 3)”. Un sistema artificial difícilmente podría cumplir
esta función con la misma calidez y empatía de un educador humano. El derecho a
ser evaluado por un docente humano se fundamenta en el imperativo ético de
preservar la centralidad de la persona en el proceso educativo, valorando su
integralidad y singularidad más allá de criterios estandarizados. Se trata de
reivindicar la evaluación como un acto profundamente humano, relacional y
formativo, que no puede ser plenamente automatizado sin erosionar la esencia
misma de la educación.
Evolución Histórica del Derecho Humano a ser evaluado por un ser humano.
Si bien el derecho a ser evaluado por un
docente humano emerge con fuerza ante la creciente automatización de los
procesos evaluativos, su génesis podría rastrearse en la evolución histórica
del derecho a la educación y en los principios pedagógicos que han moldeado la
evaluación educativa a lo largo del tiempo. Desde la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948, que consagra el derecho a la educación en su
artículo 26, hasta instrumentos más específicos como la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989, el derecho a la educación se ha configurado
progresivamente como un derecho habilitante, orientado al pleno desarrollo de
la personalidad humana y al máximo despliegue de las capacidades de cada
persona (Centro de Información Jurídica en Línea, s.f.). En este marco, la
evaluación educativa ha transitado de modelos puramente cuantitativos y
estandarizados, hacia enfoques más cualitativos, formativos y centrados en el
alumno. Como apuntan Murillo y Román (2008), " La historia
nos ilustra cientos de evaluaciones, bien diseñadas e implementadas, pero que
después tienen nulos efectos o, incluso, perversos, simplemente por no haber
estado adecuadamente comunicadas a la audiencia o audiencias destinatarias"
(p. 4). En Costa Rica, la Ley Fundamental de Educación de 1957 ya establecía
entre los fines de la educación costarricense el "contribuir al
desenvolvimiento pleno de la personalidad humana" (art. 2, inciso b) y
"formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses
del individuo con los de la comunidad" (art. 2, inciso c). Estos
propósitos difícilmente podrían alcanzarse con una evaluación meramente
automatizada, que no tome en cuenta las particularidades de cada estudiante.
Más recientemente, el Código de la Niñez y la Adolescencia de 1998 refuerza el
derecho a recibir una educación orientada al desarrollo de sus potencialidades
y al ejercicio pleno de la ciudadanía (art. 56). Una evaluación conducida por
docentes humanos, que valore las diferentes dimensiones del aprendizaje y
brinde una retroalimentación significativa, resulta clave para hacer efectivo
este derecho. Así, el derecho a ser evaluado por un docente humano se inserta
en una trayectoria histórica que ha buscado humanizar y personalizar los
procesos educativos, reconociendo la singularidad de cada estudiante. No se
trata de un derecho inédito, sino de una nueva expresión de principios
pedagógicos de larga data, que hoy adquieren renovada relevancia ante el avance
de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.
Marco Legal Internacional del Derecho Humano a ser evaluado por un ser
humano.
Si bien no existe aún un instrumento
internacional específico que reconozca explícitamente el derecho a ser evaluado
por un docente humano, diversos tratados y declaraciones sobre el derecho a la
educación sientan las bases para su protección. La Declaración Universal de
Derechos Humanos establece en su artículo 26 que la educación "tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana" y que los padres
"tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos". Una evaluación estandarizada y automatizada podría
entrar en tensión con estos principios, al no considerar las particularidades
de cada estudiante ni respetar la libertad de las familias para optar por una
educación más personalizada en caso de menores de edad. Por su parte, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone en su
artículo 13 que la educación debe "orientarse hacia el pleno desarrollo de
la personalidad humana y del sentido de su dignidad". Una evaluación basada exclusivamente en
algoritmos podría ser percibida como una amenaza a estos derechos, al imponer
criterios uniformes que no captan la diversidad de valores y cosmovisiones. La
Convención sobre los Derechos del Niño es aún más específica al estipular en su
artículo 29 que la educación debe estar encaminada a "desarrollar la
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el
máximo de sus posibilidades". Una evaluación que valore solo parámetros
cuantitativos, sin apreciar los aspectos cualitativos del aprendizaje,
difícilmente podría contribuir a este propósito.
En el ámbito interamericano, el Protocolo de
San Salvador reconoce en su artículo 13 que la educación debe "capacitar a
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y
pluralista" y "favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o
religiosos". Una evaluación que no tome en cuenta los contextos e
identidades diversas de los estudiantes podría obstaculizar estos objetivos. Si
bien estos instrumentos no aluden directamente a la evaluación educativa, los
principios que consagran —como el pleno desarrollo de la personalidad, el
respeto a la dignidad humana, la atención a la diversidad y la participación
democrática— son plenamente aplicables a los procesos evaluativos.
Murillo y Román afirman que "si recibir
educación de calidad es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos,
ser evaluado y recibir información valorativa sobre la educación que se está
recibiendo ha de entenderse también como un derecho". Agregan que "
Una
evaluación de calidad ha de ser también equitativa y justa. Debe reconocer y
asumir la diversidad social y cultural de los estudiantes, para desde allí
generar instrumentos y estrategias que permitan evaluar el desarrollo y
desempeño de todos y cada uno adecuada y justamente". Esto sugiere que una
evaluación estandarizada y automatizada podría no cumplir con el derecho a una
evaluación justa y equitativa.
Entonces teniendo en cuenta que los derechos
humanos son un conjunto de derechos fundamentales basados en la dignidad
humana, esenciales para el desarrollo integral de cada individuo, derechos
reconocidos en el orden jurídico nacional, incluyendo nuestra Constitución
Política, tratados internacionales y leyes. Bajo esta óptica, el derecho a ser
evaluado por un docente humano encontraría sustento en el derecho internacional
de los derechos humanos, como una condición necesaria para garantizar una
educación verdaderamente centrada en la persona y de calidad".
El Derecho Humano a ser evaluado por un ser humano en la Constitución
Nacional.
La Constitución Política de Costa Rica no
reconoce de manera explícita el derecho a ser evaluado por un docente humano.
Sin embargo, una interpretación sistemática y finalista de sus normas[5]
permite inferir este derecho como un corolario necesario del derecho
fundamental a la educación. El artículo 77 de la Constitución establece que
"la educación pública será organizada como un proceso integral
correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la
universitaria". Esta visión integral de la educación supone una valoración
holística del estudiante, que trascienda la mera cuantificación de
conocimientos y abarque las distintas dimensiones de su desarrollo. Tal
valoración difícilmente podría lograrse mediante sistemas automatizados que
apliquen parámetros estandarizados. Además, el artículo 78 dispone que "la
educación preescolar y la general básica son obligatorias" y que estas,
junto con la educación diversificada, "son gratuitas y costeadas por la
Nación". La obligatoriedad y gratuidad de la educación básica reflejan el
deber estatal de garantizar una educación de calidad para todos, sin
exclusiones ni discriminaciones. Una evaluación basada en algoritmos podría
generar sesgos o resultados discriminatorios, especialmente para estudiantes de
contextos vulnerables o con necesidades educativas especiales.
Por otra parte, el artículo 79 garantiza "la libertad de enseñanza",
aclarando que "todo centro docente privado estará bajo la inspección del
Estado". Esta libertad de enseñanza, como ha señalado la Sala
Constitucional, implica “… en su contenido esencial, un haz de facultades que
atañen a cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso educativo
integral a que se refiere el ordinal 77 del mismo texto, esto es: los
educadores, los educandos y sus padres de familia. Los educadores tienen el
derecho de enseñar, que se ostenta cuando el ordenamiento jurídico autoriza a
un sujeto, después de haber cumplido una serie de recaudos de carácter
sustancial y formal fijados por éste, para transmitir o facilitarle a otros sus
conocimientos, experiencia, creencias y opiniones … Desde el perfil de los
educandos y de los padres de familia, cuando los primeros son menores de edad,
tienen el derecho de elegir a sus maestros de acuerdo con sus preferencias y
expectativas. Derecho que se traduce, preponderantemente, en la opción que
poseen de elegir entre la educación estatal y la privada -y dentro de la última
sus múltiples opciones-. Por último, los estudiantes poseen el derecho de
aprender, que radica en la posibilidad de adquirir los conocimientos, la experiencia,
los valores y las convicciones necesarias para el pleno y digno desarrollo de
su personalidad, con el único límite razonable derivado de la propia y personal
capacidad intelectual y psíquica de cada educando. Dicho derecho fundamental a
aprender se complementa con el deber correlativo del Estado de respetar y
garantizar de forma efectiva su ejercicio (Resolución Nº 08035-2009)”. Una
imposición generalizada de sistemas de evaluación automatizados podría
constreñir esta libertad, al uniformar los criterios evaluativos sin atender a
la diversidad de enfoques pedagógicos. Finalmente, los artículos 83 y 89
resaltan la importancia de atender a "aquéllos que deseen mejorar su
condición intelectual, social y económica", así como la necesidad de
"ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia
del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos
fundamentales". Una evaluación puramente cuantitativa y estandarizada
podría descuidar estos aspectos formativos, que requieren una valoración más
contextual y cualitativa por parte de un docente humano.
Aunque la Constitución no enuncia expressis
verbis el derecho a ser evaluado por un docente humano, este puede inferirse de
una lectura integral de sus normas a la luz del principio de dignidad humana[6].
Como advertía en 2002 Tomasevski K " El derecho a la educación no tiene una
historia extensa ni cuenta, actualmente, con un reconocimiento universal como
derecho humano. Su implementación progresiva en el proceso de superar las
exclusiones puede resumirse en … etapas clave …", pero su realización
progresiva supone entre otras cosas "abordar la segregación educativa y
avanzar hacia la integración" y "una adaptación de la enseñanza a la
diversidad de aspectos del derecho a la educación (Tomasevski K.
(Julio-Diciembre, 2002). Contenido y vigencia del derecho a la educación.
Revista IIDH, N° 36, pp. 15-16. (Localizada en la Biblioteca de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica, signatura 341-R)”. Reconocer este
derecho es esencial para hacer efectivos los fines constitucionales de la
educación, como el pleno desarrollo de la personalidad, la igualdad de
oportunidades, la libertad de enseñanza y la formación integral del
estudiantado. Solo una evaluación a cargo de docentes humanos, debidamente
capacitados y comprometidos con estos fines, puede garantizar una educación
genuinamente humanista y centrada en la persona, tal como lo proclama nuestra
Carta Magna.
Principios y Valores del Derecho Humano a ser evaluado por un ser humano.
El derecho a ser evaluado por un docente
humano se sustenta en una serie de principios y valores fundamentales, que le
dan contenido ético y lo enlazan con otras dimensiones del derecho a la
educación. Entre estos principios cabe destacar:
a) Dignidad humana: Reconocer
al estudiante como un sujeto único e irrepetible, cuya valía intrínseca no
puede reducirse a una métrica estandarizada. Como afirma Arce Arias (2019),
" Debemos entender que ya los derechos humanos no pueden ser entendidos en
su concepción más básica. es decir, como derechos con lo que cuenta una persona
con el solo hecho de existir, sino que, tal y como lo refiere Víctor Rodríguez,
“Los derechos humanos deben entenderse de una manera mucho más amplia e integral,
porque son un fenómeno en constante construcción y evolución. (p. 74)”. Una
evaluación conducida por un docente humano permite apreciar al alumno en su
integralidad, más allá de su desempeño académico.
b) Equidad: Brindar a
cada estudiante lo que necesita para desarrollar al máximo su potencial,
considerando su contexto, sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Como
señalan Murillo y Román (2008), " Una evaluación capaz de dar cuenta de la
diversidad y heterogeneidad de los niños, niñas y jóvenes, al mismo tiempo que
visibilizar y dimensionar los desafíos que el contexto y sus características,
ponen al logro de resultados educativos de calidad" (p. 4). Un docente
humano puede adaptar la evaluación a las particularidades de cada alumno,
evitando sesgos algorítmicos que podrían perjudicar a ciertos grupos.
c) Diversidad: Valorar
las diferentes capacidades, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples y
bagajes socioculturales presentes en el alumnado. Un sistema automático tiende
a la estandarización, mientras que un docente humano puede apreciar y potenciar
la diversidad.
d) Inclusión: Asegurar
que todos los estudiantes, independientemente de su condición, tengan acceso a
una evaluación justa y accesible. Los docentes humanos pueden implementar ajustes
y apoyos para que la evaluación sea realmente inclusiva.
e) Participación:
Involucrar al estudiante como sujeto activo de su propio aprendizaje,
fomentando la autoevaluación, la coevaluación y la retroalimentación dialogada.
Como plantean Murillo y Román (2008), " De hecho la evaluación tiene
como principal propósito, aportar datos para esa reflexión. De ahí se puede
derivar la necesidad de que la evaluación, para que sea de calidad, también ha
de ser participativa y no jerárquica" (p. 3). La evaluación a cargo de un
docente humano propicia esta participación, frente a la unilateralidad de un
sistema automatizado.
f) Integralidad: Abarcar
las distintas dimensiones del desarrollo del estudiante (cognitiva,
socioemocional, ética, ciudadana), evitando reducir el aprendizaje a lo
meramente académico. Un docente humano puede valorar estos aspectos
cualitativos, que suelen escapar a los algoritmos.
g) Contextualización: Situar la
evaluación en el entorno específico del estudiante, su realidad familiar,
comunitaria y sociocultural. Un sistema estandarizado suele ser
"ciego" a los contextos, mientras que un docente humano puede
tomarlos en cuenta para una evaluación más pertinente.
h) Formación continua: Concebir
la evaluación como un proceso permanente de mejora, no como un mero instrumento
de certificación o selección. Como indican Murillo y Román (2008), "
Con dolor
hemos comprobado que la simple evaluación de la calidad educativa no asegura
calidad. Nos hemos pasado mucho tiempo usando la evaluación casi exclusivamente
para constatar y ratificar los malos resultados y pobres avances en materia de
calidad y equidad educativa de nuestros sistemas" (p. 4). Un docente
humano puede brindar una retroalimentación cualitativa y prospectiva, que
realmente contribuya al aprendizaje continuo del estudiante.
Estos principios y valores no son meros
ideales abstractos, sino que tienen implicaciones prácticas en el diseño e
implementación de los sistemas de evaluación educativa. Reconocer el derecho a
ser evaluado por un docente humano supone alinear estos sistemas con una visión
humanista e integral de la educación, que ponga en el centro la dignidad y el
desarrollo pleno de cada estudiante.
Garantías y Protecciones del Derecho Humano a ser evaluado por un ser
humano.
Para que el derecho a ser evaluado por un
docente humano no quede en una mera declaración, es necesario establecer una
serie de garantías y protecciones que aseguren su efectiva realización. Entre
estas medidas cabría mencionar:
a) Consagración normativa: Reconocer explícitamente este derecho en la legislación educativa, ya
sea en leyes generales o específicas sobre evaluación, así como en los
reglamentos y lineamientos evaluativos de cada nivel o modalidad.
b) Formación docente: Asegurar
que los docentes cuenten con las competencias y herramientas necesarias para
conducir procesos de evaluación justos, equitativos y formativos. Esto supone
fortalecer la formación inicial y continua del profesorado en materia de
evaluación. Como señala el artículo 83 de nuestra Constitución, "el Estado
patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el
analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquéllos que deseen
mejorar su condición intelectual, social y económica".
c) Participación estudiantil: Establecer mecanismos para que los estudiantes puedan participar en el
diseño e implementación de los sistemas de evaluación, así como en la
definición de criterios y estándares. Esta participación es clave para
garantizar la pertinencia y aceptabilidad de la evaluación.
d) Adaptaciones y apoyos: Prever la posibilidad de realizar ajustes razonables en la evaluación
para atender las necesidades específicas de ciertos estudiantes, como aquellos
con discapacidad, trastornos de aprendizaje, talento extraordinario o
diversidad cultural. Como establece el artículo 59 del Código de la Niñez y la
Adolescencia, "el Ministerio de Educación Pública deberá garantizar la
permanencia de las personas … en el sistema educativo y brindarles el apoyo
necesario para conseguirlo".
e) Retroalimentación significativa: Asegurar que la evaluación vaya acompañada
de una retroalimentación cualitativa, detallada y oportuna por parte del
docente, que realmente oriente al estudiante en su proceso de mejora. Esta
retroalimentación debe ser un derecho exigible por el alumno. Como indican
Murillo y Román (2008), " Sólo en la medida en que las evaluaciones
sirvan para destacar los pasos bien dados y sean instrumentos para la
comunicación de las altas expectativas y el refuerzo del autoconcepto personal
y grupal, podrán a la postre, entregar elementos pertinentes y relevantes para
la reflexión y la toma de decisión" (p. 4).
f) Protección de datos:
Establecer salvaguardas para el tratamiento ético de los datos personales y
académicos de los estudiantes que se generen en el proceso evaluativo, evitando
usos discriminatorios o no autorizados de esta información.
g) Recursos y reclamaciones: Habilitar vías accesibles y efectivas para que los estudiantes puedan
impugnar o recurrir las decisiones evaluativas que consideren injustas o
arbitrarias, garantizando así su derecho a la defensa y al debido proceso.
h) Supervisión y auditoría: Crear mecanismos de monitoreo y control para asegurar que la
evaluación a cargo de docentes humanos cumpla con los estándares de calidad,
equidad y pertinencia establecidos, previniendo posibles abusos o
arbitrariedades. Como señala el artículo 80 de la Constitución, "la
iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado, en la
forma que indique la ley", pero al mismo tiempo "todo centro docente
privado estará bajo la inspección del Estado". Estas garantías y
protecciones no buscan excluir todo uso de la tecnología en la evaluación
educativa, sino asegurar que esta se utilice de manera complementaria y
subordinada al criterio de los docentes humanos. El reto es encontrar un
equilibrio que potencie las ventajas de la digitalización sin sacrificar la
esencia humana y formativa de la evaluación.
El Papel de las Instituciones en la Defensa del Derecho Humano a ser
evaluado por un ser humano.
La realización efectiva del derecho a ser
evaluado por un docente humano no es tarea exclusiva de las aulas, sino que
requiere el compromiso y la articulación de diversas instituciones educativas y
estatales. Entre los actores clave en esta labor se encuentran:
a) Ministerio de Educación Pública: Como ente rector de la política educativa
nacional, el MEP tiene la responsabilidad de incorporar este derecho en los
lineamientos y directrices evaluativas que emite para los distintos niveles y
modalidades. Asimismo, debe velar por que los sistemas de evaluación promovidos
desde el nivel central respeten la centralidad del juicio docente. Como
establece el artículo 81 de la Constitución, "la dirección general de la
enseñanza oficial corresponde a un consejo superior integrado como señale la
ley, presidido por el Ministro del ramo".
b) Consejo Superior de Educación: En su calidad de órgano constitucional
encargado de la dirección general de la enseñanza oficial, el Consejo debe
asegurar que los planes y programas de estudio aprobados contemplen una
evaluación a cargo de docentes humanos, evitando la estandarización excesiva.
Como explica el Centro de Información Jurídica en Línea (s.f.), " La doctrina
jurídica nacional más reciente ha logrado precisar óptimamente la naturaleza
jurídica del Consejo Superior de Educación. Específicamente lo conceptúa como
un órgano de “relevancia constitucional”. Los órganos de relevancia
constitucional “serían aquellos creados en la Constitución; no tienen la
garantía de independencia sino solo la de una competencia exclusiva … forman
parte precisamente de algún órgano constitucional, a cuyo jerarca se someten en
alguna medida (…) El Consejo Superior de Educación es, así, un órgano de
relevancia constitucional por tres razones básicas: a) es creado directamente por
la Constitución; b) carece de la independencia propia de los órganos
constitucionales (verbigracia los tres poderes clásicos); y c) ostenta una
competencia exclusiva, que ni el propio legislador puede interferir" (p. 6).
c) Universidades formadoras de docentes: Las facultades de educación juegan un rol
crucial en la promoción de este derecho, al formar a los futuros docentes en
modelos de evaluación centrados en el estudiante y basados en un enfoque de
derechos humanos. La investigación educativa universitaria también puede
aportar evidencia sobre las implicaciones de la digitalización evaluativa. Como
dispone el artículo 84 de la Carta Magna, "la Universidad de Costa Rica es
una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño
de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios".
d) Colegios profesionales docentes: Organizaciones como el Colegio de
Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes pueden
contribuir a la defensa de este derecho, velando por la autonomía y el criterio
profesional de sus agremiados frente a la creciente automatización de la
evaluación.
e) Defensoría de los Habitantes: Como entidad encargada de proteger los derechos e intereses de los
habitantes frente a las acciones u omisiones del sector público, la Defensoría
puede recibir y tramitar denuncias estudiantiles por vulneraciones al derecho a
ser evaluado por un docente humano, así como emitir recomendaciones para su
adecuada garantía.
f) Sala Constitucional: Como
intérprete supremo de la Constitución, la Sala Constitucional tiene la potestad
de tutelar este derecho por vía del recurso de amparo, estableciendo estándares
y límites a la digitalización de la evaluación educativa desde un enfoque de
derechos fundamentales. Como ha señalado la Sala Constitucional "… la
libertad de aprender es un derecho fundamental, para cuya efectividad deben
procurarse los medios y garantías para que aquélla sea excelente y accesible,
de derecho y de hecho, a toda la población" (Sentencia 3550-92). Más allá
de las instancias formales, la defensa de este derecho compete también a las
organizaciones estudiantiles, a las asociaciones de padres de familia y a la
sociedad civil en general. Se trata de un esfuerzo colectivo por reivindicar la
dimensión humana de la educación frente a la tentación tecnocrática de
reducirla a métricas y algoritmos.
Desafíos y Controversias en torno al Derecho Humano a ser evaluado por
un ser humano.
El reconocimiento del derecho a ser evaluado
por un docente humano no está exento de desafíos y controversias que es necesario
encarar con rigor y apertura. Entre los principales retos y debates en torno a
este derecho cabe mencionar ¿Debe este derecho aplicarse a todos los niveles y
asignaturas por igual, o admite ciertas excepciones en función de la naturaleza
de los aprendizajes evaluados? ¿Qué papel pueden jugar las tecnologías
digitales como complemento —que no sustituto— del criterio docente?¿Cuentan los
sistemas educativos con suficientes docentes calificados para garantizar una
evaluación personalizada y de calidad para todos los estudiantes? ¿Qué
inversiones y transformaciones se requieren para fortalecer las capacidades
evaluativas del profesorado?¿Cómo prevenir y corregir posibles sesgos
subjetivos o prejuicios de los docentes al evaluar, que podrían resultar
incluso más graves que los sesgos algorítmicos? ¿Qué mecanismos de supervisión
y control se pueden implementar para una evaluación docente más justa y
objetiva?¿Hasta qué punto la personalización evaluativa podría dificultar la
estandarización necesaria para ciertos procesos de certificación o selección
educativa? ¿Cómo equilibrar la atención a la diversidad estudiantil con la
exigencia social de parámetros comunes y comparables? ¿Qué implicaciones
presupuestarias tiene para los Estados garantizar una evaluación personalizada
a cargo de docentes humanos? ¿Cómo priorizar los recursos disponibles para que
este derecho no quede en una promesa incumplida?¿Cómo armonizar este derecho
con la autonomía que muchos ordenamientos reconocen a los centros educativos,
especialmente privados, para definir sus propios modelos e instrumentos de
evaluación? ¿Qué niveles de estandarización evaluativa puede legítimamente
exigir el Estado?¿Hasta qué punto los desarrollos futuros de la inteligencia
artificial, con sistemas cada vez más "humanizados", podrían
redefinir los términos de este debate? ¿Qué criterios éticos y jurídicos debe
seguir esta evolución tecnológica para no deshumanizar la evaluación educativa?
Como advierte Arce Arias (2019), "sea
cual sea el futuro de estas discusiones, los derechos humanos deberán
mantenerse siempre alertas, con la finalidad de que sea el ser humano, con el
respeto absoluto de dignidad, el centro inamovible e incuestionable de
estas" (p. 76). Estos desafíos no tienen respuestas unívocas ni definitivas,
sino que requieren una deliberación permanente entre los diversos actores
educativos. Lo crucial es mantener siempre como brújula ética el imperativo de
resguardar la dignidad de los estudiantes y su derecho a una educación
plenamente humana, evitando que la fascinación por las innovaciones digitales
termine desplazando el insustituible rol de los docentes en los procesos
evaluativos. El derecho a ser evaluado por un docente humano emerge como una
nueva expresión del derecho fundamental a la educación en la era digital. Lejos
de ser una resistencia a los avances tecnológicos, este derecho reivindica la
esencia humanista de la educación y el valor insustituible del criterio
profesional docente para apreciar y potenciar el desarrollo integral de cada
estudiante. Como señala el Centro de Información Jurídica en Línea (s.f.), el
derecho a la educación en Costa Rica se entiende como la obligación estatal de
ofrecer un sistema educativo integral, que abarque desde la educación
preescolar hasta la universitaria. Una evaluación educativa centrada en la
dignidad del estudiante y conducida por docentes humanos es una condición
ineludible para hacer realidad este derecho en su plenitud. Para que este
derecho pase del papel a las aulas, se requiere un esfuerzo concertado que
involucre a las autoridades educativas, a las universidades formadoras, a los
centros educativos, a los colegios profesionales, a las defensorías de derechos
humanos, a las familias y a la comunidad educativa en general. Como apuntan
Murillo y Román (2008), "mejorar la calidad de la Evaluación Educativa que
se realiza en Iberoamérica" es un imperativo ético para "lograr
incrementar significativamente los niveles de calidad y equidad educativa"
(p. 4). Solo así se podrá asegurar que la evaluación educativa, lejos de
automatizarse o deshumanizarse, se consolide como una herramienta al servicio
del desarrollo humano y la construcción de una sociedad más justa, solidaria e
inclusiva. En última instancia, reconocer y garantizar el derecho a ser
evaluado por un docente humano es apostar por una educación que ponga en el
centro la dignidad de cada estudiante. Es afirmar que, más allá de los
algoritmos y las métricas, la esencia del acto educativo radica en el encuentro
transformador entre personas que se reconocen en su humanidad compartida. Como
bien lo expresa Arce Arias (2019), "si los derechos humanos ante la
persona artificial y ante la posibilidad de la misma de causar daños y muertes,
requiere de una nueva definición, o de una ampliación o redireccionamiento, es
algo que está en una incipiente pero plena discusión" (p. 75). El debate
sobre el derecho a ser evaluado por un docente humano nos interpela así a
repensar el sentido último de la educación en una era de acelerada
digitalización. Nos invita a imaginar nuevos horizontes educativos que, sin
renunciar a las ventajas de la tecnología, reivindiquen la centralidad
pedagógica de las relaciones humanas. En definitiva, nos convoca a construir
una educación que sea plenamente humana y humanizadora, capaz de potenciar en
cada estudiante lo mejor de su ser y de forjar sociedades más justas, empáticas
y fraternas. Un desafío inaplazable, en el que nos jugamos nada menos que el
futuro de nuestra humanidad. Como
advierten Murillo y Román (2008) "mejorar las evaluaciones que se realizan
no sólo en un deber técnico, es una obligación moral".
Arce Arias, A. (2019). Derechos Humanos
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Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, signatura
341-R.
Referencias de Sentencias
Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica. (1992). Sentencia Nº 3550-92. San José, Costa Rica.
Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica. (2009). Resolución Nº 08035-2009. San José, Costa
Rica.
Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica. (2009). Resolución Nº 04555-2009. San José, Costa
Rica.
[1]
Lic. Edward Cortés García. Costa Rica.
Estudiante de Curso de Especialista en Derecho y Política Jurisdiccional
Universidad Castilla la Mancha. Junio
2024.
[2] Centro de Información Jurídica en
Línea. (n.d.). Alcances y limitaciones del derecho a la educación en Costa
Rica. Universidad de Costa Rica. Recuperado el 15 de mayo de 2024, de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTk5
[3]
Arce Arias, G. (2019). Derechos humanos en la era del derecho penal de las
personas artificiales. En L. A. Canales Cortés (Comp.), Constitución y
derechos humanos en tiempos de crisis (pp. 63-75). Edinexo.
[4]
Murillo, F. J., & Román, M. (2008). La evaluación educativa como derecho
humano. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 1(1). https://www.researchgate.net/publication/28216803_La_Evaluacion_Educativa_como_Derecho_Humano
(visto el 17 de mayo de 2024).
[5] El ordenamiento jurídico exige que
el operador realice una interpretación sistemática y teleológica de la norma,
lo que implica que el sentido de la norma no puede ser comprendido sin
considerar los fines a los que se dirige, conforme a lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública:"1. La norma
administrativa deberá ser interpretada de la manera que mejor garantice la
consecución del fin público al que se dirige, respetando los derechos e
intereses del particular.
Deberá interpretarse e integrarse
teniendo en cuenta las demás normas conexas y la naturaleza y valor de la
conducta y hechos a los que se refiere".
No obstante, esta finalidad,
también prevista en el artículo 10 del Código Civil, no puede alcanzarse
mediante una transgresión del ordenamiento jurídico. La interpretación no puede
promover la consecución de los fines públicos si desconoce la naturaleza de las
normas interpretadas, especialmente si para lograr lo que se considera el fin
público -que entendemos como la resolución técnica y definitiva, en vía
administrativa, de un conflicto sobre el ejercicio profesional- se debe
desatender el texto expreso de la norma emitida por el legislador, como se
propone. Y es que el intérprete no siempre puede recurrir al método
histórico-evolutivo: "La interpretación puede definirse como la ciencia
positiva de la aplicación de la ley conforme a su fin inicial y en vista de su
adaptación a las necesidades del presente, y bajo la garantía de una
orientación general de las relaciones colectivas del futuro, pero con la doble
condición de considerarla en sus relaciones con la unidad del sistema jurídico
y en sus relaciones con el conjunto de la vida social del país..." (R.
Saleilles, citado por E. Haba: Esquemas metodológicos en la interpretación del
derecho escrito, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1972, p. 97).
[6]
“IV.- RECONOCIMIENTO DE LA
DIGNIDAD HUMANA. Nuestra Constitución
Política en su artículo 33 reconoce y proclama el valor constitucional de la
dignidad humana, que constituye la piedra angular de todos los derechos fundamentales
y humanos. El ser humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal,
es depositario de una serie de derechos que le son reconocidos en protección de
su dignidad. En definitiva, uno de los valores y principios fundamentales del
Derecho de la Constitución lo constituye, precisamente, la dignidad, sobre el
cual se erige el edificio entero de la parte dogmática de la Constitución, esto
es, de los derechos fundamentales de las personas. Es a partir del
reconocimiento de la dignidad intrínseca al ser humano que los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos y las Constituciones le otorgan una serie de libertades y
derechos indiscutibles y universalmente aceptados. En este sentido, la Asamblea
General de las Naciones Unidas al adoptar la Declaración Universal de Derechos
Humanos en su resolución Nº 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, consideró
en el Preámbulo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de las comunidades. En esa inteligencia, se
acordó en el artículo 1° que “Todos los seres humanos nacen libre e iguales en
dignidad y derechos (…)”. Asimismo, el artículo 2° reconoce que toda persona
tiene los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración sin distinción
alguna. Idénticas consideraciones realizó la Asamblea General de las Naciones
Unidas al dictar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados en
la resolución No. 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966 e incorporados a
nuestro ordenamiento jurídico por Ley No. 4229 del 11 de diciembre de 1968, en
los que se decretó que el reconocimiento de los derechos allí dispuestos
derivan de la dignidad inherente a la persona humana. Por su parte, los Estados
Americanos adoptaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos que es Ley
de la República Nº 4534 de 23 de febrero de 1970 y, en el preámbulo,
reconocieron que los derechos esenciales del hombre no surgen del hecho de ser
nacional de un determinado Estado, sino que tienen como fundamento los
atributos de la persona humana. En esa tesitura en el artículo 1° se dispone
que los Estados Partes en la Convención se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona sin discriminación. Asimismo, dicha Convención en su artículo 11,
párrafo 1°, bajo el epígrafe de "Protección de la Honra y de la
Dignidad" dispone que "1. Toda persona tiene derecho al (…)
reconocimiento de su dignidad". Tales mandatos del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y de la propia Norma Fundamental imponen el respeto y
reconocimiento de la dignidad intrínseca de toda persona, sin discriminación
alguna (Sala Constitucional Resolución Nº 04555-2009)”.
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